Expertos en inmigración advierten sobre deportación masiva de indocumentados

EFE | Feb 17, 2011 | 12:25 PM

Presentan informe “Desgaste a través de la Ley”

Washington,DC - Expertos en inmigración advirtieron que la estrategia “Desgaste a través de la Ley” impulsada por republicanos de la Cámara Baja busca en realidad la deportación masiva de indocumentados.
La organización America's Voice presentó el informe “Desgaste a través de la Ley, un nuevo nombre para la deportación masiva”, en el que critica la estrategia planteada en la Cámara de Representantes por republicanos como Lamar Smith, de Texas, Elton Gallegly, de California, y Steve King, de Iowa.
Esos congresistas, nuevos líderes del Comité Judicial de la Cámara Baja, promueven una doctrina según la cual la aplicación completa de todas las leyes estatales y federales sobre inmigración logrará crear un ambiente cada vez más difícil para inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos.
La estrategia, basada en un principio de “auto deportación humana” según sus impulsores, pretende en realidad que la población inmigrante del país “quede reducida a la mitad en unos pocos años”, de acuerdo con el director ejecutivo de America's Voice, Frank Sherry.
“Es una idea abocada al fracaso, porque la población inmigrante de Estados Unidos es estable- la mayoría vive en familias y lleva aquí más de 10 años”, dijo Sherry en una conferencia telefónica.
Imposición de barerras
El experto recordó que la reciente caída del número de indocumentados residentes en Estados Unidos, propiciada por la crisis económica y las políticas hostiles en algunos estados de la frontera, no ha impedido que la cifra se estanque en 11.2 millones en 2010, según el último estudio del centro de estudios Pew.
La idea de la “auto deportación” se basa, según el informe, en la imposición de “barreras” que requieran la verificación del estatus legal como las impuestas en el programa “E-Verify”, “quizás el componente clave de la estrategia de desgaste".
Precisamente Smith y otros republicanos promovieron la semana pasada una extensión a todo el país de ese sistema, dirigido a dificultar la contratación de trabajadores indocumentados, y que quieren convertir en obligatorio.
Para America's Voice, estas medidas son un “signo inequívoco” de que la nueva mayoría republicana en la Cámara de Representantes reniega del enfoque integral de la reforma migratoria y busca impulsar, de forma encubierta, la deportación de todos los indocumentados del país.
De continuar, esa estrategia de “locura masiva” promete decepciones para el partido republicano en 2012, dada la creciente fuerza del voto hispano en el país, según Fernand Amandi, codirector del centro de investigación latino Bendixen & Amandi.
“Hay una corriente republicana que resta importancia al efecto de sus políticas migratorias sobre el voto latino, porque confían en que el hecho de que los hispanos registrados para votar no teman por su estatus les haga tener otras prioridades”, indicó Amandi.
Actitud pasiva de Obama
Lo que olvidan esos políticos, continuó, es que el 62% de los latinos encuestados por America's Voice en las elecciones legislativas de 2012 conocían a alguien indocumentado personalmente, y alrededor del 60% consideraban la inmigración una de sus prioridades a la hora de votar.
Pero mientras los republicanos se arriesgan a perder el billete a la Casa Blanca, la administración de Barack Obama muestra “una actitud fundamentalmente pasiva” respecto a la reforma migratoria que amenaza con dejar la intención de voto de los latinos “en un punto muerto”, según Amandi.
“Los demócratas son ahora los grandes beneficiados del discurso de odio a los indocumentados, pero es posible que los latinos se den pronto cuenta de que el Gobierno tampoco está haciendo nada por ellos”, dijo.
Un primer paso para evitar eso debería ser la eliminación del “tono orgulloso” con el que la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, habla de las deportaciones, opinó Mark Potok el experto del Centro Sureño Legal contra la Pobreza.
Deportar a los 11.2 millones de indocumentados del país costaría al menos $139,000 millones, según datos de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) citados en el informe.
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