Denuncian incremento de crímenes en Venezuela

Univision.com y Agencias | May 27, 2011 | 8:44 PM

'Grupos parapoliciales'

CARACAS - Una importante organización de derechos humanos denunció que se ha extendido en Venezuela la presencia de presuntos “grupos parapoliciales”, que estarían implicados en casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de Víctimas del 27 de febrero de 1989 (Cofavic), afirmó  que en el país existe “una progresiva desaparición de las funciones institucionales” de las policías y un déficit institucional, situación que asegura favorece la persistencia de casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, así como ataques y amenazas contra víctimas y sus familiares.
Incremento desde el 2000
Ortega denunció que a partir del 2000 comenzó a hacerse visible en algunos estados como Portuguesa, Anzoátegui, Yaracuy y Falcón el “grave fenómeno de los grupos parapoliciales”, y que en la actualidad esos grupos ilegales se ha extendido a todo el país y “tiene un componente prácticamente nacional”.
La activista presentó una investigación que realizó Cofavic de 81 casos de personas que sufrieron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles entre los años 2000 y 2009, en los que están implicados presuntos policías.
Impunidad
El estudio encontró que la mayoría de los 81 casos fueron cometidos con “total impunidad” por supuestos “grupos parapoliciales” que estarían integrados por funcionarios adscritos a las policías regionales de carácter civil.
Ortega dijo que en el país existe una “brecha muy importante en relación a la justicia” que ha estimulado el aumento de la criminalidad y de los abusos y excesos policiales.
“Ni siquiera el 4 por ciento de los casos llegan a juicio en Venezuela y eso obviamente genera una situación de descompensación institucional muy importante”, agregó.
La organización local Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) atribuyó 237 muertes a las fuerzas de seguridad en un informe correspondiente al período octubre del 2009-septiembre del 2010, de los cuales consideró que en 199 casos, se llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales; nueve muertes fueron por exceso del uso de la fuerza y 10 se debieron a la tortura o al trato cruel.
Controlar la criminalidad
Por su partte, el gobierno venezolano busca disminuir la inseguridad y la violencia, atacando la criminalidad entre los cuerpos de seguridad, promoviendo más controles y favoreciendo la profesionalización de los policías, constantemente acusados de crímenes y actos violentos.
En las últimas semanas, se han lanzado medidas como la creación de un registro público con el historial de los policías y el impulso de la formación de más agentes con "valores humanistas". Además, se anunció la expulsión de decenas de funcionarios estatales por irregularidades.
Indíce de asesinatos
Con una tasa oficial de homicidios de 48 por cada 100,000 habitantes en 2010, mientras que el promedio mundial es de 9 asesinatos por cada 100,000 habitantes, Venezuela encabeza la lista de países violentos de la región y este drama se ha convertido en la principal angustia de sus ciudadanos.
Según informó el gobierno en 2009, entre 15% y 20% de los delitos son cometidos por policías, especialmente los más violentos como homicidios y secuestros.
"Quedó en el pasado que cualquiera puede ser policía, quedó en el pasado que ser policía no es una profesión. La policía debe convertirse en el oficio y en la profesión más importante", declaró la secretaria Ejecutiva del Consejo General de Policía, Soraya El Achkar.

Nuevo modelo policial

El Achkar, que también es rectora de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, creada en 2009, es una de las principales promotoras del "nuevo modelo policial" que se presentó hace un par de años y que se ha visto especialmente impulsado en los últimos meses.
"Estamos construyendo un modelo policial comprometido con el desarrollo del país, un modelo policial que responde a los intereses supremos de nuestro pueblo, sujeto al escrutinio popular", declaró el ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami.
La iniciativa oficial busca formar agentes más compenetrados con las comunidades y, a la vez, tener mayor control sobre los policías.
"A nivel nacional, no hay ningún tipo de control sobre los funcionarios policiales. Por ejemplo, un funcionario que ha sido destituido por comisión de delito puede ingresar a otro cuerpo de policía sin ninguna novedad", dijo El Achkar al aprobar la creación del nuevo registro público. Fallas policiales
Sin embargo, el director del Observatorio Venezolano de Violencia, Roberto Briceño León, aseguró que aunque el registro es necesario "no es la gran solución, porque lo esencial es que el gobierno dé un mensaje que promueva el cumplimiento de las leyes".
"La policía en Venezuela falla por carencia y por exceso, estos controles sólo logran frenar los excesos", dijo el especialista, asegurando que mientras los funcionarios "detengan delincuentes que son inmediatamente liberados por un sistema judicial ineficiente", será difícil alejar a los agentes del crimen y la violencia.
Sólo la semana pasada, la Fiscalía citó al director de la policía del Estado Falcón (noroeste) a declarar por una "desaparición forzada", acusó a siete funcionarios de la región de Zulia (oeste) por corrupción, y detuvo a un agente municipal de la capital por extorsión.
En 2009, dentro de estos esfuerzos de profesionalizar este sector, el gobierno creó la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que, según el presidente Hugo Chávez, contribuirá a resolver el problema de la criminalidad gracias al "rigor moral" de sus efectivos.
Sin embargo, en estos días el director de la PNB, Luis Fernández, confirmó que de esa institución han sido expulsados 50 funcionarios "por irregularidades".
Los críticos del Ejecutivo llaman la atención sobre un aspecto que el gobierno no debate: la politización de este nuevo cuerpo policial.
Briceño León destacó que la profesionalización de los policías debe "estar apartada de la politización", para que la protección que se brinda no discrimine a los ciudadanos por colores políticos o estatus social.
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