Corte Suprema falló a favor de ley que castiga contrata ilegal en Arizona

Univision.com* | May 26, 2011 | 2:42 PM

Temen que decisión contagie a otros estados y se avive el clima antiinmigrante en Estados Unidos

El máximo tribunal de Justicia de Estados Unidos falló -por cinco votos a favor y tres en contra- a favor de una ley promulgada en 2008 que faculta al estado de Arizona sancionar a empresas que, a sabiendas, contraten a inmigrantes indocumentados.
La decisión judicial reavivó el debate migratorio y podría promover que otros estados o ciudades adopten sus propias medidas migratorias, entre ellos el propio Arizona con la promulgación de la polémica SB 1070, y recientes medidas similares adoptadas en Georgia, Indiana y Texas.
La Corte rechazó el argumento de que los estados no pueden interferir en asuntos de inmigración. Y decidió que la ley federal de inmigración permite a los estados sancionar a patrones que contraten a indocumentados.
La ley “se basa únicamente en la propia determinación del gobierno federal de quién es un extranjero no autorizado y exige a empleadores de Arizona usar el propio sistema del gobierno federal para verificar el estatus de los empleados”, precisó el dictamen firmado por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts.
“El fallo señala que la ley de Arizona no contraviene la ley federal de inmigración”, dijo a Univision Online Lilia Velásquez, abogada de inmigración de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU). “Los jueces de la Corte Suprema estimaron que no existe conflicto entre lo que dice la Ley de Arizona -firmada por la entonces gobernadora Janet Napolitano- y la ley federal en cuanto a sanciones que recaen sobre quienes contraten a trabajadores indocumentados”.
Anuncio de revisión
En junio del año pasado la Corte Suprema había anunciado que revisaría el caso ‘Cámara de Comercio versus Criss Candelaria’ para examinar la ley de trabajadores de Arizona denominada Legal Arizona Workers Act (LAWA), promulgada en 2008. La legislación castiga a los negocios que contraten a sabiendas inmigrantes sin papeles y les exige a las empresas verificar la situación de empleo de sus trabajadores.
En septiembre de 2008 la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito emitió un fallo respaldando la legislación.
La opinión de la mayoría del máximo tribunal de justicia de Estados Unidos fue escrita por el presidente de la Corte, el juez John Roberts. En ella se lee que los magistrados rechazaron los argumentos presentados por grupos empresariales, defensores de los derechos de los inmigrantes y el gobierno federal, quienes sostenían que la entrada en vigor de la ley entraba en conflicto con la ley federal de inmigración.
Los jueces Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor, todos ellos nombrados bajo administraciones demócratas, no estuvieron de acuerdo con la decisión del máximo tribunal. Los cinco jueves nombrados bajo administraciones republicanas votaron a favor de la ley.
La jueza Elena Kagan no participó en la votación porque durante la revisión se desempeñaba como procuradora general bajo la administración del Presidente Barack Obama.
Ley compleja
Velásquez dijo que el fallo de este jueves se da en momentos “difíciles” cuando el país se encuentra dividido en torno al tema de la inmigración, y cuando una Corte federal debate el futuro de la ley SB 1070 de Arizona, que entre otras medidas disposiciones “criminaliza” la estadía indocumentada, un acto que en el resto de los estados sigue siendo una falta de carácter civil no criminal.
En cuanto a la Ley Lawa, Velásquez dijo que el fallo de la Corte avala el argumento del gobierno de Arizona respecto a que la ley “no entra en conflicto con la ley federal”.
“Arizona ha dicho que no hay conflicto, sino que es consistente y el fallo así lo consideró”, dijo. “Tanto la ley federal como la ley estatal de Arizona hablan de castigos civiles, multas, retiro de licencias y esas cosas. Y en caso de una sanción, el trabajador pierde su empleo o, en algunos casos, podría ser deportado, pero no impone sanciones criminales como lo establece la SB 1070”.
Velásquez mencionó que la SB 1070 -promulgada el 23 de abril de 2010- “criminaliza la estadía indocumentada en Estados Unidos” y que es ahí donde “se generó un conflicto” que desencadenó en una serie de demandas judiciales que exigen la suspensión de la medida.
