Los probables escenarios de la reforma migratoria

Univision.com | Jul 01, 2013 | 8:00 PM

La legalización de inmigrantes indocumentados con camino a la ciudadanía no está garantizada

La aprobación en el Senado de un plan de reforma migratoria que incluye un camino a la ciudadanía para millones de indocumentados generó aplausos en la comunidad inmigrante, pero no apagó las preocupaciones. En la Cámara de Representantes el escenario es incierto.
Para los más optimistas, al final del día un Comité de Conferencia armonizará dos versiones: la del Senado (anteproyecto S. 744) y un plan de la Cámara, tal vez menos amplio y con una estrecha vía para que algunos extranjeros sin papeles se conviertan en ciudadanos en unos 15 años.
Para los menos optimistas, en el otoño, o un poco después, el Comité de Conferencia podría tener entre sus manos la versión del Senado y un plan similar al aprobado recientemente por el Comité Judicial de la Cámara y que imita la iniciativa H.R. 4437 del legislador James Sensenbrenner (republicano de Wisconsin) aprobada el 15 de diciembre de 2005 y que puso a 12 millones de indocumentados al borde de la deportación.
El entonces liderazgo republicano desestimó la medida a comienzos de junio de ese año, pero la medida activó una oleada antiinmigrante y multitudinarias protestas encabezadas por la comunidad latina que recordaron el movimiento por los derechos civiles de los años sesenta.
Dos años después los republicanos perdieron el Control del Senado y la Casa Blanca. Y en 2012 volvieron a ser derrotados. El 71% de los 12.2 millones de indocumentados que acudieron a las urnas reeligieron a Obama y dejaron en claro que la reforma migratoria es un tema que debe estar en la lista de prioridades nacionales.
A pesar de la evidencia, el sector ultraconservador republicano se resiste a aceptarlo y mantiene su oposición a que se apruebe una reforma migratoria como el plan aprobado por el Senado. A cambio, insiste en detener el debate y discutir restricciones a la estadía sin papeles, entre ellas regresar al debate de 2005 para criminalizar la estadía indocumentada, un acto que en la actualidad constituye sólo una falta de carácter civil.
El primer escenario
El plan de reforma migratoria aprobado por el Senado se basa en un fuerte componente de seguridad nacional e incluye una vía hacia la ciudadanía para millones de indocumentados.
El capítulo de seguridad incluye un presupuesto de $30 mil millones para la contratación de 21 mil nuevos agentes para la Patrulla Fronteriza, la construcción de al menos 700 millas de vallas en la frontera con México, la contratación e implementación de tecnología de punta para detener el cruce indocumentado, la instalación obligatoria del programa federal E-Verify y la construcción de un sistema biométrico que permita al gobierno seguir la entrada y salida de extranjeros que ingresan legalmente al país por vía aérea, marítima o terrestre.
Agrega una vía para legalizar a entre 9 o 10 millones de indocumentados que están en Estados Unidos desde antes del 31 de diciembre de 2011, pagan impuestos, sean fichados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), paguen impuestos y cancelen multas. Quienes califiquen entrarán en un estado de inmigrante temporal o provisorio (RPI) por espacio de 10 años, al término de los cuales podrán pedir la residencia permanente y tres años después la ciudadanía.
Durante la espera tendrán derecho a un permiso de trabajo y una autorización de salida y reingreso. Al sexto año deberán ser fichados nuevamente, verificados sus antecedentes criminales y pagar una nueva multa para mantenerse en espera hasta cumplir los 10 años.
Si el pleno de la Cámara de Representantes considera este plan y lo aprueba sin cambios, no será necesario convocar a un Comité Conferencia.
El segundo escenario
A mediados de junio el Comité Judicial de la Cámara, controlado por republicanos, aprobó por 20 votos a favor y 15 en contra una iniciativa de ley que criminaliza la estadía indocumentada. También otorga poderes migratorios extraordinarios a las policías locales para detener a personas sin estatus de permanencia legal.
Conocido como Ley SAFE (SAFE Act., H.R. 2278, del legislador Trey Gowdy, republicano de Carolina del Sur), el proyecto incluye el encarcelamiento con penas desde los seis meses a los 15 años para los indocumentados, dependiendo del número de ingresos no autorizados al país. También considera los antecedentes penales.
La iniciativa Gowdy desestima el plan del Senado y obliga al cumplimiento de las actuales leyes de inmigración sin cambios.
El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Bob Goodlatte (republicano de Virginia), ha dicho que cualquier reforma migratoria real debe asegurar que se cumplan las leyes en la materia. Y agregó que la iniciativa del Senado carece de una cláusula al respecto.
Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes fustigaron el plan H.R. 2278.
