José Susumo, el magnate mexicano perseguido por los escándalos

Univision.com | Feb 13, 2014 | 8:04 PM

Por Gerardo Reyes

De ordinario, los grandes escándalos de corrupción en México cumplen con un itinerario inexorable: empiezan en ligas menores, a nivel estatal o municipal, donde llaman poco la atención, luego se exhiben en el Distrito Federal con más fanfarria y finalmente cruzan las fronteras y se ganan la atención internacional.
“José Susumo Azano, el empresario mexicano japonés que está en el centro de un escándalo de contrib”
José Susumo Azano, el empresario mexicano japonés que está en el centro de un escándalo de contribuciones políticas en San Diego, California, ha hecho las tres escalas. Empezó en su tierra natal, Guadalajara, donde lo acusaron de obtener contratos por la vía del favoritismo; siguió en la capital donde lo pusieron en la picota por lo mismo, pero en un negocio mucho más lucrativo y secreto, y ahora aparece como el donante ilegal de campañas locales del sur de California para poner alcaldes, cambiar a un director de la policía y allanar el camino para convertir a San Diego en una copia de Miami en la costa oeste.
Su nombre surgió a raíz de una acusación criminal abierta el pasado 21 de enero en la Corte del Distrito Sur de California contra el autoproclamado gurú de la política por internet, Ravneet Singh, el ex policía de San Diego, Ernesto Encinas y el cabildero Marco Polo Cortés. Todos están acusados de confabularse en un ardid con el que pretendían ocultar el origen de más de $500 mil en donaciones ilegales. En Estados Unidos están prohibidas las donaciones electorales de personas extranjeras.
Las donaciones provenían de un extranjero no identificado por la acusación pero luego, por coincidencias descubiertas por la prensa y la confirmación de la fiscalía, quedó claro que se trataba de Susumo, quien vive en la isla de Coronado, San Diego.
Este empresario que se identifica como "arquitecto" frente a su firma en los contratos privados, ha acumulado no sólo una gran fortuna sino todas las condiciones para convertirse en un blanco perfecto de la curiosidad inquisitiva de medios y autoridades: ha probado que tiene una efectiva influencia entre políticos y militares de alto rango en México; se mueve en el sinuoso mundo de la inteligencia privada como un gran proveedor de equipos de interceptación de comunicaciones con conexiones con Israel; viaja en costosos aviones ejecutivos de su propiedad, y su hijo es conocido por repartir dinero a manos llenas en discotecas y casinos de Las Vegas.
En una de sus rumbas el año pasado en la discoteca TRYST de Las Vegas, Su-su, como se hace llamar el joven, se gastó $130 mil dólares, de los cuales $90 mil fueron para pagar una botella de 15 litros de Ace of Spade Rose Champagne y otra buena suma en propinas para el rapero Jermaine Dupri que se presentaba esa noche, según la publicación TMZ.
En entrevista con Univisión el periodista mexicano Raymundo Riva Palacios, quien le ha seguido los pasos a Susumo, señaló que el empresario es reconocido en el mundo de los servicios de inteligencia y cuenta con la bendición de Seguridad Nacional (Homeland Security) de Estados Unidos.
"Tiene una oficina donde está su gran corporativo internacional en la Torre Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo. Dubái es un hub de este tipo de negocios", explicó Riva Palacios.
No dejar rastros es una virtud de la que Susumo se precia. En una de las pocas entrevistas que ha concedido, Susumo reconoció la ventaja de operar en la sombra con su empresa insignia Security Tracking Devices S.A. de C.V., o STDiS.
"Mientras que nuestras vidas giran en torno a saltos tecnológicos, Stdi permanece a la vanguardia de estos avances, manteniendo una presencia constante detrás de bastidores", explicó Susumo a PRWeb Newswire.
Primer escala
Basándose en documentos judiciales, entrevistas y artículos periodísticos, Univisión reconstruyó la trayectoria de este empresario nacido el 25 de agosto de 1965 en Guadalajara, hijo de Susumo Azano Moritani, fundador del Grupo Azano.
