Niña fue violada por su padrastro y quedó embarazada de él

EFE | Apr 19, 2010 | 1:13 PM

Embarazo infantil

MÉXICO - La periodista y activista mexicana Lydia Cacho, junto a dos plataformas civiles, pidió que se indague la actuación tendenciosa de las autoridades en el caso de una niña de diez años violada por su padrastro y sometida a un embarazo forzado."Hay altísimo riesgo para su vida, es una niña desnutrida, muy pequeña para su edad", afirmó Cacho, que destapó una red de pederastia en el Caribe mexicano hace unos años y mantiene un refugio para mujeres maltratadas.
La niña, una indígena maya, residía en condiciones precarias en un poblado del turístico estado de Quintana Roo, en el Caribe mexicano.
En dicho estado, según la periodista, se da la tasa más alta de abuso sexual infantil (881 embarazos de menores de 18 años en 2009) y las sentencias contra los violadores son muy escasas, así como la aceptación de denuncias de violación por las autoridades.
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y la Red de Abogados por la Defensa de la Reproducción Elegida (Radar 4º) explicaron que se amedrenta a las madres de niñas violadas para que no recurran al aborto y que no se les informa de sus derechos.
La niña fue internada por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en un centro de atención en un estado contiguo, después de que un médico antiabortista dictaminase que era seguro continuar la gestación, relataron las activistas.
"La (agente del) Ministerio Público, acompañada de una representante provida, amenazó a la madre con encarcelarla en caso de que pidiera ayuda a las organizaciones civiles", relató Cacho.

Entre 10 y 12 años

En el centro hay quince jóvenes en la misma situación, según la madre, y no se dispone de psicólogas especializadas para tratarlas, dijo Cacho.
"Hemos documentado que la gran mayoría de las niñas que han sido forzadas a parir, víctimas de violaciones en Quintana Roo de entre diez y doce años, dos años después han sido abandonadas por Provida, las organizaciones religiosas y el DIF", dijo Cacho.
Esto derivó en situaciones de alta vulnerabilidad tanto de la madre como del hijo, agregó.
Por ello, se pidió que se investigase la actuación del DIF y se está pensando enviar un documento a la dirección nacional del organismo, cuyo consejo consultivo preside la Primera Dama, Margarita Zavala.
La presidenta de GIRE, Marta Lamas, recordó que la Orgabización de Naciones Unidas (ONU) recomendó a México armonizar las leyes para garantizar la aplicación de la norma 046 sobre violencia familiar en todo el país.
Las legislaciones sobre aborto son estatales y, en más de la mitad de los 32 estados mexicanos, está penalizado. En Quintana Roo la justicia permite abortar a los 90 días de la violación, pero la situación de la menor se reveló después.
La niña podría, no obstante, acogerse a la causal de que el parto pondría en riesgo su vida, y aún así todavía puede abortar en el Distrito Federal, donde es legal hasta las 20 semanas en cualquier circunstancia.
Un caso similar fue el de Paulina Ramírez Jacinto, violada con 13 años -ahora es mayor de edad- por un drogadicto que entró a robar a su casa y la atacó mientras dormía.
Los médicos se negaron a practicar el aborto decretado judicialmente y los funcionarios de salud lograron disuadir a la joven de abortar y dio a luz un varón.
Ahora, el Estado mexicano ha de pagar su manutención hasta los 18 años por interferir en la aplicación de la ley, según lo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ante ella, México se comprometió a "fortalecer la garantía de no repetición de violaciones al derecho de las mujeres a la interrupción legal del embarazo".
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