¿Seguridad a costa de la libertad?

Deutsche Welle | Apr 10, 2014 | 4:27 PM

Un debate en Alemania

El fallo proveniente de Luxemburgo difícilmente podía ser más claro: el almacenamiento sin motivo concreto de datos relacionados con comunicaciones personales invade la esfera privada de los ciudadanos europeos, consideran los jueces del Tribunal Europeo de Justicia. Su decisión deja sin efecto una normativa aprobada en 2006, según la cual los Estados de la UE se obligaban a conservar por seis meses los registros acerca de quién se había comunicado con quién, y por cuánto tiempo.
“También está por aclararse qué hacer en caso de que ocurran abusos”
Una organizacón civil irlandesa, así como el gobierno de Carintia y miles de ciudadanos austríacos habían interpuesto un recurso judicial contra la regulación, por considerar que era desproporcionada.
Desde hace tiempo, el almacenamiento de datos sobre comunicaciones personales es un tema acaloradamente discutido en Alemania. El Bundestag se ocupó del tema hace unas semanas, en medio de un intenso debate.
“Desmedida e innecesaria” fue considerada la normativa por Konstantin von Notz, de Los Verdes. Jan Korte, de La Izquierda, afirmó que la medida constituye un “registro total de las comunicaciones humanas” con la finalidad de convertir a los ciudadanos en “personas de cristal”.
“Es una auténtica catástrofe para la libre comunicación como fundamento de un estado democrático de derecho”, añadió Korte, expresando con ello lo que piensan muchos activistas por la privacidad y muchos especialistas del derecho constitucional.
“No se trata de observar a los ciudadanos, sino de combatir el crimen”, argumentan, por el contrario, defensores de la normativa. “Sin almacenamiento de datos solo se podrá esclarecer un número claramente menor de delitos”, dice el diputado Patrick Sensburg, de la Unión Cristiana Demócrata (CDU).
Pornografía infantil, homicidios y atentados terroristas son mencionados por Sensburg como algunos ejemplos de los crímenes que podrían ser combatidos de mejor forma con el almacenamiento de datos privados. El legislador habla de un “almacenamiento preventivo”, concepto que cuenta con el apoyo de diversas autoridades encargadas de la seguridad. Pero la utilidad real de esta información en el combate contra la criminalidad es otro tema que causa polémica.
Unidos en el escepticismo
El Tribunal Constitucional de Alemania, con sede en Karlsruhe, argumentó de manera similar al Tribunal Europeo de Luxemburgo cuando, en 2010, invalidó una ley emitida en 2008, en la cual se establecía un plazo de seis meses como duración para el almacenamiento de datos.
Desde entonces no está claro cuánto tiempo deben guardar las empresas de telecomunicaciones los datos. Pero Alemania no es el único país en el cual la normativa europea ha causado problemas. En la República checa y Rumania, normas correspondientes a este tema también han sido declaradas anticonstitucionales.
Los partidos conservadores CDU y CSU consideran inaceptable la incertidumbre jurídica que rodea al almacenamiento de datos en Alemania. En el acuerdo de gobierno, los integrantes de la Gran Coalición se compromtieron a resolver esta cuestión lo antes posible. Pero no parece haber mucha prisa del lado socialdemócrata, acaso porque entre sus propias filas existen voces críticas a la práctica de almacenar datos personales.
El fallo de Luxemburgo podría ser el disparo de salida para un auténtico debate sobre el tema dentro del gobierno germano.
Recurso impresindible
No obstante la controversia, el político conservador Hans-Peter Uhl (CSU) considera que el almacenamiento de datos es un recurso imprescindible. Él considera posible cambiar algunos detalles, por ejemplo, cuánto tiempo deben mantenerse almacenados los datos. “Pero sería totalmente equivocado desecharlo”, dice Uhl, por lo cual da por sentado que habrá un pronto acuerdo al respecto.
El jurista Georg Jochum coincide en que algunos aspctos de la norma son perfectibles. Para él, lo esencial consiste en determinar qué se hace con los datos recabados: “¿Puede la Oficina de Protección Constitucional simple y sencillamente consultarlos, o necesita una orden judicial?”, se pregunta el especialista. “También está por aclararse qué hacer en caso de que ocurran abusos. ¿Cómo puedo documentar un caso así? ¿Puedo reclamar indemnización? Son preguntas que los legisladores deben aclarar”, dice.
Jochum considera que, debido a la naturaleza transnacional del crimen organizado, en este caso lo más conveniente sería legislar a nivel europeo. Al mismo tiempo, deben tomarse en cuenta el marco jurídico y las diferentes culturas de los paises de la UE. “Naturalmente, hay una diferencia entre un entorno en el cual hay altos estándares en cuanto al Estado de derecho, como por ejemplo, en lo que respeca a la autonomía del Poder Judicial, y casos como el de Hungría, donde tales condiciones no necesariamente se cumplen del todo.
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