El grupo ha incursionado en negocios variados. En 1990 fue contratado para la construcción de la planta de ATT en Guadalajara. Algunos defectos en la construcción se ventilaron en los medios. Pero quizás el gran impulso financiero se lo dio a la empresa una serie de contratos para la fabricación de placas para automóviles. La empresa familiar Ami Mexicana, creada en 1989, se ganó en 1995 un contrato para fabricar las placas de los vehículos de Jalisco.
La adjudicación del contrato fue objeto de una queja por favoritismo presentada ante la Contraloría de por la firma competidora Waldale Manufacturin Limited. A estas alturas lo único que se sabe de Susumo es que contrajo matrimonio con una muchacha de 15 años, según documentos públicos de Estados Unidos.
A juzgar por un proceso de separación, Susumo nunca le contó del anterior matrimonio a su siguiente esposa, Nancy Vásquez, con quien se casó en 1995. Vásquez le hizo el reclamo pero Susumo no dio explicaciones y se separó.
Mientras la familia fabricaba placas, Susumo montó su empresa de equipos de espionaje y la registró en agosto de 1998 en Guadalajara, señalando como domicilio una dirección en la Colonia Villa de la Hacienda.
En 2002 la familia Azano recibió la buena noticia de que el gobierno había adjudicado otro contrato de placas. Y de nuevo surgieron problemas. Según el periodista Pedro Mellado, quien cita al periódico Mural, las placas se elaboraron a sobreprecio y con un color que impedía la legibilidad de la matrícula. No se trataba de un negocio parroquial. El censo de 2006 registraba más de 2.8 millones de vehículos en el estado.
Pero estos antecedentes problemáticos no fueron obstáculo para que en enero del año pasado el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, del Partido de Acción Nacional (PAN), entregara a otra empresa de la familia, sin concurso, un nuevo contrato de placas. En este caso la empresa favorecida, según la revista Proceso, fue Diseño e Impresos de Seguridad, SA de CV, de Job Saburo Azano Matsura, hermano de Susumo.
Apuesta judicial
Riva Palacios sostiene que Susumo "es considerado uno de los mayores apostadores de Las Vegas". Esa pasión podría explicar la razón por la que el empresario le apostó a una compleja batalla judicial entre Estados Unidos y México: es el caso de Sempra Energy, una compañía de California que explota un terminal de gas al norte de Ensenada, Baja California, con capacidad para convertir en gas líquido un promedio de 1,000 millones de pies cúbicos de gas natural al día. La empresa abastece toda la costa oeste de Estados Unidos.
Susumo hizo la apuesta en 2008 en forma de instrumento jurídico. Suscribió un acuerdo privado en el que se comprometió a sufragar los gastos de un litigio civil contra Sempra Energy iniciado por un hacendado de Ensenada para recuperar unas tierras. El acuerdo estipula que de ganarse el pleito, en una corte federal de San Diego, Susumo se quedaría con el 55 por ciento de la indemnización y con el 66 por ciento de la propiedad que se recupere.
El afectado, Ramón Eugenio Sánchez Ritchie alega que Sempra se apropió en forma fraudulenta de lotes que él poseía en Ensenada para construir la terminal de gas. Dice que Sempra pagó a falsos propietarios el valor de los terrenos y ordenó su desalojo del lugar violentamente en una acción en la que su hija resultó herida.
Varias instancias judiciales de México fallaron a favor del ranchero y ordenaron el reintegro de la propiedad, pero él ahora argumenta que no puede usarla porque está situada en una zona de peligro de contaminación cercana a la planta y el rancho fue derribado con buldózeres.
La empresa de gas Sempra no sólo rechazó esas acusaciones sino que en septiembre del año pasado respondió con una explosiva contrademanda en la que acusó a Sánchez y a Susumo de pagar sobornos a funcionarios mexicanos para obtener algunas de las decisiones favorables.
