Los puntos destacados del informe de HRW sobre América latina

Univision.com | Jan 21, 2014 | 8:09 AM
El informe de HRW para el año 2013 repasa la situación en los países de América latina. De Argentina a Venezuela, pasando por México, Colombia y Perú. Aquí los puntos más destacados del informe presentado hoy en Washington.
“Muchas mujeres y jóvenes de Bolivia están expuestas a un alto riesgo de violencia de género.”
Argentina
“En 2013, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner consiguió la aprobación de legislación que limitó gravemente la independencia judicial, si bien la Corte Suprema de Justicia posteriormente anuló algunas de las disposiciones principales. Existe actualmente en Argentina un debate intenso y amplio pero progresivamente polarizado entre el gobierno y sus críticos. Sin embargo, el gobierno de Fernández ha aplicado sanciones a personas por publicar estadísticas extraoficiales de inflación que no coinciden con las oficiales, y no regulado la distribución de fondos públicos destinados a publicidad oficial”.
“Entre otros aspectos preocupantes de derechos humanos que aún subsisten se incluyen abusos policiales, las deficitarias condiciones carcelarias, torturas y la falta de protección de derechos indígenas.Argentina continúa logrando avances significativos en materia de derechos de LGBT y en el juzgamiento de abusos cometidos durante el “terrorismo de estado” (1976- 1983), si bien hubo demoras en algunos de los procesos”.
La reforma judicial que emprendió Kirchner buscaba “limitar la capacidad de las personas de solicitar medidas cautelares contra actos gubernamentales, y otro que otorgaba al partido gobernante una mayoría automática en el Consejo de la Magistratura, el organismo que se ocupa de la selección de jueces y de iniciar procesos de destitución, lo cual otorga al partido en el gobierno de turno una serie de facultades que atentan contra la independencia judicial”.
Otro temaEn agosto de 2013, Cristina Kirchner “acusó a los medios de hacer uso de “balas de tinta” para “derrocar gobiernos populares”. El secretario general de la presidencia calificó de “sicario mediático” a un periodista que transmitió una serie de programas televisivos sobre presuntos actos de corrupción que implicaban al gobierno”.
Bolivia
“Los problemas que han afectado históricamente al sistema de justicia penal de Bolivia, como el uso arbitrario y extendido de la prisión preventiva y largas demoras en los procesos, socavan los derechos de los acusados y profundizan la grave sobrepoblación que existe en las cárceles. Persiste la impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen autoritario que gobernó al país de 1964 a 1982”.
“El gobierno del Presidente Evo Morales continuó profiriendo agresiones verbales contra la prensa, y acusó a periodistas de tendencia crítica de faltar a la verdad motivados por intereses políticos.Tras las protestas públicas que se produjeron luego del resonado asesinato de varias mujeres, el gobierno sancionó en marzo de 2013 una ley integral para combatir la violencia de género”.
“La ampliación de los períodos de prisión preventiva y las dilaciones en los juicios han agravado la sobrepoblación en las cárceles de Bolivia. Hasta septiembre de 2013, el gobierno informó que había 14.770 internos alojados en cárceles con capacidad para menos de 5.000”.
Otro tema“Numerosas mujeres y jóvenes de Bolivia están expuestas a un alto riesgo de violencia de género. Según estadísticas policiales informadas por la prensa, en 2012 hubo más de 140 asesinatos de mujeres en episodios de violencia de género, y se presentaron miles de denuncias vinculadas con estos hechos”.
Chile
“El gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha adoptado medidas importantes para fortalecer los derechos humanos. Desde septiembre de 2010, puso fin a la jurisdicción de los tribunales militares para juzgar a civiles, reformó algunas de las secciones más cuestionables de la ley antiterrorista y promulgó una ley que contempla resarcir a personas LGBT que sufren discriminación”.
“Sin embargo, la legislación actual continúa permitiendo que los casos de violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por carabineros (policías encargados de mantener el orden público y prevenir delitos) queden sujetos a la jurisdicción militar, y se siguen aplicando de manera arbitraria las imprecisas disposiciones de la ley antiterrorista. En ocasiones la policía se excede en el uso de la fuerza al responder a protestas públicas”.
