Incendiaron negocio del esposo de Marisela Escobedo, activista asesinada

Univision.com y Agencias | Dec 18, 2010 | 3:01 PM

'Levantaron' a una persona

MEXICO -  Un grupo de desconocidos incendió el negocio de José Monge, esposo de la activista Marisela Escobedo quien fue asesinada por un desconocido la noche del jueves frente al palacio de Gobierno de Chihuahua, mientras exigía justicia por la muerte de su hija.
Según la fiscalía estatal, el comando armado ingresó al local a primera hora de la mañana y le prendió fuego; también se llevaron con ellos al hermano del propietario, que se encontraba allí. El lugar quedó completamente destruido.
El viernes, la fiscalía del estado de Chihuahua difundió un retrato hablado del presunto asesino de Marisela Escobedo, describiéndolo como un individuo de aproximadamente 30 años de edad, con estatura de entre 1.75 metros, tez morena clara y de complexión robusta, según datos proporcionados por testigos.
Condenaron asesinato de activista
El incidente se produce sólo horas después de que, en diversas partes de México, colectivos civiles pidieran contundentemente a las autoridades federales y de Chihuahua justicia para Marisela Escobedo, y no sólo palabras de condolencia.
La mujer recibió el jueves un disparo en la cabeza cuando se movilizaba frente a la sede del gobierno chihuahuense para protestar contra la impunidad en torno al asesinato de su hija Rubí, cuyo presunto homicida fue puesto en libertad por los jueces.
La investigación ha dictaminado que el individuo -acompañado por otros dos- hizo un primer disparo que no detonó, por lo que la víctima intentó darse a la fuga pero fue abatida por el segundo disparo. El arma utilizada fue una pistola Luger de calibre 9 milímetros.
También se confirmó que el homicida confeso de la hija de la activista, Sergio Barraza, está vinculado al crimen organizado y protegido por éste, quizás escondido en el central estado de Zacatecas.
Marisela Escobedo había encabezado diversas marchas y protestas en Ciudad Juárez y en Chihuahua para exigir al gobernador que se hiciera justicia en el caso del asesinato de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo.
Sergio Barraza Frayre había sido detenido el pasado 30 de abril, sin embargo fue puesto en libertad al poco tiempo. Ayer se suspendió a los tres jueces de Chihuahua que dictaron su liberación.
Ciudad Juárez es la urbe más violenta de México, con cerca de 3,000 asesinatos este año, fuertemente golpeada por las pandillas de delincuentes al servicio de los carteles de la droga que pelean la plaza.
Las medidas para frenar la descomposición social de la localidad han resultado un fracaso por el momento, lo que ha llevado a activistas de la ciudad y de todo el país a reclamar el fin de la violencia y la impunidad criminal.
Crimen en video
La activista fue asesinada el pasado jueves por un grupo de sicarios cuando reclamaba justicia para su hija asesinada frente a las oficinas del gobernador de Chihuahua, un crimen cuyas imágenes, tomadas por cámaras de vigilancia, fueron transmitidas una y otra vez por la televisión nacional.
Escenas tomadas por las cámaras de seguridad mostraban a los sicarios cuando descendían del auto mientras Escobedo corría por la calle hacia el edificio de la gobernación. Uno de los sicarios la persiguió y le disparó.
El asesinato despertó indignación en México. Un grupo de mujeres exigió justicia frente a la sede de la procuraduría estatal en Ciudad Juárez y el reconocido activista contra el crimen Alejandro Martí dijo que la muerte "revela que en México la víctima sufre".
El asesinato también resultó en la suspensión de los tres jueces estatales que habían liberado al principal sospechoso de la muerte de la hija de 17 años de Escobedo Ortiz, Sergio Barraza, quien ahora se presume estuvo involucrado en el nuevo asesinato.
Los investigadores creen que uno de los atacantes es Barraza, que fue absuelto del primer crimen en abril por falta de pruebas, dijo Carlos González, vocero de la procuraduría estatal.
Una ambulancia recogió a Escobedo con vida, pero la mujer murió en el hospital a poco de llegar.

Exigía justicia para su hija asesinada

Escobedo reclamaba castigo para el responsable de la muerte de su hija Rubi Frayre Escobedo, cuyo cuerpo quemado y mutilado apareció en agosto de 2008 en Ciudad Juárez, una de las ciudades más afectadas por la violencia en México, al otro lado de la frontera con El Paso, Texas.
La madre realizó varias manifestaciones y en una ocasión apareció sin ropa, envuelta en una bandera con la foto de su hija.
Hace tres días, Escobedo se plantó frente a las oficinas del gobernador César Duarte y juró no abandonar el lugar hasta que los investigadores demostraran que había avances en el caso. En una entrevista con el periódico El Diario, Escobedo dijo el domingo pasado que había recibido amenazas de muerte de la familia Barraza.
Supuesta vigilancia
El gobernador Duarte dijo que se habían asignado custodios para proteger a Escobedo, aunque lo hacían desde lejos, y que se investigaría por qué no evitaron el crimen. También pidió la suspensión de los jueces que liberaron a Barraza.
El viernes, el presidente de la corte estatal Javier Ramírez Benítez dijo que los magistrados quedaban suspendidos mientras se los investigaba. Ramírez Benítez dijo que una comisión había determinado hace unos meses que el caso de Frayre Escobedo no se manejó en forma adecuada.
La policía nunca pudo descubrir el motivo del asesinato de la menor de edad.
Los fiscales dijeron que Barraza, quien vivía con la joven y era su novio, confesó haberla matado e incluso llevó a la policía hasta el lugar donde estaba el cuerpo, pero en el juicio se declaró inocente y alegó que lo habían torturado para que confesara. Un juez falló en abril que no había pruebas materiales en su contra.
El caso es un ejemplo de los problemas del sistema judicial en el estado de Chihuahua, uno de los primeros en México que adoptan los juicios orales en lugar del sistema de interrogatorios a puerta cerrada y presentación de documentos interminables que constituyen la mayoría de los juicios mexicanos.
A pesar de haber recibido entrenamiento en los nuevos procesos, la policía y los fiscales de Chihuahua han tenido dificultades para adaptarse a un sistema que impone la carga de las pruebas a los fiscales.
Muchos casos de homicidios han sido desechados por falta de pruebas o nunca llegan a juicio. A menudo, la policía se basa exclusivamente en confesiones, que los sospechosos alegan más tarde que fueron hechas bajo coacción. Los sospechosos recién capturados en gran parte de México aparecen ante la prensa con rostros magullados.
Documentos obtenidos por The Associated Press muestran que el año pasado, cuando 2.600 personas fueron asesinadas en Ciudad Juárez, los fiscales presentaron 93 casos de homicidios pero sólo obtuvieron 19 condenas.
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