Red nacional de abogados ofrece asistencia legal gratuita a indocumentados en la frontera

EFE | Aug 05, 2014 | 6:46 PM
Una red nacional de abogados se reunió para ofrecer a los indocumentados detenidos de forma temporal en Artesia, Nuevo México, representación pro bono por considerar preocupante su falta de asistencia legal.


“Los adultos con niños mantienen su derecho a un debido proceso, incluida la posibilidad de asilo.”
Una docena de abogados especializados en inmigración procedentes de Nueva York, Nevada, Minnesota y Colorado llegaron a Artesia en julio con el fin de cubrir lo que califican como una brecha en el acceso a la asistencia jurídica.

La ciudad, ubicada al sureste del estado fronterizo con México, importante por la producción de petróleo y de gas, se encuentra a más de tres horas de distancia de las zonas metropolitanas de Albuquerque, Nuevo México, y El Paso, Texas, donde se concentran los proveedores de estos servicios migratorios.
Las limitaciones que tienen las familias detenidas en estas instalaciones a conocer sus derechos preocupan a los abogados.

La llegada de miles de niños centroamericanos a la frontera sur de EEUU ya había ocurrido hace 10 años.

El centro de detención temporal en Artesia, con capacidad para 700 personas, se encuentra lleno de mujeres y niños a la espera de audiencias de deportación.
Para Olsi Vrapi, un abogado de inmigración de Albuquerque y catedrático de la Universidad de Nuevo México que ha coordinado los esfuerzos a nivel local junto con la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés), con sede en Washington, DC., el mayor problema de los detenidos es que desconocen sus derechos.

Por este motivo, dijo, los inmigrantes se ven imposibilitados a comunicar al juez su caso de "miedo fundado" o “miedo creíble”.
"Hay problemas con las condiciones en las que están viviendo estas personas, en instalaciones portátiles muy grandes, con dos o tres familias viviendo en un cuarto, con niños, que eso es un gran problema, incluso con la asistencia médica", aseguró hoy Vrapi a Efe. "Pero el mayor problema es la falta de abogados", agregó.
Afirmó que por fortuna la red ha obtenido respuesta por parte de sus colegas y que en la actualidad se han integrado varios voluntarios para atender los casos de los inmigrantes.


El abogado dijo desconocer si las condiciones de los detenidos han sido modificadas desde que visitó Artesia hasta ahora.

Pero las amenazas no lo paran, en lugar de solo ayudar a una familia, ahora quiere ayudar a muchas.

Las mujeres y menores de edad originarios de Centroamérica están siendo transferidos a Artesia desde el sur de Texas, como parte de las medidas de la administración del presidente Barack Obama para intentar combatir la percepción en el extranjero sobre el trato indulgente de los inmigrantes detenidos.
Hasta la semana pasada habían sido deportados más de 160 mujeres y niños de la instalación de Artesia.
El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha respondido a los abogados.
En un comunicado, la agencia informó que los adultos con niños mantienen su derecho a un debido proceso, incluida la posibilidad de solicitar asilo, apelar a un juez de inmigración la eventual negación de un caso por temor fundado, así como la búsqueda y la capacidad de buscar la representación legal.
"ICE es capaz de mover estos procedimientos de manera expedita, porque ha dado prioridad a estos casos y dedicado recursos de tal manera que los oficiales de asilo están en su sitio para llevar a cabo sesiones sobre el miedo fundado", señala el comunicado.
Agrega que tres jueces de inmigración están destinados a esas instalaciones para "dar prioridad a las audiencias a través de teleconferencias y todas las audiencias pueden ser escuchadas y justamente consideradas de manera expedita debido al aumento de los recursos asignados a la instalación de Artesia".
Al ver saturados los más de 90 refugios y otros lugares donde se alojan los niños en este país, miles de menores indocumentados fueron enviados a establecimientos de emergencia, acondicionados en distintas condiciones, incluidas instalaciones de bases militares.
Con la excepción de México, la Patrulla Fronteriza debe remitir a los menores no acompañados provenientes de otros países a la Oficina para la Reubicación de Refugiados (ORR) en un periodo no mayor a las 72 horas, de acuerdo a las leyes.


Mientras se resuelven sus casos en las cortes migratorias, la dependencia federal mantiene a los menores en los refugios y otras instalaciones, y busca a familiares o patrocinadores en las diferentes entidades de Estados Unidos para que se hagan cargo de ellos.
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