“Si bien la justicia continúa juzgando a personas por abusos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en numerosos casos la Corte Suprema de Justicia ha aplicado sus facultades discrecionales para reducir las penas contra quienes han cometido violaciones de derechos humanos, y esto ha permitido que se dicten condenas que no guardan relación con la gravedad de los delitos. El aborto continúa estando prohibido en todas las circunstancias, incluso cuando el embarazo supone un riesgo para la vida de la madre”.
Otro tema“Chile es uno de los cuatro únicos países de América Latina (los otros tres son El Salvador, Honduras y Nicaragua) que prohíben el aborto de manera absoluta, incluso en casos de necesidad médica o violación sexual”. En abril de 2012, el Senado rechazó tres proyectos de ley que proponían legalizar el aborto cuando exista riesgo para la vida de la madre o inviabilidad del feto. En noviembre de 2013, dos nuevos proyectos legislativos de legalización del aborto aún se debaten en la Cámara de Diputados y el Senado.
Colombia
“Durante 2013, en el marco del conflicto armado interno colombiano se siguieron cometiendo graves abusos por parte de grupos armados irregulares como las guerrillas y los grupos sucesores de paramilitares. Más de 5 millones de colombianos han sido desplazados internamente, y cada año al menos 150,000 personas siguen abandonando su hogar, lo cual ha generado la segunda población más grande del mundo de desplazados internos. Es común que defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos, y líderes de desplazados sean víctimas de amenazas de muerte y otros abusos. Si bien el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos ha repudiado insistentemente las amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos, son muy pocos los casos en que los responsables de estos actos son llevados ante la justicia”.
“El gobierno de Santos ha adoptado diversas medidas que frustran la posibilidad de rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos. El gobierno impulsa reformas constitucionales en materia de justicia transicional y el sistema de justicia penal militar que podrían asegurar que abusos aberrantes cometidos por las guerrillas, los paramilitares y las fuerzas militares queden impunes. En procedimientos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno negó que las fuerzas armadas hubieran participado en atrocidades por las cuales en la justicia nacional ya habían sido condenados varios militares”.
Otro tema “La violencia de género es un problema generalizado en Colombia. La falta de capacitación y la implementación deficiente de protocolos generan obstáculos para las mujeres y niñas que procuran recibir atención médica luego de hechos de violencia, y como resultado las víctimas pueden enfrentar demoras en el acceso a servicios médicos básicos. Los responsables de delitos de violencia de género pocas veces son llevados ante la justicia”.
Cuba
“En 2010 y 2011, el gobierno de Cuba liberó a decenas de presos políticos a cambio de que aceptaran exiliarse. Desde entonces, han sido menos frecuentes las penas de prisión prolongadas contra disidentes y se han relajado las draconianas restricciones para viajar que mantenían divididas a familias e impedían que críticos pudieran salir del país y regresar a la isla”.
“No obstante, el gobierno cubano continúa reprimiendo a personas y grupos que critican al gobierno o reivindican derechos humanos fundamentales. Los funcionarios aplican una variedad de tácticas para castigar el disenso e infundir temor entre la población, incluidas golpizas, actos de repudio, despidos y amenazas de largas penas de prisión. En los últimos años se incrementó vertiginosamente la cantidad de detenciones arbitrarias por períodos breves, que impiden que defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas puedan reunirse o trasladarse libremente”.
“El gobierno continúa aplicando detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a personas que ejercen sus derechos fundamentales. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional —una organización de derechos humanos independiente que el gobierno considera ilegal— recibió más de 3.600 denuncias de detenciones arbitrarias entre enero y septiembre de 2013, en comparación con las cerca de 2.100 recibidas en 2010”.
Otro tema “Los cubanos que critican al gobierno se enfrentan a la posibilidad de ser procesados penalmente. No se les reconocen las garantías de debido proceso, como el derecho a ser oídos de manera pública y justa por un tribunal competente e imparcial. En la práctica, los tribunales están “subordinados” al poder ejecutivo y el legislativo, lo cual excluye la posibilidad de independencia judicial genuina”.
