Inmigrantes demandan al jefe policial del condado Maricopa, Joe Arpaio

The Associated Press | Jun 19, 2014 | 8:42 AM
Una organización comunitaria y un grupo de inmigrantes arrestados en sus lugares de trabajo por la oficina del jefe policial, Joe Arpaio, interpusieron una demanda el miércoles en la que acusan a esa agencia de violar sus derechos.
“Argumentan que la oficina de Arpaio utilizó varias leyes estatales incorrectamente.”
El texto judicial afirma que las redadas de Arpaio, alguacil del condado Maricopa, para capturar a trabajadores con documentos falsos infringen la jurisdicción del gobierno federal, que tiene el poder exclusivo de implementar las leyes migratorias del país.
El litigio fue representado por abogados de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Irvine, la Red Nacional de Jornaleros y la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
The Associated Press contactó a Arpaio, quien dijo que hasta el momento no tiene conocimiento de la demanda.
"Vamos a continuar implementando las leyes en los sitios de empleo y arrestando a la gente con documentos falsos", dijo el jefe policial. "Todos relacionan esto con el tema de la inmigración ilegal y no tiene nada que ver. Hacemos esto con otra gente que no es hispana".
Arpaio dijo que recibe del estado fondos por cerca de medio millón de dólares para la implementación de este tipo de operativos, que la comunidad inmigrante identifica como "redadas".
En la demanda se pide el cese inmediato de los operativos y se exige que las autoridades borren los antecedentes penales de las personas detenidas en ellos durante los últimos cinco años.
"Quiero que me quiten los cargos", dijo Sara Cervantes, una inmigrante de 26 años que participa en la demanda.
Cervantes fue arrestada en enero del año pasado durante un operativo en un supermercado donde trabajaba con su nombre real y un número de Seguro Social falso. La inmigrante mexicana dijo a la AP que pasó cuatro meses encarcelada y separada de su hijo de cinco años.
En este momento todavía enfrenta un proceso de deportación.
"A esas personas se les ha arruinado la vida, no sólo porque pueden usar eso en su contra, sino porque ya no calificarán para una reforma migratoria o cualquier otra forma de alivio", dijo Carlos García, director de PUENTE, la organización comunitaria que también forma parte de la querella.
Los abogados demandantes argumentan que la oficina de Arpaio utilizó varias leyes estatales incorrectamente. Una de ellas convierte en un delito grave el usar documentos falsos para trabajar y lo considera como robo de identidad, mientras que la otra, conocida como Ley de Sanciones a Empleadores, tenía como objetivo penalizar de forma administrativa a los patrones que a sabiendas contraten a trabajadores no autorizados a vivir en el país.
Ray Ybarra, uno de los abogados en la demanda, dijo que varias de estas leyes tenían como fin claro ir en contra de la inmigración no autorizada, por lo cual están en conflicto con la Constitución.
"Esto que hacen no tiene nada que ver con el robo de identidad; su fin es implementar políticas de migración", dijo Ybarra.
El abogado indicó también que en muchos casos las personas que trabajan con documentos falsos los inventaron y no hay una víctima, como ocurre en el caso del robo de la información de una tarjeta de crédito.
Desde el 2008 a la fecha la oficina de Arpaio ha llevado a cabo 83 operativos en sitios de empleo que resultaron en el arresto de 782 personas acusadas de robo de identidad.
En su operativo más reciente sus policías detuvieron a nueve personas que trabajaban en la limpieza en edificios del Departamento de Transporte de Arizona, acusadas de usar documentos falsos y vivir en Estados Unidos sin autorización para ello. También se presentaron cargos penales contra uno de sus supervisores por permitirles trabajar a sabiendas de que su documentación era falsa.
"La falsificación y el uso de identificaciones falsas es un delito serio que genera asuntos graves de seguridad, especialmente cuando un establecimiento del gobierno es infiltrado por gente con identificaciones fraudulentas", afirmó Arpaio en una declaración.
La reciente demanda civil no es la primera que cuestiona la forma en la que el jefe policial se ha enfocado en combatir la inmigración no autorizada.
En mayo de 2013, el juez federal Murray Snow dictaminó que los oficiales de Arpaio discriminaron contra conductores latinos en sus operativos en vecindarios para capturar a inmigrantes no autorizados para radicar en el país.
El juez impuso la supervisión de un monitor sobre esa agencia y prohibió la detención de personas bajo el cargo de ser sospechosas de estar en Estados Unidos sin permiso.
©The Associated Press
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