Denuncian casi 1 millón de deportaciones durante gobierno de Obama

Univision.com* | Mar 31, 2011 | 12:03 PM

Clima antiinmigrante crece a pasos agigantados en Estados Unidos

Con casi un millón de deportados, el número de personas expulsadas de Estados Unidos sigue batiendo récords, al tiempo que aumenta la preocupación entre activistas por la feroz ola antiinmigrante que recorre el país de costa a costa, teniendo en cuenta que siete de cada diez expulsados en los dos últimos años no tenía antecedentes penales.
“Van casi 1 millón durante el gobierno del Presidente Barack Obama y la cifra sigue aumentando de manera alarmante”, dijo a Univision.com Jorge Mario Cabrera, director de comunicaciones de The Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles (Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles –CHIRLA-). “Y de ellos casi el 70% no tiene antecedente criminal”, precisó.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que durante el año fiscal 2010 fueron deportados poco más de 392 mil inmigrantes y de ellos 195 mil (49.5%) tenía antecedentes criminales. La cifra de expulsados fue la mayor en la historia, según reconoció la administración.
“Nosotros revisamos las cifras y llegamos a la conclusión que el número de deportados es mayor y que el porcentaje de personas que no ha cometido delitos graves bordea el 70%”, apuntó Cabrera. “Varias organizaciones de la costa oeste participamos en esta recopilación de cifras y la semana pasada la debatimos con la Secretaria de Seguridad Nacional Janet Napolitano, pero ella solo nos confirmó que continuaban de manera muy activa deteniendo a individuos que ellos consideran son criminales”.
El activista añadió que organizaciones nacionales entregaron al DHS “ejemplos individualizados de personas, padres de familia, niños, trabajadores que han sido literalmente ‘cazados’ en esta especie de guerra por el ‘enforzamiento’ de las leyes de inmigración, pero el departamento no aceptó los datos que les entregamos”.
Obama mantiene política
El lunes, durante un foro público con estudiantes hispanos organizado y transmitido por la cadena Univision como parte de la campaña ‘Es el momento’, el presidente Barack Obama afirmó que carece de la potestad para frenar las deportaciones de inmigrantes indocumentados y dijo que su gobierno está enfocado en expulsar a los criminales”.
Agregó que "con respecto a la noción de que yo puedo suspender las deportaciones a través de una orden ejecutiva, no es correcto, porque hay leyes que el Congreso ha aprobado", y añadió que "Estados Unidos es un país de leyes, lo que significa que yo como presidente estoy obligado a hacer cumplir la ley. No tengo opción. Es parte de mi trabajo".
Para Katherine Vargas, del National Immigration Forum (NIF) “el presidente Obama había prometido lidear con el tema migratorio e impulsar una reforma comprensiva, pero hemos visto que en los últimos dos años su administración ha implementado una política más dura y no ha dado pasos en dirección a un cambio en las leyes que permita la regularización de millones de indocumentados”.
“Con tal de complacer a los republicanos que piden más medidas de seguridad, no ha cumplido la segunda parte de su promesa de campaña, la reforma migratoria. Nosotros apoyamos que se haga cumplir la ley, pero pedimos que se haga de manera inteligente, que se ejecute en personas que si sean una amenaza para la seguridad nacional y no se cargue la mano en niñeras y jardineros. Lamentablemente estamos viendo eso”, dijo la activista.
Promesa incumplida
En 2008, durante la campaña presidencial, Obama prometió que durante el primer año de su mandato iba a empujar una reforma migratoria amplia que incluyera una vía regulada de legalización que beneficiara a inmigrantes sin papeles que carecen de antecedentes criminales. Pero los debates de otros temas, entre ellos la crisis financiera, las guerras en Irak y Afganistán y la reforma de salud postergaron el compromiso.
“No sólo lo dejaron en suspenso”, apuntó Cabrera. “Aumentaron las deportaciones y la cifra llega a un millón bajo esta administración”, reiteró Vargas.
La directora de política migratoria y de campañas nacionales del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), Clarissa Martínez de Castro, dijo el no cumplimiento de la promesa de campaña hecho por Obama generó “dentro de nuestra comunidad na gran tristeza y desilusión”, y que “la situación de las deportaciones que estamos viendo hacen muy difícil reconciliar el compromiso de 2008 con los hechos”.