Ecuador
“Tras ser reelegido para un tercer mandato en febrero de 2013, el Presidente Rafael Correa promulgó en junio una nueva Ley de Comunicación que, con disposiciones poco precisas, regula a los medios audiovisuales y escritos de un modo que cercena la libertad de prensa. Es común que el gobierno de Correa ataque públicamente a periodistas y propietarios de medios de comunicación. Los fiscales aplican disposiciones sumamente amplias sobre delitos de terrorismo y sabotaje a críticos del gobierno que participan en actos públicos de protesta. Otros problemas que persisten son las restricciones poco precisas que afectan a organizaciones de la sociedad civil, y la existencia de procedimientos de solicitud de asilo que no ofrecen las garantías estrictas exigidas por las normas internacionales. Ante la imposibilidad de obtener abortos lícitos, algunas víctimas de violación sexual recurren a abortos ilegales e inseguros que ponen en riesgo su vida y su salud”.
Otro tema“El Código Penal contiene disposiciones excesivamente amplias sobre sabotaje y terrorismo, que en numerosas oportunidades han sido aplicadas indebidamente por fiscales contra quienes participan en actos públicos de protesta y otras convocatorias. En la categoría de actos de terrorismo en Ecuador se incluyen delitos definidos de manera sumamente imprecisa, como los “delitos contra la seguridad común de las personas o de grupos humanos de cualquiera clase o de sus bienes”, cometidos por individuos o grupos “armados o no”. La pena prevista para estos delitos es de cuatro a ocho años de prisión”.
“Los fiscales también han formulado otras graves acusaciones contra participantes en protestas públicas, que no guardan proporción con los actos que supuestamente cometieron. En febrero de 2013, 12 estudiantes fueron acusados del delito de rebelión, para el cual se prevén penas de hasta seis años de prisión, por su presunta participación en incidentes violentos durante una manifestación en Quito en repudio a la decisión de cambiar el nombre a la universidad a la cual asisten”.
Guatemala
“El ex líder guatemalteco Efraín Ríos Montt fue condenado en mayo de 2013 por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Se trata del primer caso en que se condena por genocidio a un jefe de Estado en los tribunales nacionales. Sin embargo, la sentencia fue anulada por razones procesales pocos días después, y está previsto que comience un nuevo juicio en enero de 2015”.
“El Ministerio Público ha conseguido avances en otros casos importantes de derechos humanos, aunque los niveles de impunidad continúan siendo graves. El mandato de la Comisión Internacional de las Naciones Unidas contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que desde 2007 apoya acciones de investigación y juzgamiento de la delincuencia organizada, se amplió por dos años en septiembre. El Presidente Otto Pérez Molina ha señalado que este será el último período de la comisión. Pérez Molina ha continuado ampliando el rol de las fuerzas armadas guatemaltecas en los operativos de seguridad pública, a pesar de su preocupante historial en material de derechos humanos”.
“En junio de 2013, Guatemala fue sede de la 43 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, donde el principal tema de debate fue la reforma de políticas sobre drogas. El gobierno de Pérez Molina ha adoptado un rol de liderazgo en la promoción de enfoques alternativos con respecto a la política sobre drogas, y ha señalado que la regulación de su comercialización y la admisión de un nivel limitado de consumo y producción lícitos de narcóticos podrían reducir los hechos de violencia y abusos vinculados a la delincuencia organizada”.
Otro tema“Un informe de 2013, elaborado por el gobierno con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, determinó que la proporción de niños que trabajaban pese a no haber cumplido la edad mínima laboral de 14 años estipulada por la legislación guatemalteca se había reducido en más de un tercio entre 2000 y 2011. La cifra se situó en un nivel próximo a 300.000, lo que equivale al 11 por ciento de los menores que tienen entre 7 y 13 años. El 21 por ciento de estos niños realizaban tareas que el gobierno considera peligrosas. La explotación de niños en el turismo sexual, la pornografía y la delincuencia organizada constituye un problema extendido en el país”.
Honduras
“Existen en Honduras gravísimos índices de criminalidad e impunidad por violaciones de derechos humanos. El índice de homicidios, que aumentó consistentemente en la última década, fue el más alto a nivel mundial durante 2013. Los responsables de asesinatos y otros delitos violentos pocas veces son llevados ante la justicia. La actuación de las instituciones a cargo de la seguridad pública sigue siendo en gran medida ineficaz y ha estado asociada con numerosos señalamientos de corrupción y abusos, mientras que las iniciativas que procuran reformar estas fuerzas no han conseguido avances importantes”.
