Proyecto antiinmigrante pasa al Senado de Florida

Univision.com y Agencias | Apr 30, 2011 | 2:00 PM

Iniciativa busca criminalizar estadía indocumentada, como en Arizona

El presidente del Senado de Florida, Mike Haridopolos, quiere que los patrones en el estado sean obligados a utilizar el sistema electrónico del gobierno federal para confirmar el estatus migratorio de los nuevos empleados, pero una iniciativa que podría ser votada el lunes no incluiría esa provisión, reportó The Associated Press.
Haridopolos quiere hacer obligatorio el que cualquiera que contrate a un empleado utilice el sistema E-verify del gobierno federal, que coteja los nombres de los posibles trabajadores con bases de datos de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) y de la Administración del Seguro Social (SSA) para confirmar si son ciudadanos estadounidenses o si tienen permiso de laborar en el país.
Los negocios agrícolas y otros argumentan que esta medida representaría una carga para los patrones, y que tiene un margen de error muy alto.
A toda máquina
Haridopolos pidió el viernes al senador republicano J.D. Alexander que presente la iniciativa SB 2040 ante el pleno el lunes. Alexander es productor de cítricos en Lake Wales y ha contratado trabajadores inmigrantes.
La propuesta del Senado contemplaba inicialmente el uso del programa E-verify, pero varias enmiendas planteadas permitirían que los empleadores utilicen en vez de ello ciertas licencias de automovilista.
La medida eximiría también a los patrones que contratan trabajadores temporales con permisos especiales.
La SB 2040 se inspiró en la polémica SB1070 de Arizona, promulgada el 23 de abril del año pasado y que criminalizó la estadía indocumentada, un acto que en los otros 49 estados sigue siendo una falta de carácter civil no penal.
Poderes extraordinarios
La ley antiinmigrante de Florida, además, autoriza y requiere que los agentes policiales revisen el estatus migratorio de cualquier persona a quien arresten, y aportaría entrenamiento opcional de autoridad de inmigración para los policías y agentes de los alguaciles.
La versión de la cámara baja de la legislatura, HB 7089, requiere el uso del programa E-verify y permite que la policía local revise la situación migratoria de una persona ante la mera sospecha de que ese individuo se encuentra ilegalmente en el país.
También requiere verificar el estatus de cualquier persona sujeta de investigación por un delito, aunque no necesariamente arrestada.
Los tribunales de justicia han bloqueado provisiones similares en la ley de inmigración de Arizona, mientras resuelve una demanda interpuesta por el Departamento de Justicia, que argumenta que el tema migratorio sólo puede ser resuelto por el gobierno federal, en apego a un mandato del Congreso.
La Administración del Presidente Barack Obama también teme que la ley de Arizona viole los derechos civiles.
Cambio de planes
The Associated Press señaló que hasta el jueves, la senadora del sur de Florida, Anitere Flores, era la encargada del proyecto en la Comisión Judicial del Senado.
Flores trató de suavizar parte del lenguaje del proyecto de ley -entre otras cosas, intentó convertir en voluntario el uso del sistema de verificación electrónica-.
"Este es un tema extremadamente complicado, en el que hay cientos de personas distintas que tienen centenares de opiniones divergentes. Hay provisiones sobre el empleo, la autoridad, los empresarios y factores relacionados con las emociones individuales o con la política", dijo Flores el viernes a The Associated Press. "Tratar de poner esto en una iniciativa que pueda recibir una mayoría de votos en la cámara baja y en el Senado representa un problema".
Sin embargo, Flores enfrentó críticas de grupos pro-inmigrantes como Voice Immigration Fund de Estados Unidos y Democracia USA, quienes pautaron repetidamente anuncios en la radio en español de Miami y acusaban a la legisladora cubano-americana de traicionar a su comunidad.
Lluvia de críticas
Mientras los republicanos batallan por sacar adelante la SB 2040, activistas por los derechos de los inmigrantes reiteraron que el plan pone en riesgo el futuro del estado y acusaron a los promotores dela iniciativa de “despreciar” a los $45 mil millones que –estimaron- costará la ley de inmigración.
El Presidente del Senado “está ignorando las voces de oposición de miles de residentes de Florida, líderes empresariales y religiosos, e incluso de legisladores latinos de su propio partido" que se oponen al plan, dijo Mara Rodríguez, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida. "Esto es una bofetada para los latinos y para toda la Florida en general. Ahora está claro que esto no se trata de qué políticas son buenas o malas para la Florida. El Presidente del Senado está dispuesto a arriesgar el futuro del estado a cambio de sus ambiciones políticas", agregó.
Desde que la SB 2040 fue presentada al Comité de Presupuesto del Senado, la campaña de rechazo en la que participa la Coalición y otras decenas de organizaciones –que también incluyen a empresarios- exigen a la legislatura un análisis fiscal y económico de la medida.
Pero la petición no ha sido escuchada y el debate continúa.
Futuro incierto
"¿Cómo pueden los conservadores aprobar una ley sin saber cuánto va a costarle a los contribuyentes?”, se preguntó Subhash Kateel, coordinador estatal de la campaña Somos Florida. “Nuestro análisis dice que las leyes de inmigración podrían costar al estado alrededor de $45 mil millones”, agregó.
Dijo además que “si la SB 2040 pasa, van a destruir el futuro de la Florida. ¿Quién va a pagar la cuenta? Mientras dicen que no hay dinero para el seguro de desempleo, las pensiones de los empleados públicos, la salud o incluso para la educación, Haridopolos eligió el gasto irresponsable en usar a los inmigrantes como chivos expiatorios".
La versión HB 7089 de la Cámara de Representantes iba a ser discutida el viernes, pero por falta de un acuerdo previo que garantice el número de votos suficientes, el proyecto fue retirado de la agenda temporalmente.
La Coalición dijo que “nos guste o no, la economía de Florida es en gran medida sostenida por los inmigrantes”, incluidos los no autorizados o indocumentados.
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