Gobierno busca reparar programa 287(g)

Univision.com* | Mar 12, 2011 | 11:44 AM

ICE adopta recomendaciones emitidas tras informe

WASHINGTON – Un polémico programa de arresto de indocumentados, activado por el gobierno federal tras los atentados terroristas de 2001, está siendo cambiado. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras una serie de recomendaciones de las autoridades a cargo de la seguridad nacional.
El programa, activado en 2003, otorga poderes extraordinarios a las policías locales (estatal y municipal) para arrestar a inmigrantes indocumentados previo acuerdo entre las agencias del orden y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Investigadores del DHS redactaron 49 recomendaciones para aumentar la supervisión. El ICE indicó que 10 de esas instrucciones fueron puestas en marcha.
El director de ICE, John Morton, aseguró que la agencia ha adoptado las recomendaciones incluidas en dos informes emitidos el año pasado por la Inspectoría General del DHS.
Huellas digitales
El funcionario también se refirió a otro programa paralelo, “Comunidades Seguras", sigue cotejando las huellas dactilares de todos los sospechosos con una base de datos del servicio de inmigración y admitió que la información almacenada sólo incluye fichas creadas desde 2005, pero que se está trabajando para digitalizar huellas previas a ese año.
Morton dijo además que ICE necesita trabajar con policías locales y estatales para que soliciten con más frecuencia a ICE verificaciones manuales cuando una huella no coteje completamente, pero otros datos del detenido sí coincidan.
El director de ICE presentó ante la comisión de adjudicaciones de la Cámara Baja del Congreso la solicitud de presupuesto para el año fiscal 2012, que asciende a $5,500 millones, lo que representa un incremento respecto al ejercicio fiscal del 2010.
Programa polémico
El programa de arrestos lleva su nombre de la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración aprobada por el Congreso en 1996. Faculta al DHS a establecer acuerdos con las policías locales para que sus agentes actúen como agentes de inmigración y ayuden en la tarea de vigilar y controlar la inmigración indocumentada en Estados Unidos.
A mediados de 2002, el entonces Secretario de Justicia, John Aschcroft (bajo cuyo mando se encontraba el entonces Servicio de Inmigración y Naturalización -INS-), anunció que activaba la dormida sección y que, además, agregaba a la base de datos del National Crime Information Center (NCIC) los nombres de unos 640 mil indocumentados con orden final de deportación y que decidieron quedarse en Estados Unidos.
La permanencia indocumentada en Estados Unidos es una falta de carácter civil –con excepción del estado de Arizona a partir del 29 de julio de 2010-, pero la violación de una orden final de deportación final es un crimen, según la ley.
Grupos pro inmigrantes han exigido al gobierno federal que realice cambios inmediatos o ponga fin a los acuerdos alcanzados entre el DHS y las agencias de policía local porque, aseguran, ICE "no ha instituido controles para promover la efectividad de las operaciones y enfrentar los riesgos relacionados" con el programa.
En 2010 un estudio determinó que sólo un 9% del conjunto de detenciones de ICE afectaban a inmigrantes con un historial criminal catalogado como de máximo riesgo para la seguridad pública y que el resto eran extranjeros cuya única falta era permanecer sin papeles en el país.
La Raza fustiga
El Consejo Nacional de La Raza (NCLR), mantiene su rechazo al programa 287(g) y pide e insiste al gobierno que corrija o elimine de inmediato el plan.
"Sin blancos fijos y con medidas que no garantizan un trabajo de investigación criminal efectivo, el ICE no puede asegurar que el programa 287(g) cumpla su propósito", dijo recientemente Clarissa Martínez De Castro, directora de Inmigración y Campañas Nacionales del NCLR.
"Hay que evitar que se sigan desviando recursos propios de las leyes criminales hacia estrategias defectuosas de un sistema de inmigración inservible", añadió.
Replanteado en 2009
Si bien el programa 287(g) fue activado bajo el gobierno del ex presidente George W. Bush (2001-2009), a mediados de 2009 la administración de Barack Obama anunció cambios y modificaciones, pero las criticas no han desaparecido.
El DHS aseguró que el objetivo del programa seguía siendo detener y deportar a extranjeros con antecedentes criminales, entre ellos unos 400 mil con orden de deportación vigente. Pero con una importante diferencia, recalcó: esta vez se procederá bajo un solo reglamento en los 50 estados del país.
De esta forma, apuntó, se evitará que se cometan detenciones arbitrarias y se elimine el debido proceso a los extranjeros que permanecen indocumentados, permitiéndoles su día en corte tal y como lo señala la Constitución, un compromiso que según reportes y evaluaciones de La Raza y el Centro para el Cambio Comunitario, continúan en veremos.
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