Estado de Washington negaría licencias a indocumentados

Univision.com* | Feb 05, 2011 | 4:45 PM

Debaten proyecto para cortar beneficio migratorio

Los estados de Washington, Nuevo México y Utah eran los únicos donde los indocumentados podían obtener una licencia de manejar sin mayores dificultades. Pero en breve ese beneficio podría desaparecer en al menos dos estados si sus respectivas Asambleas legislativas aprueban proyectos de ley que prohíben otorgar el codiciado carné a los extranjeros sin papeles.
En Olimpia, Washington, legisladores alistan varios proyectos que exigen a los peticionarios del documento demostrar la residencia legal en Estados Unidos.
En por lo menos otros 14 estados se debaten leyes para regular la inmigración indocumentada, la mayoría de ellas similares a la polémica SB1070 de Arizona que entró en vigor el 29 de julio del año pasado, aunque con limitaciones temporales impuestas por una corte federal.
Debate candente
Un reporte de The Associated Press dio cuenta que el jueves legisladores mantuvieron una audiencia sobre uno de los proyectos, la primera vez que ocurre en muchos años.
Durante el debate, las discusiones llegaron a un punto culminante cuando el comité que analizaba una propuesta suspendió sus deliberaciones antes de lo previsto por protestas de manifestantes quienes denunciaron uso de perfil racial.
Partidarios de endurecer las leyes contra los indocumentados aplaudieron la iniciativa y aseguraron que el veto al acceso a las licencias pondrá fin a la llegada de indocumentados al estado fronterizo con la provincia de Vancouver, en Canadá.
Justifican la ley
Algunos defensores de la medida estimaron que una normativa estatal tan laxa en su presente formato fomenta el fraude de identidad y otras amenazas públicas.
"No todos los indocumentados vienen aquí a trabajar y en pos de una vida mejor. Algunos vienen para destruirnos y acabar con nuestro estilo de vida. Las licencias de manejar les dan legitimidad", dijo Bob West y residente de la localidad de Yakima, que declaró ante el Comité de Transporte del Senado, reportó AP.
Sin embargo, activistas que luchan por los derechos de los indocumentados sostienen que privarles de las licencias de manejar encarecerán los seguros, porque los extranjeros son papeles no podrán obtener seguros, creando un gran remanente de conductores no asegurados.
El precio estimado del proyecto de ley -$1,5 millones en el próximo presupuesto bianual- es demasiado caro debido al déficit que encara el estado.
Efecto dominó
El National Immigration Forum (NFI) advirtió que leyes como las promovidas en Washington son similares a la SB1070 de Arizona y que en al menos otros 14 estados se barajan propuestas similares.
La semana pasada, la gobernadora de Nuevo México, la republicana Susan Martínez, pidió a la legislatura estatal la derogación de una ley que permite a los indocumentados obtener licencias de conducir.
Durante su campaña, Martínez prometió que pondría fin a la emisión de licencias de conducir a inmigrantes sin papeles.
El vocero de Martínez, Scott Darnell, dijo que la gobernadora tiene dos metas en materia de las licencias de conducir. "En primer lugar, quiere detener la práctica de emitir licencias de conducir a inmigrantes ilegales y, en segundo, apoya revocar las licencias a los inmigrantes ilegales que ya la han recibido ", según un reporte de la Agencia Mexicana de Noticias (Notimex).
Pero a partir de ahora el escenario cambió.
Orden ejecutiva
Martínez también emitió una orden ejecutiva para que la policía empiece a preguntar a las personas arrestadas por delitos sobre su situación inmigratoria.
La orden rescinde una política instrumentada en 2005 por el entonces gobernador demócrata Bill Richardson.
La orden de Richardson prohibía a las fuerzas de seguridad estatal preguntar por la situación inmigratoria de una persona sólo para el propósito de determinar si el individuo violaba las leyes federales de inmigración.
"Esta orden libera las manos de los policías de Nuevo México en su misión de mantener seguras nuestras comunidades", dijo la gobernadora en una declaración.
"El sistema de justicia penal debe tener la autoridad para determinar la situación inmigratoria de todos los delincuentes, independientemente de raza o etnia y reportar a las autoridades federales a los inmigrantes indocumentados que cometan delitos", agregó.
Sin embargo, Martínez dijo que las fuerzas de seguridad de las agencias estatales no podrán preguntar por la situación inmigratoria a las víctimas de delitos, a los testigos de un delito o a quienes busquen asistencia policial. Richardson lo había ordenado así en 2005.
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