Descubren en Argentina documentos clave de la última dictadura

EFE | Nov 05, 2013 | 12:27 PM

Hay 1,500 carpetas guardadas en dos cajas fuertes y armarios

El gobierno argentino anunció el descubrimiento de documentos secretos clave de la última dictadura (1976-1983), incluyendo todas las actas de las juntas militares y "listas negras" de perseguidos políticos, intelectuales y artistas, material de gran valor histórico que será aportado a la Justicia.
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"Después de 30 años de democracia, aparece documentación original y claramente valiosa", destacó el ministro de Defensa, Agustín Rossi, al anunciar el hallazgo.
Los documentos fueron encontrados el pasado jueves, durante tareas de limpieza, en un subsuelo del edificio Cóndor, de Buenos Aires, que depende de la Fuerza Aérea, y han sido trasladados a otro edificio, donde ya son estudiados por una docena de expertos, según el funcionario.
Entre el material descubierto, hay 1,500 carpetas que estaban guardadas dentro de dos caja fuertes y dos armarios, seis de las cuales contienen todas las actas secretas de las juntas militares, un total de 280 actas originales en los que los jerarcas dejaron sentadas sus posiciones sobre distintos asuntos.
Rossi destacó que es la primera vez que se tiene acceso a un material de este tipo, que cubre desde el día del golpe militar, el 24 de marzo de 1976, hasta el 10 de diciembre de 1983, cuando Argentina retornó a la democracia.
El ministro subrayó que la documentación cuenta con la "ventaja" de que está "ordenada, clasificada y hasta con un índice temático".
En estas actas hay información sobre las relaciones con países como Chile y el Reino Unido y sobre requerimientos de organismos internacionales y de familiares de desaparecidos.
También el "plan de acción de gobierno" de los militares, con una etapa fundacional, que iría, según lo planeado, hasta la década de 1990, y otra etapa, denominada la "nueva República", que llegaría hasta el año 2000.
Según Rossi, asimismo hay documentación sobre los sectores económicos civiles que apoyaron el régimen y un acta sobre el caso de la familia Graiver, que ahora la Justicia investiga si fue obligada por la dictadura a vender Papel Prensa, fabrica de papel para periódicos, a los diarios Clarín, La Nación y La Razón.
"En el acta queda claramente demostrado que para la junta militar el tratamiento de los arrestos de los familiares de Graiver se analizaba junto con el tema de Papel Prensa. La detención de la familia estaba relacionada con la venta de Papel Prensa", aseveró Rossi.
También hay actas sobre el tratamiento que se dio a diferentes empresas, como Aerolíneas Argentinas, y la nacionalización de la siderúrgica Aluar.
Además, se hallaron tres libros de "mesa de entrada", donde se asentaban las comunicaciones dirigidas a las fuerzas militares, como las solicitudes de las familias que querían saber del paradero de sus hijos desaparecidos.
Surge la esperanza de realizar más hallazgos
Entre estos pedidos, figura el de Hebe de Bonafini, titular de las Madres de Plaza de Mayo, con dos hijos desaparecidos.
Además, se encontraron, entre otros documentos, "listas negras" de 331 perseguidos políticos, entre intelectuales, comunicadores y artistas, divididos en cuatro niveles, según su supuesto grado de "peligrosidad".
En estas listas aparecen, entre otros, los actores Norma Aleandro, Federico Luppi y Héctor Alterio, los escritores Julio Cortázar y María Elena Walsh y la cantante Mercedes Sosa.
Rossi destacó que toda esta documentación tiene un "valor histórico relevante" y que será la Justicia la que decidirá si este material tiene además valor "jurídico" para las distintas causas abiertas y los juicios en curso por delitos de lesa humanidad cometidos durante el régimen de facto que, según organizaciones humanitarias, hizo desaparecer a cerca de 30.000 personas.
El ministro sostuvo que este hallazgo mantiene viva la "esperanza" de encontrar otros documentos secretos y para ello, dijo, instruyó a las Fuerzas Armadas para que se intensifique la búsqueda de material de este tipo en sitios no convencionales.
Rossi adelantó que dio un plazo de seis meses a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio para el estudio y clasificación exhaustivos de toda la documentación encontrada.
©EFE
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