Preparan un boicot contra una ciudad de Texas por medidas antiinmigrantes

EFE | Aug 31, 2013 | 7:55 PM

Piden que falten a sus trabajos y no compren ningún artículo

Todo listo para el próximo 13 de septiembre. Ese día, líderes hispanos de la ciudad texana de Farmers Branch se unirán en un boicot en contra de la ordenanza que exige a los arrendatarios de viviendas mostrar su estatus legal en el país.
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Más del 45 % de la población de Farmers Branch son hispanos, por lo que organizaciones proinmigrantes han invitado a toda la comunidad para que, por un día, no salgan de sus casas, falten a sus trabajos, no asistan a las escuelas y no compren ningún articulo.
Durante más de una hora, líderes hispanos se reunieron con el alcalde de Farmes Branch, Bill Glancy, al que le dijeron que su mensaje para las instituciones de la ciudad y el Congreso es claro.
"Estamos cansados de esta política antiinmigrante, si no nos quieren aquí tampoco gastaremos nuestro dinero en sus negocios". dijo hoy a la agencia de noticias Efe Carlos Quintanilla, director ejecutivo de la organización Acción América.
Quintanilla agregó que "esta ciudad ha actuado con odio, en contra de inmigrantes hispanos para intimidar".
Para el director de Acción América, es absurdo que se hayan gastado seis millones de dólares para promover leyes que fomentan el odio racial y que no se inviertan en programas de educación, deportes, salud o vivienda.
La ordenanza 2952 dice que cualquier persona que quiera rentar un inmueble debe adquirir una licencia de ocupación, con un valor de cinco dólares, siempre y cuando demuestren que son ciudadanos estadounidenses o que están en el país de forma legal.
Y aunque siguen los debates y el tribunal no ha tomado ninguna decisión, comerciantes del área ya se han visto afectados por esta situación: su clientela ha disminuido.
Víctor Gil, dueño de un salón de belleza, aseguró a Efe que la clientela tiene "temor" de llegar hasta esta localidad texana, que ha sido objeto de atención nacional desde que el Cabildo aprobó en 2006 una ordenanza municipal que exigía a los dueños de inmuebles que pidieran a sus inquilinos una prueba de su estatus migratorio.
©EFE
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