“Entre las personas más vulnerables a ataques se encuentran periodistas, activistas campesinos y personas LGBTI. Aun así, el gobierno no juzga a los responsables ni brinda protección a quienes se encuentran en riesgo. Tras despedir arbitrariamente del cargo a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2012, el Congreso sancionó una ley que habilita a este poder a destituir jueces y al fiscal general, una medida que profundiza el debilitamiento de la independencia judicial y fiscal”.
Otro tema“Más de 90 personas han sido asesinadas en los últimos años en relación con controversias de tierras en la región del Bajo Aguán, la mayoría de ellas a partir de 2009, conforme indica un informe publicado en marzo de 2013 por el CONADEH, y muchas más han sido víctimas de ataques y amenazas. Las controversias a menudo enfrentan a empresas agroindustriales internacionales y organizaciones campesinas que reclaman ser legítimas propietarias de tierras transferidas tras una reforma de la ley agraria del país. Si bien la mayoría de las víctimas han sido campesinos, también guardias de seguridad fueron asesinados o sufrieron lesiones. Ninguna de las investigaciones sobre los asesinatos relevados en el informe del CONADEH ha dado lugar a una condena”.
México
“Al asumir en diciembre de 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto reconoció que la “guerra contra el narcotráfico” iniciada por su predecesor, Felipe Calderón, había propiciado graves abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad. A comienzos de 2013, el gobierno indicó que más de 26.000 personas habían sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas desde 2007 —un problema que calificó como una “grave crisis humanitaria”— y promulgó una ley integral destinada a asegurar los derechos de las víctimas”.
“No obstante, el gobierno ha obtenido pocos avances en el juzgamiento de numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetrados por soldados y policías en el marco de acciones contra la delincuencia organizada, incluso durante la presidencia de Peña Nieto. El sistema de justicia militar, que no opera con objetividad, continúa siendo el ámbito donde se juzga a militares acusados de violaciones de derechos humanos, y se asegura así su impunidad. Las disposiciones sobre arraigo permiten que algunas personas presuntamente implicadas en delitos penales sean detenidas durante períodos de 80 días sin ser consignadas”
“Miembros de las fuerzas de seguridad de México han participado en numerosas desapariciones forzadas ocurridas desde que el ex Presidente Calderón (2006-2012) diera inicio a la “guerra contra el  narcotráfico”. Integrantes de todas las ramas de las fuerzas de seguridad continúan perpetrando desapariciones durante el gobierno de Peña Nieto, en algunos casos en colaboración directa con organizaciones delictivas. En junio de 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México indicó que estaba investigando 2.443 desapariciones en las cuales había encontrado evidencias de la posible participación de agentes del estado”.
Otro tema“Cientos de miles de migrantes indocumentados cruzan el territorio de México cada año, y durante el trayecto muchos de ellos sufren graves abusos por parte de la delincuencia organizada, autoridades migratorias y miembros de las fuerzas de seguridad, como desapariciones y violencia sexual. Las autoridades no han adoptado medidas adecuadas para proteger a los migrantes, ni para investigar y juzgar a quienes cometen abusos contra ellos. A pesar de la aprobación en 2011 de una nueva ley de migración presuntamente orientada a proteger los derechos de los migrantes, sigue siendo común que policías detengan y hostiguen a migrantes indocumentados. El personal de centros de acogida de migrantes (casas de migrantes) suele ser objeto de amenazas y hostigamiento por parte de grupos delictivos y funcionarios, pero a pesar de ello el gobierno no ha implementado medidas de protección dictadas en beneficio de estos centros por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. Al menos tres centros de migrantes se vieron obligados a cerrar sus puertas o su personal debió abandonar el lugar en 2013. En septiembre, la PGR autorizó la creación de un equipo integrado, entre otros, por peritos forenses internacionales para identificar más de 200 restos humanos que, según se cree, corresponderían a migrantes”.
Perú
“En los últimos años, las manifestaciones públicas contra proyectos de minería a gran escala y otras políticas gubernamentales e iniciativas del sector privado han sido escenario de numerosos enfrentamientos entre policías y manifestantes, en los cuales murieron civiles abatidos por las fuerzas de seguridad del Estado. Si bien la cantidad de muertes se redujo considerablemente durante los primeros nueve meses de 2013, hubo escasos avances en la investigación de estos casos o en las medidas para asegurar que la policía cumpla con las normas internacionales sobre uso de la fuerza letal”.
