Piden protección inmediata contra violaciones en las cárceles de Inmigración

EFE | Nov 22, 2013 | 4:07 PM
El Centro Nacional de Justicia Inmigrante (NIJC) de Chicago solicitó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la inmediata aplicación de la Ley de Eliminación de Violaciones Sexuales en las Cárceles (PREA), en los centros de detención de inmigrantes indocumentados.
“Según un comunicado, el reclamo se basa en conclusiones de la Oficina de Control General del Gobie”
Según un comunicado, el reclamo se basa en conclusiones de la Oficina de Control General del Gobierno (GAO, en inglés), según las cuales el DHS no tiene una supervisión y control adecuados de las denuncias sobre ataques sexuales en el sistema de detención de Inmigración.
Según GAO, registros del DHS muestran 215 denuncias de ataques sexuales a inmigrantes detenidos entre 2010 y 2013 y que visitas de investigadores a 10 de los aproximadamente 200 establecimientos carcelarios contratados revelaron 28 casos adicionales que no fueron reportados.
La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) aloja en esos centros a personas que buscan asilo, indocumentados a la espera de ser deportados, inmigrantes ancianos y sobrevivientes del tráfico humano, entre otros.
GAO también comprobó que el 14% de las llamadas a la línea telefónica directa del DHS para renunciar ataques sexuales no fueron respondidas, afirma el comunicado.
"El NIJC ha identificado varios casos de abuso sexual que fueron puestos en conocimiento del DHS e investigados solamente porque las víctimas consiguieron abogados que las defendieran", declaró Mary Meg McCarthy, directora ejecutiva del centro.
"Considerando que el 85% de los inmigrantes detenidos no tiene abogado. Existe una brecha tremenda que deja sin protección a muchas víctimas de agresiones", agrega.
El centro afirma que las conclusiones de GAO señalan que las autoridades deben implementar con urgencia la ley PREA, aprobada en 2003 para que las cárceles y centros de detención tomen medidas preventivas que mantengan a los detenidos a salvo de agresiones sexuales.
Asimismo, se creó para que las víctimas tengan la posibilidad de denunciar esas agresiones y de recibir tratamiento médico y psicológico.
"En un sistema donde miles de inmigrantes son aislados de sus familias y abogados, el Gobierno asume una gran responsabilidad sobre su bienestar", expresa McCarthy.
Finalmente el comunicado advierte que incluso con la implementación de la ley, su vigilancia "independiente jugará un papel importante para asegurar que el DHS y sus contratistas atiendan e investiguen adecuadamente las denuncias de agresión sexual". EFE
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