Nuevas medidas migratorias

Univision.com | Aug 10, 2007 | 2:30 PM

De qué se trata

El gobierno de Washington dio a conocer el viernes una serie de nuevas reformas a las leyes de inmigración con el fin de frenar el ingreso de indocumentados y poner fin a la contrata de ilegales en los centros de trabajo.
El anuncio se produce siete semanas después de que el Senado fracasara en el intento por aprobar una reforma que incluía una compleja vía de legalización para millones de extranjeros sin papeles.
Las nuevas disposiciones fueron dadas a conocer los secretarios de Comercio, Carlos Gutiérrez, y de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, durante una conferencia de prensa en Washington.
"Hasta que el Congreso elija actuar, vamos a estar dando algunos pasos enérgicos por nuestra cuenta", aseguró Chertoff, quien lamentó nuevamente que el legislativo haya frenado a finales de junio un debate sobre la reforma migratoria que incluía una compleja vía para legalizar a millones de indocumentados.
El nuevo plan anunciado por la Administración del presidente George W. Bush se basa en la fiscalización de la contratación de trabajadores y en un aumento de la seguridad en las fronteras, principalmente con México.
Carta de advertencia
Según documentos entregados por el departamento (ministerio) de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el gobierno a partir de este viernes comenzó a enviar cartas oficiales a empleadores que no disponen de adecuada información sobre la identidad de sus empleados, requiriéndoles que verifiquen el estatus de los trabajadores en un plazo no mayor a 90 días.
Los números de Seguro Social están siendo revisados desde 2003 por el gobierno federal por medio de un programa voluntario autorizado por el Congreso y que se conoce como Employment Eligibility Verification Program (EEV)/Basic Pilot, a cargo de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
A la fecha el sistema cuenta con 19,698 empresas afiliadas, las que a su vez han registrado 140,267 centros de trabajo.
En lo que va del año fiscal 2007, el programa ha verificado 2.546,994 peticiones hechas por empleadores, dijo a Univision Online, Dan Kane, portavoz nacional de la USCIS.

Datos compartidos

La información recibida por la USCIS es compartida por varias otras agencias federales, entre ellas el FBI, el DHS y la Administración del Seguro Social.
Si durante la verificación de antecedentes el gobierno descubre errores o tiene dudas sobre la identidad de un individuo o el número de Social Security no coincide con los registros del Servicio de Rentas Internas (IRS), se le envía una carta al trabajador y al patrono y se fija una fecha máxima para aclarar lo que el gobierno denomina "papeles dudosos".
Si en esa fecha no se aclara, el patrono debe despedir al trabajador o exponerse a ser sancionado por el gobierno con una multa.
La nueva regla autoriza al DHS a enviar una segunda correspondencia y deja abierta la posibilidad de una redada federal de inmigración por parte del DHS en el centro de trabajo que recibe la nota.
Aumento de multas
Chertoff también anunció un incremento de 25 por ciento en las multas para los patrones que emplean inmigrantes indocumentados a sabiendas.
El secretario también explicó que el gobierno federal exigirá a los contratistas con el Estado que usen un nuevo sistema electrónico de verificación de estatus laboral de los trabajadores.
"Una parte fundamental de hacer cumplir las leyes inmigratorias es el efectivo cumplimiento (de las normas) a nivel del país y de los lugares de trabajo", dijo Chertoff, señalando que las iniciativas lanzadas este viernes apuntan a proveer de "herramientas efectivas y una guía clara" a los empleadores "de forma que puedan mantener una fuerza de trabajo estable y legal".
El segundo Un segundo sistema de verificación, a cargo de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE, una de las 23 dependencias bajo el mando del DHS), se conoce como ICE Mutual Agreement between Government and Employers (IMAGE) y facilita a los empleadores solicitar al gobierno federal investigar a la totalidad de sus empleados, incluyendo ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes.

Inmigración ordenada

El gobierno también agregó que se compromete, a través del Departamento de Trabajo, a modificar el programa de trabajadores zafrales agrícolas, de forma que el ingreso de estas personas se produzca de forma "ordenada y oportuna" y "protegiendo los derechos de los trabajadores".
Para Gutiérrez, "la seguridad debe estar primero".
Entre los anuncios en esta materia figuran varios objetivos para reforzar la vigilancia fronteriza, entre otros, el alcanzar la cifra de 18,300 agentes de Patrulla de Fronteras al 31 de diciembre del año próximo, así como la construcción de unos 600 kilómetros de valla fronteriza para esa fecha.
Gutiérrez y Chertoff recordaron que fuerzas policiales locales (estatales y municipales) están siendo entrenadas para cumplir tareas equivalentes en muchos aspectos a las de agentes migratorios federales, algo que ha sido severamente criticado por las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes.
Continuarán las redadas
Consultado sobre las deportaciones de inmigrantes y la discriminación -que según encuestas divulgadas esta semana perciben los inmigrantes como su principal problema en Estados Unidos-, Gutiérrez respondió en español: "Lo que queremos evitar obviamente es que esto se vuelva un pretexto para discriminar".
"Entendemos que hay personas, hay familias que están pasando por una época muy difícil, y sentimos que la solución, la única solución es a través de reformar la ley. No lo pudimos lograr, tenemos la obligación de implementar la ley", argumentó.
"Pero no cabe duda de que hay gente sufriendo, y hay gente sufriendo porque simplemente quieren trabajar, y hay niños que han nacido en este país que son ciudadanos, que sus padres están con un miedo permanente de ser deportados. Eso es una realidad y ojalá que el Congreso llegue a la conclusión de que hay que reformar la ley y hay que autorizar la reforma", señaló.
Gigantesca base de datos
Otro de los anuncios hechos por Gutiérrez y Chertoff fue pedir a los gobiernos estatales compartir sus bases de datos sobre licencias de conducir para utilizarlos en el Employment Eligibility Verification Program (EEV)/Basic Pilot.
El gobierno estima que con ello se permitirá a los a los empleadores detectar licencias fraudulentas.
Sindicatos y la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU), cuestionan las medidas del gobierno y advierten que los programas federales de vigilancia están plagados de errores.
Caroline Fredrickson, directora de la ACLU en Washington, dijo recientemente si el DHS comete un error al determinar si un solicitante puede o no ser contratado, "no habrá manera de protestar ese error o recuperar salarios perdidos, porque el proyecto de ley prohíbe una revisión judicial".
La ACLU, al igual que otros grupos cívicos, entre ellos La Raza (la principal organización hispana de Estados Unidos), reconoce que las empresas deben responsabilizarse por la contratación legal de los empleados, pero le preocupa la forma en que ese programa de verificación de empleo sería ejecutado.
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