“A pesar de las emblemáticas condenas dictadas contra el ex presidente Alberto Fujimori, su asesor Vladimiro Montesinos, varios generales del Ejército y miembros de un escuadrón de la muerte del gobierno en 2009 y 2010, los adelantos en las causas sobre abusos perpetrados durante gobiernos anteriores han sido realmente limitados”.
Otro tema“El sistema de interdicción judicial de Perú habilita a los jueces a determinar que personas con cierta discapacidad intelectual o psíquica son jurídicamente “incapaces” y a asignarles tutores legales, lo cual supone en la práctica la suspensión de sus derechos civiles básicos, incluido el derecho a votar. Diversos organismos internacionales y regionales de derechos humanos han instado a Perú a abolir la interdicción —o tutela— judicial, dado que es incompatible con las obligaciones asumidas por el país conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). En diciembre de 2012 entró en vigor la Ley General de la Persona con Discapacidad, pero hasta octubre de 2013 el poder ejecutivo aún no había reglamentado la norma. La ley contribuiría a adecuar la legislación nacional vigente a la Convención, al garantizar el derecho de las personas con discapacidad a actuar en interés propio y con apoyo adecuado cuando sea necesario. Sin embargo, hasta octubre de 2013 no se había creado una comisión de revisión del Código Civil prevista en la Ley General de la Persona con Discapacidad. El derecho peruano permite el internamiento involuntario para el tratamiento de personas con incapacidad que estén en régimen de tutela”.
Venezuela
“En la elección presidencial de abril de 2013, celebrada a pocas semanas de la muerte del ex Presidente Hugo Chávez, resultó vencedor por una estrecha diferencia Nicolás Maduro, el candidato elegido personalmente por Chávez como su sucesor, según datos de las autoridades electorales venezolanas. El Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral rechazaron las apelaciones presentadas por el candidato de oposición, Henrique Capriles Radonski, en las cuales impugnaba los resultados”.
“La controversia por los resultados provocó una serie de marchas y contramarchas en las calles del país, durante las cuales perdieron la vida al menos nueve personas y hubo decenas de heridos, además de incidentes de uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad”.
“Durante el gobierno del Presidente Chávez, y del actual Presidente Maduro, la acumulación de poder en el ejecutivo y el deterioro de las garantías de derechos humanos han permitido que el gobierno intimide, censure y enjuicie a sus críticos. Si bien aún son muchos los venezolanos que critican al gobierno, la posibilidad de enfrentar represalias —a través de acciones estatales arbitrarias o abusivas— ha socavado la capacidad de los jueces de pronunciarse imparcialmente en casos con fuertes implicancias políticas, y ha obligado a periodistas y defensores de derechos humanos a medir las posibles consecuencias de publicar información u opiniones críticas sobre el gobierno. En septiembre de 2013, entró en vigor la decisión del gobierno de Venezuela de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual impide que los venezolanos puedan acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un tribunal internacional que ha protegido sus derechos durante décadas en un amplio espectro de casos. El abuso policial, las condiciones carcelarias y la impunidad en casos de abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad continúan siendo materia de profunda preocupación”.
Otro tema“El gobierno de Chávez ha ampliado y ejercido en forma abusiva su potestad de regular los medios de comunicación durante la última década. Si bien en algunos periódicos y estaciones de radio aún es habitual que se critique enérgicamente al gobierno, se ha evidenciado la autocensura por temor a represalias. En 2010, la Asamblea Nacional reformó la ley de telecomunicaciones para reconocer al gobierno la facultad de suspender o revocar licencias a medios privados cuando “lo juzgue conveniente a los intereses de la Nación”. También amplió a Internet el alcance de una ley de medios de contenido restrictivo, y permitió la suspension arbitraria de sitios web en el supuesto de “incitación”. Anteriormente, reformas al Código Penal habían ampliado el alcance y la severidad de los delitos de difamación que penalizan las expresiones que se consideran ofensivas para funcionarios gubernamentales de alto rango”.
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