Gobierno federal revisará el controvertido programa Comunidades Seguras

Univision.com y Agencias | Jun 10, 2011 | 3:17 PM

Inspector general del Departamento de Seguridad Nacional adelantó pesquisas

WASHINGTON – El inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que comenzará a revisar en agosto el controvertido programa Comunidades Seguras, un plan diseñado para ubicar a inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales para ser deportados, pero que ha causado la expulsión de cientos de extranjeros sin faltas graves e incluso sin delitos.
Charles Edwards, inspector general en funciones, dijo en una carta fechada el jueves y dirigida a la congresista demócrata Zoe Lofgren, que la revisión determinará la amplitud con la que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utiliza Comunidades Seguras para localizar y deportar a los inmigrantes considerados delincuentes peligrosos.
El plan cuenta con una poderosa base de datos interconectada con agencias federales, estatales y municipales donde se comprueban las huellas dactilares de todas las personas fichadas en las cárceles locales.
En abril pasado, la congresista Lofgren pidió al inspector general que investigue si los empleados de Seguridad Nacional mintieron al público, autoridades locales y al Congreso en torno a Comunidades Seguras, tras revisar miles de correos electrónicos hechos públicos.
La exigencia
Lofgren pidió al inspector general del DHS y a la Oficina de Responsabilidad Profesional que revisaran las declaraciones hechas por empleados del DHS y de ICE, a quienes sindicó de haber emitido declaraciones falsas.
"Creo que algunas de estas declaraciones falsas y engañosas pueden haber sido intencionales, mientras otras se hicieron de manera imprudente, a sabiendas de que eran ambiguas y posiblemente crearían confusión", dijo Lofgren.
John Morton, director del servicio de Inmigración y Control de Aduanas, se disculpó y dijo que su agencia es responsable de la "confusión y declaraciones inconsistentes" en una carta enviada a Lofgren.
Morton añadió que su agencia ha realizado algunos cambios como consecuencia, incluyendo el despido de un contratista que fue el "autor de varios correos electrónicos inapropiados", y añadió que la ley federal requiere el intercambio de información entre las agencias federales específicamente para el control de la inmigración y los gobiernos estatales y locales no pueden prohibir ese intercambio.
Miles de correos electrónicos
Lofgren argumentó sus acusaciones en miles de correos electrónicos y otros documentos que la agencia divulgó este año en respuesta a una demanda presentada por abogados de inmigración.
‘Comunidades Seguras’ invitaba a las ciudades a incorporar la información, que incluía huellas dactilares de sospechosos locales, a la base federal de datos sobre inmigración, pero The Associated Press reportó en febrero que no se permitía a las ciudades negarse a participar, pese a que funcionarios federales afirmaban lo contrario.
Algunas comunidades y estados se han resistido o negado a participar, pues dicen que compartir las huellas dactilares hace más difícil cumplir con su trabajo. Los inmigrantes, temerosos de ser entregados a Inmigración y Control de Aduanas, son reacios a denunciar crímenes o ayudar a solucionarlos, han dicho algunos agentes.
La semana pasada Nueva York abandonó el programa, decisión similar a la adoptada previamente por Nueva Jersey y Massachusetts.
Avalancha de protestas
Miles de documentos difundidos en febrero por el DHS mostraron cómo el gobierno se afanó para acallar las críticas y la publicidad negativa hacia ‘Comunidades Seguras’, el cual fue de aplicación voluntaria hasta que las ciudades se negaron a participar.
Los documentos revelaron que el gobierno reelaboró las normas del programa, consideró la posibilidad de no otorgar fondos federales ni información a los que se resistían a aplicarlo y finalmente buscó precedentes judiciales para obligar a la cooperación con el programa.
Hubo muchas críticas al 287(g), un mecanismo previo. Debido a que se aplica a todos (los arrestados) y a las reglas que lo rigen. (Comunidades Seguras) satisface muchas, si no todas las quejas expresadas" en relación al 287(g), otro programa que permite a algunas policías locales hacer cumplir la ley federal de inmigración.
Los detractores señalan que algunas fuerzas de seguridad locales participantes en el 287(g), en especial en el sureste de Estados Unidos, entregaban a indocumentados a las autoridades federales por faltas menores mientras que otras se concentran en los criminales violentos.
En octubre del año pasado representantes de localidades como Arlington (Virginia), Santa Clara y San Francisco (California) y la propia capital estadounidense, prometieron dar la batalla para salirse del controvertido programa “Comunidades Seguras’, aunque no tuvieran permiso del Gobierno para hacerlo.
La jefa de la seguridad de Estados Unidos, Janet Napolitano, ha dicho que el programa -una cooperación entre los agentes de inmigración y las autoridades policiales locales-, será ampliado a todo Estados Unidos para el año 2013.
De qué se trata
Bajo Comunidades Seguras las autoridades recaban y comparten las huellas digitales y demás datos biométricos de todos los detenidos -aunque éstos no afronten cargos- con las autoridades federales, que posteriormente cotejan sus nombres contra una base de datos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
El programa ha suscitado ansiedad entre la comunidad inmigrante que, ante el clima xenofóbico en el país, se muestra renuente a cooperar con la policía para delatar crímenes.
También ha desatado la ira de las autoridades policiales en varias ciudades y condados, al quejarse de que ya tienen suficiente trabajo como para estar realizando tareas de inmigración.
Los grupos defensores de los inmigrantes se han sumado al debate nacional y señalan que, paradójicamente, "Comunidades Seguras" ha dado pie a la discriminación racial y ha desviado los ya exiguos recursos de los condados, sin un sólo centavo del Gobierno federal para la caza de inmigrantes que no son un verdadero peligro para la seguridad pública.
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