Gobernador de Alabama promulgó ley migratoria contra indocumentados

Univision.com* | Jun 09, 2011 | 1:57 PM

Estadía sin papeles fue criminalizada, al igual que en Arizona y Georgia

A pesar del pedido de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes de que no lo hiciera, el gobernador de Alabama, Robert Bentley, promulgó el jueves la ley HB56 que, al igual como lo hizo Arizona en 2010, criminalizó la estadía indocumentada.
La polémica ley, aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso estatal y que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, otorga poderes extraordinarios a las policías locales (estatal y municipal) para que sus agentes arresten a individuos si tienen la sospecha que se trata de indocumentados.
También exige a las escuelas públicas que determinen la situación migratoria de los alumnos, un tema que desató miedo y un éxodo de inmigrantes sin papeles.
“Madres y padres de familia han llegado a las escuelas para pedir la documentación de sus hijos. Han dicho que tienen miedo”, dijo a Univision.com Rosalba Bermudez, coordinadora del programa de inglés del Distrito Escolar de Birmingham. “En varias escuelas los padres han dicho que debido al temor por esta ley estaban yendo a buscar los papeles, porque se regresan a sus países o se irán a otros estados”.
En Alabama viven entre 50 mil y 70 mil inmigrantes indocumentados, la mayoría de ellos provenientes de América Latina, principalmente de México.
Detalles de la ley
Además de criminalizar la estadía sin papeles, la HB57 obliga a los comerciantes a verificar el estado migratorio de sus trabajadores, convierte en delito estatal no llevar consigo documentos de identificación, las empresas con más de 25 empleados están obligadas a inscribirse en el programa federal E-Verify, convierte en delito estatal el transportar o dar albergue a un indocumentado y exige que las escuelas públicas determinen el estado migratorio de sus estudiantes matriculados.
“Una parte de la ley estaría obligando a las escuelas a determinar el estado migratorio. Pero la educación está regulada por la ley federal y la ley federal dice que los establecimientos educativos no responden a las autoridades locales sobre temas migratorios”, dijo Bermúdez.
“Las leyes federales mandan. Las leyes que rigen son federales. Los estudiantes están protegidos por la ley federal y no por la ley estatal”, agregó.
La HB56 prohíbe a los estudiantes indocumentados asistir a la universidad tras graduarse de la enseñanza secundaria, prohíbe a los propietarios de viviendas o negocios alquilar propiedades a inmigrantes indocumentados y prohíbe la creación de “ciudades santuarios”.
“Mi mayor miedo es que la gente se deje llevar por el temor. Y eso es lo que esperan y lo han dicho los políticos, que ellos quieren crear temor para que la gente se vaya de Alabama”, relató Bermúdez. “Hasta el último momento estábamos esperando que lo promulgara la ley”.
Cesar Marfil Rubio, un periodista y activista comunitario en Birmingham, dijo que la ley fue promulgada “ahora que hay más trabajo en Alabama”, empleos creados para reconstruir el estado tras el paso de mortales tornados en mayo que dejaron cientos de muertos cuantiosos daños materiales.
“Los eventos de entrenamiento ya no son masivos como antes. La gente tiene miedo. Muchos inmigrantes tienen sus casas en Alabama, sus hijos que aquí nacieron y están muy nerviosos. La mayoría son mexicanos, casi el 65%. Luego siguen los guatemaltecos y los hondureños. La mayoría de los trabajos están en las polleras (criaderos de pollos), la construcción y los servicios”, señaló.
Alistan demanda
Al igual que en Arizona y en Georgia (estado que a finales de mayo aprobó una ley migratoria similar a la de Arizona y Alabama), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) prepara una demanda para intentar, por la vía judicial, la entrada en vigor de la polémica legislación.
“Antes del 1 de septiembre nosotros tendremos lista una demanda para ponerle un alto O para que las cortes revisen la constitucionalidad de la ley”, dijo el abogado Sigfredo Rubio, de la ACLU. “Estamos en proceso de buscar personas que tengan derecho a demandar basado en lo que la ley dice”.
“Por ejemplo iglesias que tengan miembros o feligreses indocumentados y que la iglesia tenga que transportarlos, o abogados que tengan clientes indocumentados y que deban transportarlos a la Corte. Estamos revisando cada sección de la ley para encontrar personas que tengan derecho a demandarla”, explicó.
En abril, tras la aprobación de la HB56 en la Cámara de Representantes y antes de los acuerdos alcanzados posteriormente con el Senado, el Rubio dijo que la ley era “inconstitucional” y anticipó que la entidad, junto con otras organizaciones estatales y nacionales, demandará judicialmente la iniciativa en el caso que sea promulgada.
“No será aprobada por las Cortes. La ley propuesta es lo mismo que trataron de pasar en Arizona, que alienta a las policías locales a detener personas determinados por el perfil racial, por las características físicas de los individuos. La Corte ya sentó un precedente”.
Según datos de la oficina del Censo, en Alabama viven poco más de 187 mil latinos. “Pero obviamente esa cifra está por debajo del 30% del número real”, indicó Rubio.
Además de la ACLU, la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles y el organismo Southern Poverty Law Center advirtieron que también presentarán demandas en contra de la polémica HB56.
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