Aunque se trata de una demanda civil, el juez del caso podría dar traslado a la fiscalía de los alegatos para que abra una investigación criminal, lo cual no parece haber ocurrido.
Los socios "se involucraron en varios actos individuales de soborno como parte de su acuerdo" afirma la demanda presentada por el abogado de Sempra Energy, Mark Zebrowski.
De acuerdo con el abogado, un fiscal mexicano, quien se negó a recibir un soborno, aseguró que se había enterado, a través de quien le hizo la oferta, que un juez de Ensenada recibió como adelanto $60,000 y luego obtendría otro tanto por un fallo a favor de Sánchez.
Pero las cosas se complicaron a raíz de que el abogado que representa a Sánchez en México, Omar Paz Arellano, le advirtió a un abogado de Sempra que su equipo "soltaría dos bombas" contra la filial de la empresa norteamericana en México, afirma la contrademanda. Todo indica que esta expresión fue entendida literal y no figurativamente, y los abogados en Estados Unidos consideraron que el FBI debía saberlo.
De acuerdo con el diario mexicano 24 Horas, el FBI abrió una investigación contra Susumo y Sánchez y elaboró un reporte en el que sostuvo que "se cree que Susumo es un hombre muy peligroso". En el documento se hacer referencia a la amenaza de una bomba "de Nagasaki" contra la instalación de la empresa.
De todos los alegatos y los testimonios de oídas citados en la contrademanda de Sempra, hay un indicio que parece ser el más convincente: la copia de un giro de $2 millones de dólares que habría llegado al bolsillo del entonces alcalde de Ensenada, Enrique Pelayo Torres.
La constancia de la transferencia del dinero, que fue aportada al expediente indica que el pago se hizo el 25 de enero a una cuenta del J.P Morgan Chase en Colorado, California, a nombre de Enrique Pelayo Navarro, hijo del alcalde. En entrevistas con medios locales, el alcalde reconoció que compartía esa cuenta con su hijo pero añadió un detalle que le puso un toque de ironía al episodio: según Pelayo la cantidad que debía recibir era dos millones de pesos mexicanos y no de dólares. Por ello devolvió la diferencia.
Según los abogados de Sempra, el alcalde admitió que el dinero venía de Susumo aunque no aportaron al proceso esa declaración. Pelayo fue detenido a fines de diciembre del año pasado por autoridades estatales y miembros del ejército mexicano cuando se disponía a cruzar la frontera de México por la garita de San Isido, hacia Estados Unidos, para celebrar el nuevo año. Fue acusado de desvío de recursos, malversación de fondos y enriquecimiento ilícito en relación con otros casos.
Segunda escala
Susumo subió a las ligas mayores cuando se filtraron documentos a la prensa que mostraban que su empresa de equipos de espionaje había sido favorecida con un contrato de unos 275 millones de dólares por parte de la Secretaria de Defensa de México (Sedena).
La periodista Carmen Aristegui ofreció los primeros detalles de cinco contratos firmados con Susumo para el suministro de programas con capacidad para interceptar correos electrónicos y llamadas telefónicas. Los primeros contratos se firmaron en marzo de 2011. A medida que surgían detalles de la negociación y del alcance de los equipos de espionaje, emergía la figura de quien habría apadrinado el contrato en Sedena: el general Augusto Moisés García Ochoa, quien creó en 1996 el Centro de Inteligencia Antinarcóticos. En esta posición se convirtió en un enlace con Estados Unidos. García Ochoa aparece firmando los contratos en nombre de Sedena.
Los periodistas cuestionaban el valor del contrato y el hecho de que se hubiera adjudicado sin licitación. Pero ambos argumentos no tenían un sustento muy sólido. Lo del sobreprecio lo basaban en publicaciones en Israel, no citadas. Lo segundo chocaba con el argumento de que por tratarse de aparatos de espionaje, el ejército puede obviar el concurso público.
