El gobierno de Obama sopesa cambiar las acciones ejecutivas por medidas discrecionales

Univision.com | Aug 25, 2014 | 7:27 AM
Por Jorge Cancino
“El problema con la discreción procesal es que ya existe y las deportaciones continúan.”
Las acciones ejecutivas que el presidente Barack Obama prometió a finales de junio, para aliviar la situación de millones de indocumentados, se convertirían en medidas discrecionales (discreción procesal) que tendrían el mismo propósito que busca la Casa Blanca y blindarían al mandatario de demandas advertidas por los republicanos. Y beneficiarían a por lo menos 5 millones de inmigrantes sin papeles.
El martes UnivisionNoticias.com reportó que las medidas podrían demorar más tiempo de lo previsto y que el presidente no dará ningún paso hasta no estar 100 por ciento seguro que no será llevado a los tribunales si usa su poder ejecutivo.
“Sé que están considerando a padres de soñadores (dreamers) que tengan hijos nacidos aquí”, dijo a UnivisionNoticias.com Eliseo Medina, uno de los principales líderes de Mi Familia Vota, movimiento que respalda la reforma migratoria. “Les van a pedir también buen historial. Espero que pase en los siguientes 30 días”, agregó el ex secretario-tesorero del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios (SEIU).
La consideración a padres de soñadores pasa por una ampliación de la Acción Diferida (DACA, por sus siglas en inglés), una medida discrecional tomada por la ex secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) Janet Napolitano el 15 de junio de 2012.
Leer: El último intento de reforma migratoria.

Obama dijo que si el Congreso no actúa sobre la crisis migratoria, él lo hará por acciones ejecutivas.

El beneficio migratorio suspende temporalmente las órdenes de deportación de jóvenes indocumentados menores de 31 años que ingresaron al país siendo niños, están en Estados Unidos de forma ininterrumpida desde el 15 de junio de 2007 y carecen de antecedentes criminales.
Desde que fue activado, el 15 de agosto de 2012, DACA ha beneficiado a poco menos de 600 mil soñadores de un total de 1.7 millones estimados por el gobierno.
“Lo más importante para nosotros es que paren las deportaciones. No hay una gran diferencia en términos del impacto legal entre acciones ejecutivas y medidas discrecionales. Y hagan lo que hagan los republicanos van a tratar de detener las decisiones. Ahora, si lo hacen desde el punto de vista de los departamentos y no del presidente, le quitan argumentos a quienes no quieren ayudar a los indocumentados”, dijo Medina.
Gustavo Torres, director ejecutivo de Casa Maryland, comentó a UnivisionNoticias.com que “si eso para las deportaciones, le damos la bienvenida”. Y agregó que “Parece ser que esa es una parte de la técnica que quiere utilizar la Casa Blanca para disminuir el efecto de la demanda por parte de los republicanos antiinmigrantes”.
A finales de julio los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron, con 225 votos a favor y 201 en contra, demandar a Obama por incumplir los plazos de la reforma sanitaria que la oposición en varias ocasiones ha intentado derogarla.

El congresista demócrata Luis Gutierrez dijo que el Obama anunciaría medidas para ayudar a indocumentados.

