Hispanos de EU condenan programa federal Comunidades Seguras

Univision.com y Agencias | May 12, 2011 | 12:53 PM

Legisladores se suman a campaña de rechazo a programa de seguridad

Un controvertido programa federal que verifica las huellas digitales de inmigrantes detenidos en prisiones fue rechazado por el Caucus de legisladores hispanos del Congreso, que se unió al pedido de organizaciones nacionales que piden al gobierno su cancelación inmediata.
Por medio de una carta dirigida al Presidente Barack Obama, el Caucus pidió que se deje de verificar las huellas digitales de gente detenida en prisiones locales y estatales para averiguar si se trata de indocumentados susceptibles de deportación.
A finales de abril la legisladora Zoe Lofgren (demócrata) pidió al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a la Oficina de Responsabilidad Profesional revisar declaraciones "engañosas" y "falsas" emitidas por empleados del departamento, incluido el personal de Inmigración y Control de Aduanas, sobre el programa Comunidades Seguras.
De qué se trata
En resumen, Comunidades Seguras es un programa que identifica a los inmigrantes que podrían ser deportados debido a su estado de migratorio o a haber cometido un crimen.
La información recabada por el DHS la comparte con las bases de datos del FBI, autoridades locales y estatales, en busca de antecedentes criminales.
A su vez, el DHS verifica si el individuo fichado se encuentra legalmente en el país.
Pero la discusión se centra en declaraciones emitidas por funcionarios del DHS, quienes le han dicho al público, a los gobiernos locales y al Congreso que el programa Comunidades Seguras es obligatorio siendo que se trata de un plan federal voluntario.
"Creo que algunas de estas declaraciones falsas y engañosas pueden haber sido intencionales, mientras otras se hicieron de manera imprudente, a sabiendas de que eran ambiguas y posiblemente crearían confusión", subrayó la congresista Lofgren.
El ICE se defiende
Al respecto, John Morton, director de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE) se disculpó y dijo que su agencia es responsable de la "confusión y declaraciones inconsistentes" en una carta enviada a Lofgren la última semana de abril.
Morton indicó que su agencia ha realizado algunos cambios como consecuencia, incluyendo el despido de un contratista que fue el "autor de varios correos electrónicos inapropiados".
Añadió que la ley federal requiere el intercambio de información entre las agencias federales específicamente para el control de la inmigración y los gobiernos estatales y locales no pueden prohibir ese intercambio.
Lofgren argumentó sus acusaciones en miles de correos electrónicos y otros documentos que la agencia divulgó este año en respuesta a una demanda presentada por abogados de inmigración.
Comunidades Seguras invitaba a las ciudades a incorporar la información, que incluía huellas dactilares de sospechosos locales, a la base federal de datos sobre inmigración, pero The Associated Press reportó en febrero que no se permitía a las ciudades negarse a participar, pese a que funcionarios federales afirmaban lo contrario.
Algunas comunidades se han resistido o negado a participar, pues dicen que compartir las huellas dactilares hace más difícil cumplir con su trabajo. Los inmigrantes, temerosos de ser entregados a Inmigración y Control de Aduanas, son reacios a denunciar crímenes o ayudar a solucionarlos, han dicho algunos agentes.
Lluvia de protestas
Miles de documentos difundidos en febrero por el DHS mostraron cómo el gobierno se afanó para acallar las críticas y la publicidad negativa hacia ‘Comunidades Seguras’, el cual fue de aplicación voluntaria hasta que las ciudades se negaron a participar.
Los documentos revelaron que el gobierno reelaboró las normas del programa, consideró la posibilidad de no otorgar fondos federales ni información a los que se resistían a aplicarlo y finalmente buscó precedentes judiciales para obligar a la cooperación con el programa.
"Hubo muchas críticas al 287(g), un mecanismo previo. Debido a que se aplica a todos (los arrestados) y a las reglas que lo rigen. (Comunidades Seguras) satisface muchas, si no todas las quejas expresadas" en relación al 287(g), otro programa que permite a algunas policías locales hacer cumplir la ley federal de inmigración.
Los detractores señalan que algunas fuerzas de seguridad locales participantes en el 287(g), en especial en el sureste de Estados Unidos, entregaban a indocumentados a las autoridades federales por faltas menores mientras que otras se concentran en los criminales violentos.
La salida de Illinois
En medio de la controversia, el gobernador de Illinois, Pat Quinn, notificó el jueves el retiro del estado del programa de deportaciones ‘Comunidades Seguras’.
Quinn justificó la decisión con el argumento del uso indiscriminado del programa.
El gobernante estatal expresó su inconformidad con la instrumentación del programa, que juzgó contrario a la finalidad declarada de perseguir y deportar a extranjeros criminales.
"Menos del 20 por ciento de los que han sido deportados de Illinois en el marco del programa han sido condenados por un delito grave", afirmó el gobernador Quinn, quien precisa que los condados que ejecutan ‘Comunidades Seguras’ deberán desactivarlo en forma definitiva.
Celebran el paso
"El gobernador ha dado el primer paso hacia soluciones razonables para nuestro sistema de inmigración roto”, dijo Joshua Hoyt, director de la Coalición pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados, que impulsa en el congreso estatal una ley en la materia.
Hoyt agregó que "necesitamos más acciones de estas y no la aplicación indiscriminada e irresponsable de programas".
Comunidades Seguras ha suscitado ansiedad entre la comunidad inmigrante que, ante el clima xenofóbico en el país, se muestra renuente a cooperar con la policía para delatar crímenes.
También ha desatado la ira de las autoridades policiales en varias ciudades y condados, al quejarse de que ya tienen suficiente trabajo como para estar realizando tareas de inmigración.
Los grupos defensores de los inmigrantes se han sumado al debate nacional y señalan que, paradójicamente, Comunidades Seguras ha dado pie a la discriminación racial y ha desviado los ya exiguos recursos de los condados, sin un sólo centavo del Gobierno federal para la caza de inmigrantes que no son un verdadero peligro para la seguridad pública.
Si lograr la cooperación de los inmigrantes ya es difícil, más lo será si éstos perciben que la policía está actuando como un brazo de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), y la lucha contra la criminalidad no debe mezclarse con los esfuerzos para deportar a los indocumentados, aseguran.
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