En el gobierno mexicano nadie respondió a los cuestionamientos de los contratos. Cuando los medios revelaron los detalles, ya la carrera del general García Ochoa había caído en desgracia por cuenta de otro escándalo: un artículo del New York Times afirmó que el gobierno de Estados Unidos sospechaba de que tuviera vínculos con el narcotráfico.
Fuentes anónimas dijeron al diario que además el Pentágono se quejaba de que el general había hecho mal uso de los suministros militares y malversado dinero de contratos multimillonarios de defensa. Garcia Ochoa rechazó los señalamientos, pero no se conoce ninguna acción judicial contra el diario estadounidense.
Tercera escala
La idea de Susumo de mantenerse tras bastidores sufrió otro revés en enero de este año, luego de que fue identificado como el generoso donante extranjero de campañas de San Diego en una denuncia criminal en la Corte del Distrito Federal del Sur de California.
Se trataba de un encausamiento sin antecedentes en la historia judicial de Estados Unidos pues es la primera vez que las autoridades alegan en una corte criminal la existencia de contribuciones ilegales a un Super PAC, (comité independiente).
Los Super PACs surgieron en 2010 a raíz de una decisión de la Corte Suprema de Justicia que fue muy criticada porque muchos aseguraban que por la falta de límites y controles estrictos serían instrumentos fáciles para hacer contribuciones ilegales o de origen desconocido. Por esa razón, como lo explica el periodista de Foreing Affairs, John Hudson, el caso de Susumo se sigue con atención en Washington.
Pero la importancia de la acusación no solo se deriva del tema sino de los protagonistas. Según la investigación federal, que contó con la colaboración de informantes confidenciales, el tinglado para ocultar el origen del dinero se montó de la siguiente manera: Susumo empezó a interesarse en ejercer alguna influencia en las elecciones locales alrededor de 2011 cuando le pidió a Encinas, el ex policía y detective de Los Angeles que trabajaba como su guardaespaldas, que se pusiera en contacto con representantes de campañas para estudiar la manera de canalizar contribuciones. Los representantes le informaron al ex policía que no era posible recibirlas porque venían de un extranjero.
Fue entonces cuando Susumo y su gente empezaron a buscar atajos secretos para eludir los controles. En febrero del año siguiente Susumo contacto al gurú político Singh, un festivo consultor graduado en ciencias en la Universidad de Valparaiso que se hizo famoso en Estados Unidos al ganar una batalla para que el ejército le permitiera graduarse con turbante.
Singh es presidente de Electionmall, una compañía de consultoría en Estados Unidos que ofrece servicios de promoción de campañas en las redes sociales y recaudación de fondos. Su misión, dice el sitio es, "promover la democracia alrededor del mundo". Singh asesoró a los presidentes Alvaro Uribe y Juan Manuel Santos en sus campañas y tiene oficinas en Bogotá.
Susumo le pidió a Singh que canalizara 100 mil dólares para la campaña de la candidata republicana Bonnie Dumanis a la alcaldía de San Diego. Dumanis, quien hoy es la fiscal de distrito de San Diego, recibió el dinero, pero los votos no le alcanzaron para llegar a la segunda vuelta de las elecciones.
A través de una empresa basada en México, Susumo pagó 100 mil a Singh con los que el gurú supuestamente financió varias campañas publicitarias a favor de Dumanis. Tres meses después Encinas ayudó a su patrón mexicano a crear un PAC para hacer una nueva contribución a Dumanis. El propio ex policía invirtió tres mil dólares mientras que Susumo le inyectó 100 mil. Según la acusación, la suma fue tramitada a través de una empresa de fachada en Estados Unidos de tal forma que el ciudadano mexicano no apareciera en los registros del comité.
Esa empresa mexicana fue identificada mucho antes de la acusación por el semanario San Diego CityBeat, lo que se convertiría en el primer campanazo para alertar a los investigadores federales sobre el papel del oscuro empresario mexicano en la campaña de la candidata a la alcaldía.