Detalles de la demanda
En el documento presentado a la Corte Suprema por los demandantes de la Ley Lawa el año pasado, entre los que figuraba la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la ACLU, MALDEF y el Centro Legal de Inmigración Nacional, entre otros, se cuestionaba la ley y las sanciones a empleadores entre las que figura la suspensión o revocación de sus licencias comerciales.
La oficina de la Procuraduría General presentó documentos en apoyo a la demanda, luego que la Corte Suprema enviara una carta en 2009 en que se le pidió a esta oficina que delineara las perspectivas de la Administración en relación a las leyes de inmigración creadas por los estados.
La revisión de la ley generó expectativas en las organizaciones involucradas en la demanda.
ACLU ha sostenido que la ley Ley Lawa “aplica sanciones generales, lo que significa que todos los empleadores públicos y privados deben usar E-Verify”. Y agregó que “el gobierno federal estableció este sistema de verificación como voluntario y experimental” y que los estudios “han demostrado que el programa no es infalible y se cometen errores en bases de datos defectuosas".
Agregó que "no existe una vigilancia federal de este programa para asegurarse que los empleadores no usen E-Verify de acuerdo a los requerimientos de las leyes de derechos civiles".
Pero el fallo de este jueves desestimó esos argumentos.
Bajo la legislación de Arizona, los empleadores deben comprobar la elegibilidad laboral de los solicitantes de empleos a través del programa federal “E-Verify”, a pesar de que expertos sostienen que contiene cientos de miles de errores en sus bancos de datos.
La SB 1070
La Suprema Corte de Justicia aún debe resolver una demanda interpuesta contra la polémica SB 1070, luego que la gobernadora Jan Brewer anunció que solicitará al tribunal desechar el dictamen que mantiene suspendidas las cláusulas más controvertidas de la legislación.
El 28 de julio del año pasado la jueza federal Susan Bolton dejó en suspenso las disposiciones más polémicas de esa ley, incluida una que otorga a las policías locales poderes extraordinarios para verificar el estatus migratorio de las personas que detienen bajo cualquier otra ley vigente en ese estado fronterizo con México, y sospechen se encuentran en forma indocumentada en el país.
El fallo de Bolton también dejó en suspenso la obligación de que todo extranjero en Arizona debe portar su visa o autorización gubernamental para circular por el territorio de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia entabló una demanda para exigir la suspensión de la SB 1070 bajo el argumento que la ley de Arizona es violatoria de la llamada Cláusula de Supremacía de la Constitución, la cual concede al gobierno federal la el poder para ejecutar la ley migratoria, y también pone en riesgo los derechos civiles de los estadounidenses.
Efecto dominó
En cuanto al impacto que el fallo de este jueves tendrá a corto plazo, Velásquez dijo que la decisión de la Corte “le va a poner una presión muy fuerte a los empleadores. Si no tienen la certeza que portan papeles, no los van a contratar. Y se corre el riesgo que se utilice perfil racial en el proceso de selección de trabajadores”.
“La ley migratoria es muy compleja, siempre ha sido una papa caliente. Y la burocracia de inmigración no es perfecta. La base de datos del gobierno para verificar si un extranjero tiene autorización para laborar en Estados Unidos no es perfecta, tiene errores, no es justa. Y también existen dudas al no tener la certeza de cómo será implementada esta ley y el impacto que tendrá en los negocios pequeños”, agregó.
A la pregunta si teme que el fallo sea utilizado por otros estados que buscan imitar la ley migratoria de Arizona, Velásquez dijo que “muchos estados estaban muy pendientes de esta decisión. No cabe duda que ahora seguirán adelante, presionando para aprobar leyes similares a la Lawa. Y se refuerza el argumento de que el sistema migratorio está roto y que el gobierno federal no está haciendo mucho por repararlo. Esto contagiará a poros estados, de seo no cabe duda”.
La ley federal que creó el sistema de E-Verify en 1996 contempla que es voluntaria su aplicación, pese a los intentos en el Congreso federal de volverla obligatoria en el curso de 2011.
©Univision.com*
Comentarios