Los republicanos están disgustados con el uso por parte del mandatario de su poder ejecutivo en la implementación del ObamaCare, ley plagada de retrasos técnicos y que al ser implementada por fases ha sido ajustada sobre la marcha.
John Boehner (republicano de Ohio), presidente de la Cámara, dijo tras la votación de la ley que los legisladores no pueden consentir que "el presidente elija qué leyes ejecutar y cuáles cambiar".
La estrategia republicana apunta directamente a las acciones ejecutivas migratorias que Obama anunció en junio y que tomaría a finales del verano.
Una segunda ley aprobada por los republicanos prohíbe extender y ampliar el DACA, extenderlo a otros indocumentados (como el caso de los padres de dreamers) y conceder permisos de trabajo a extranjeros sin papeles de estadía legal.
No todos están contentos con el posible cambio de acciones ejecutivas a decisiones discrecionales. “Nosotros estamos esperando una medida que beneficie a los 11 millones de indocumentados”, dijo Maru Mora, vocera de Latino Advocacy, en Seattle, Washington. “Sabemos que hay grupos que hablan de cantidades menores, de grupos selectivos. Nosotros no apoyamos eso. Creemos que si amplía la Acción Diferida de esa manera cubre a todos y para las deportaciones, aunque en algún momento haya dicho que no tiene razones legales para hacerlo”.
“El beneficio también debe considerar a los niños de la frontera”, agregó la activista.
El 2 de junio Obama anunció la existencia de una crisis humanitaria en la frontera suroeste de Texas luego que la Patrulla Fronteriza había detenido 46 mil niños en lo que iba del año fiscal 2014. Un mes después la cifra se elevó a 57 mil y el gobierno aseguró que todos los menores estaban en proceso de deportación.
“Gracias a las presiones de la comunidad inmigrante el presidente actuará antes que termine el verano. Nosotros queremos que caiga la maquinaria de deportaciones”, señaló Mora.
En marzo, Latino Advocacy apoyó una huelga de hambre en el Northwest Detention Center (NWDC) de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Tacoma. El movimiento, por medio de una carta, pidió a Obama que “utilice su facultad presidencial y ordene el alto total de las injustas deportaciones que separan familias, destruyen hogares y traen incertidumbre, inseguridad e infeliz futuro de nuestros hijos, nuestros seres queridos”.
Los indocumentados presos también pidieron no ser tratados como “delincuentes de lo peor” y denunciaron haber sido privados de sus libertades “en nombre de leyes que no tienen sustento moral”, porque fueron creadas “en momentos de terror y confusión”.
“Somos gente honrada, trabajadora y pacífica que, si bien se han cometido faltas menores o administrativas, lejos están de que merezcamos el calificativo de delincuentes”, apuntaron.
En Miami, la Fraternidad Americana teme que con la amenaza republicana de demandar al presidente el gobierno no suelte el pie del acelerador y continúen las deportaciones, que en lo que va de la  Administración supera los 2 millones.
En los primeros cuatro años (2009-2012) ICE batió cuatro récords sucesivos con un promedio anual de 400 mil.
“También tememos que debamos esperar un poco más, hasta después de las elecciones, para conocer qué medidas se anunciarán. Eso nos tiene muy preocupados”, dijo a UnivisionNoticias.com Nora Sándigo, directora ejecutiva de la organización.
Sándigo tiene la representación legal de 817 niños estadounidenses de padres indocumentados. Asegura que si no se toman acciones ejecutivas inmediatas para detener las deportaciones, “todos esos niños están en riesgo de quedarse solos”.
“Estamos batallando para que decreten un alivio a las deportaciones y den permisos de trabajo por 18 meses a inmigrantes que no tienen récord criminal y que tienen tiempo en el país. Una especie de TPS”, dijo.
El TPS, al igual que DACA, es una medida discrecional tomada por el Departamento de Justicia. En la actualidad protege a unos 200 mil inmigrantes indocumentados originarios de Honduras, Nicaragua y El Salvador golpeados por desastres naturales en 1998, tras el paso del huracán Mitch, y los terremotos del 13 de enero y el 13 de febrero de 2001 en San Salvador.
“Lo que yo apoyo es que las medidas que anuncie el presidente incluyan 100 por ciento a todos los que tiene buen récord, que paguen sus impuestos y tienen hijos estadounidenses”, indicó.
La diferencia entre una acción ejecutiva y una discreción procesal parecen no ser tantas. El abogado Ezequiel Hernández, un experto en la ley de inmigración estadounidense en Phoenix, Arizona, dijo a UnivisionNoticias.com que “el problema con la discreción procesal es que ya existe y las deportaciones continúan”.
Agregó que el personal del Departamento de Seguridad Nacional “no tiene que seguirlo”, no está obligado a acatar la medida, y que si esta vez se amplía el DACA “no creo que cambie nada” y la maquinaria de deportaciones continuará funcionando.
Una medida discrecional también puede autorizar a los fiscales del DHS "reabrir casos ya decididos que puedan calificar para un cierre administrativo", explicó.
El congresista Luis Gutiérrez (demócrata por Illinois), dijo a UnivisionNoticias.com que cualquier medida que se tome en las siguientes semanas “se hará con el consentimiento de Presidente de Estados Unidos”.
Agregó que ya sea se trate de acciones ejecutivas o medidas discrecionales, de todas formas “los republicanos lo van a denunciar” pero advirtió que “lo único que el presidente debe considerar es no quién lo va a demandar, sino qué es lo justo y necesario para nuestra comunidad”.
El legislador por Illinois dijo además “todas las medidas previamente han sido llevadas al presidente”, y que si indistintamente sean tomadas por el secretario Johnson o el secretario Holder, contarán con el beneplácito y la autorización de Obama.
“Si el presidente se está preocupando por lo que los republicanos van a hacer, estamos jodidos”, indicó.
Gutiérrez agregó el ejemplo de DACA anunciado en 2012 y dijo que, aunque técnicamente lo anunció la entonces jefa del DHS, Janet Napolitano, “el responsable directo es el presidente de Estados Unidos”. Añadió que las medidas que se tomen beneficiarán a unos 5 millones de indocumentados.
La oficina del Senador Marco Rubio (republicano por Florida) dijo a UnivisionNoticias.com que “en varias ocasiones en el pasado reciente el senador ha dicho que no apoyaría las acciones ejecutivas que el presidente Obama está considerando”. Y agregó que “de hecho, desde que se anuncia el programa de DACA, ha dicho que no era la manera adecuada para lidiar con la situación de jóvenes indocumentados”.
“El Presidente ha ordenado a su equipo identificar acciones adicionales sobre las medidas que puede tomar sin el Congreso”, dijo la Casa Blanca a UnivisionNoticias.com el martes. Como parte de este proceso, ha solicitado, y sigue solicitando, la opinión de grupos y personas que representan grupos don distintos puntos de vista.
las reuniones de intercambio de información con diversos sectores representativos las encabeza un consejo político dirigido por los secretarios Johnson y Holder.
"La acción ejecutiva es un acto basado en el poder del Presidente conferido bajo la constitución", explicó Hernández. "La acción no puede violar la ley o la constitución y no es una ley, si no una política que da estructura en temas que no son claros y donde el Congreso no ha actuado, como en ste caso con la reforma migratoria", agregó.
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