Un artículo de David Maas del 23 de mayo, aseguró que la empresa de Susumo, Airsam N492RM, había donado 100 mil dólares a Dumanis. El artículo fue citado, sin mencionar el periódico, por la acusación criminal.
Según registros consultados por Univisión, el nombre de la empresa coincide con una matrícula de un avión Learjet y con otra sociedad creada en Miami en 2008 bajo el nombre N492RM LLC. En esta última figura como gerente el político y empresario aeronáutico mexicano Gustavo Jiménez Pons, quien fue candidato a la gobernación del Distrito Federal. Jiménez Pons fue arrestado en México por cargos de fraude en 2006.
Al ser interrogado por el San Diego City Beat, Kevin Spillane, quien manejaba el PAC de Dumanis dijo que si bien Susumo no era ciudadano, la empresa sí podía contribuir porque tenía “green card’’, lo cual no es correcto, según lo anotaría luego la denuncia criminal.
Susumo puso después la mira en un segundo candidato, que no fue mencionado por su nombre, pero que, de nuevo, lo medios identificaron por las circunstancias descritas en la acusación como el congresista demócrata Juan Vargas. Esta vez el modus operandi fue diferente. Susumo depositó en octubre dinero a nombre de un testaferro identificado como Marc Chase, un vendedor de automóviles lujosos de La Jolla (Symbolic Motor Car) que se codea con el jet-set y ha hecho contribuciones a fundaciones caritativas.
Susumo le entregó un cheque de 380,000 dólares. El testaferro lo depositó en una cuenta bancaria suya y de allí distribuyó los fondos a otras. De una de esas cuentas hizo un giro a nombre de un PAC ligado al candidato.
Con otro sistema similar, Susumo logró colar unos 150 mil dólares en la campaña de un tercer candidato, en este caso para la alcaldía de San Diego en las elecciones de 2012. Tampoco fue identificado en la acusación, pero los medios coincidieron que es el ex alcalde Bob Filner. Un cuarto candidato, identificado como el asambleísta Nathan Fletcher, a quien el grupo de Susumo le hizo el abordaje, se negó a aceptar la colaboración económica.
¿Pero qué buscaba el empresario mexicano japonés con estos juegos electorales?
La denuncia arroja luces en solo uno de los motivos. Susumo quería que si el candidato número cuatro era elegido, despidiera al director de la policía Bill Lansdowne y lo reemplazara por uno que escogiera Encinas. El escogido sería una persona menos estricta con el tema de las limitaciones del consumo del alcohol y las licencias de funcionamiento de sitios nocturnos. Aparentemente esta era una petición que favorecería más a Encinas que a su jefe pues el ex policía de 57 años es consultor de seguridad de sitios bares y discotecas de la ciudad que tienen que lidiar con limitaciones y sanciones relacionadas con el licor.
En una de las audiencias sobre el caso, el fiscal encargado de la acusación Timothy Perry arrojo más luces sobre los planes de Susumo. Perry aseguró que el motivo principal detrás de todo este ardid era ganar influencia política facilitar la puesta en marcha de proyecto de convertir el área de la bahía de San Diego en una versión de Miami.
Si el mexicano soñó con este proyecto, escribieron los periodistas de The San Diego Union Tribune, lo hizo desde el lujoso apartamento de cinco habitaciones de Hollywood Beach, Florida, situado en una torre Trump de 41 pisos. El edificio cuenta con cava de vinos y un recinto para fumar cigarros.
Hoy no se conoce el paradero de Susumo. En algún lugar del mundo debió recibir la noticia de que las autoridades de México ahora quieren saber cuál es su relación con el empresario Carlos Ambe Buzali quien fue arrestado en ese país hace dos semanas bajo cargos de fraude tributario y presunto lavado de dinero.
A Buzali se le atribuye haber creado una red de empresas bajo la firma Comercializador Pite que expedían facturas presuntamente falsas y devolvían a sus clientes el ochenta por ciento del dinero. Según la acusación, Buzali recibió dinero de Security Tracking Devices, la empresa de Susumo.
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