Respecto a las declaraciones de Obama en cuanto a la obligación que tiene como mandatario de hacer cumplir la ley, Martínez dijo que nadie pone en duda este punto, y mencionó que en el hacer cumplir la ley también se puede utilizar la “discreción”.
Hasta noviembre de 2012
Cabrera opinó que Obama sí puede hacer cambios administrativos y utilizar herramientas legales para disminuir el impacto de las deportaciones como consecuencia de la ejecución de la ley.
“El no necesariamente está atado de manos. Le estamos pidiendo a partir de hoy, y lo haremos durante los siguientes seis meses, que tenga valor de hacerlo y que sea presidente también de todos nosotros, y que de una vez por todas cumpla con su promesa de 2008”, destacó.
“Mantendremos nuestro llamado hasta las elecciones presidenciales de noviembre de 2012, para que se hagan arreglos a las leyes existentes y que con ello se permita aliviar el sufrimiento de nuestra comunidad, que se frenen las deportaciones de padres de hijos de ciudadanos estadounidenses, de estudiantes que califican para seguir estudiando en la universidad, de personas que carecen de antecedentes criminales”, indicó.
Del porcentaje de deportados sin antecedentes criminales, Cabrera dijo que “nuestras investigaciones determinan que son el 70 por ciento, siete de cada diez expulsados por el DHS, personas que han cometido faltas como haber manejado sin licencia o haber cruzado la calle por donde no debía. Nosotros no apoyamos a quienes hayan violado la ley de manera insultante, pero sí creemos que si una persona estaba vendiendo paletas (helados) frente a una escuela, no debe ser deportada o estar portando un grillete como su fuese un criminal violento. Eso es inaudito”.
Informe lapidario
La denuncia sobre el número de deportados en lo que va de la administración Obama ocurre tres semanas después de la publicación en Washington de un severo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que se denuncian las criticas condiciones en las que viven inmigrantes detenidos en cárceles de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE), y el deterioro del debido proceso a los extranjeros durante el proceso de encarcelamiento y deportación de Estados Unidos.
El documento señaló que el gobierno de Obama mejoró el trato a los inmigrantes indocumentados –en comparación con lo actuado por la administración republicana de George W. Bush (2001-2009)-, pero denunció que  el avance no fue lo suficiente, y que éstos (los extranjeros sin papeles de estadía legal) siguen sujetos a vejaciones.
El documento da cuenta de condiciones precarias de inmigrantes detenidos, falta de acceso a abogados y capturas discriminatorias basadas en la raza. "Hemos visto una cierta evolución con respecto al tratamiento de migrantes bajo la actual administración, pero nos parece que es todavía claramente insuficiente", dijo en teleconferencia el presidente de la CIDH, Felipe González.
Tratados como criminales
La CIDH apuntó que Estados Unidos tiene el patrón de someter a detención a los inmigrantes sin papeles, una situación que, subrayó, debería ser una excepción en casos de estricta necesidad.
Agregó que las personas detenidas por las autoridades federales de inmigración reciben un trato como si estuvieran "imputadas por delitos penales, cuando en realidad no se trata" de esa situación. Añade que es "preocupante la ausencia de un sistema de detención auténticamente civil, con las condiciones generales compatibles con la dignidad y el trato humano".
La CIDH dijo estar convencida de que “en muchos casos, y probablemente en la mayoría de ellos, la detención (de inmigrantes indocumentados) constituye una medida desproporcionada” y que los programas de alternativas a la detención “configurarían una opción más equilibrada a fin de dar cumplimiento al interés legítimo del Estado de asegurar el cumplimiento de la normativa migratoria”.
Pero en aquellos casos en que la detención sea estrictamente necesaria, la CIDH consideró en su informe “preocupante la ausencia de un sistema de detención auténticamente civil, con las condiciones generales compatibles con la dignidad y el trato humano, así como aquellas condiciones especiales propias de una detención no punitiva”.
Dijo que observa con preocupación que para la administración y el cuidado personal de las personas migrantes detenidas, “se recurre con frecuencia a contratistas privados, sin que se cuente con información suficiente sobre los mecanismos de supervisión”.
En otra parte del informe se lee que la Comisión considera preocupante el impacto que tiene la detención en el debido proceso, principalmente en el derecho a acceder a un abogado, y por tanto, en la posibilidad de ser liberado.
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