"Desde 2006 no habíamos visto un intento flagrante de criminalizar, castigar y perseguir a seres humanos cuya principal finalidad al llegar a Estados es trabajar y buscar un futuro mejor para ellos y sus familias", dijo Jorge Mario Cabrera, director de comunicaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA). "Se trata de una legislación desagradable y mal aconsejada", agregó. "No cumple con los valores de nuestra nación".
El tercer escenario
El ala ultraconservadora del partido republicano presiona para debatir la reforma migratoria por partes en la Cámara de Representantes, no de manera integrada como lo hizo el Senado.
Esta vía separaría los capítulos de seguridad del camino a la ciudadanía para los indocumentados, estrategia que no estarían dispuestos a permitir, ni el Grupo de los Ocho –que redactó el plan de reforma migratoria S. 744- ni la Casa Blanca.
Quienes se oponen a esta alternativa (la bancada demócrata en ambas cámaras además de sindicatos, religiosos, empresarios, la Cámara de Comercio y el sector de la industria de alta tecnología, quienes respaldaron el plan del Senado) advierten que la reforma por partes no daría una respuesta humana y justa al problema de los 11 millones de indocumentados, y tampoco repara y/o mejora la inmigración legal tal y como está contemplado en el plan S. 744.
Advierten que un debate fraccionado o por partes dilatará innecesariamente las discusiones en la Cámara de Representantes al punto que, lo más probable, se acabe el plazo y no se llegue a ninguna clase de acuerdo. La reforma migratoria entonces moriría en el intento.
El cuarto escenario
Que el Grupo de los Siete (cuatro legisladores demócratas y tres republicanos) de la Cámara de Representantes entregue un plan amplio similar al del Senado, que lo apruebe el Comité Judicial, lo envíe al pleno y sea respaldado por la mayoría de los representantes demócratas y republicanos.
Si la versión es distinta a la del Senado y, por ejemplo incluye una vía de legalización para indocumentados pero no garantice la ciudadanía –como han advertido algunos integrantes del Congreso-, se convocará a un Comité de Conferencia para que armonice ambas versiones.
Una vez redactada la versión final, será enviada a los plenos de ambas cámaras para que lo aprueben. De hacerlo, la versión será enviada al escritorio del Presidente Barack Obama para que la promulgue o la vete.
Obama ha advertido que lo mínimo que espera de la versión final de reforma migratoria que apruebe el Congreso será un camino para que la mayoría de los indocumentados alcancen la ciudadanía.
El quinto escenario
Que demócratas y republicanos no avancen y no lleguen a ninguna clase de acuerdo y el debate se detenga.
En este caso, las cosas quedarían tal y como están en estos momentos, con 11 millones de indocumentados viviendo en las sombras y una agresiva política de deportaciones que viene ejecutando el gobierno de Obama desde 2009, cuando tomó posesión después de ganar las elecciones de 2008.
En el último año fiscal 2012 fueron deportados más de 409 mil inmigrantes indocumentados. En los últimos cuatro años más de 1.5 millones han sido expulsados. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) asegura que la mayoría de los deportados tenía antecedentes criminales, pero organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes reiteran que entre seis a siete por cada 10 deportados no tenía faltas que constituyeran una amenaza grave para la seguridad de Estados Unidos.
El sexto escenario La Casa Blanca, integrantes de Grupo de los Ocho del Senado, miembros del Grupo de los Siete de la Cámara de Representantes, organizaciones que luchan por los derechos de los inmigrantes, religiosos, sindicatos, agricultores y empresarios coinciden en que la presión sobre los integrantes de la Cámara Baja debe superar la ejercida durante siete meses que duró la discusión y aprobación del plan S. 744.
Campañas nacionales de llamados telefónicos, envío de correos electrónicos y la utilización de las redes sociales son parte de un esfuerzo nacional para convencer a la Cámara para que siga los pasos del Senado, y este año la reforma migratoria se convierta en ley.
La semana pasada el líder del Senado, Harry Reid (demócrata de Nevada), dijo que el debate debía concluir durante el verano, pero el senador Bob Menéndez (demócrata de Nueva Jersey), advirtiendo dificultades en la Cámara, indicó que lo más probable es que las discusiones se extiendan hasta el otoño (octubre o noviembre) del año en curso.
The Associated Press anticipó el lunes que el debate de la reforma y el camino a la ciudadanía para millones de indocumentados será un “trámite largo”, y que lo más probable es que las políticas de seguridad en las fronteras tengan que recibir varios otros miles de millones de dólares a los agregados por el Senado antes de aprobar la S. 744.
Otros escenarios, más severos y que castigan la inmigración indocumentada son posibles, pero no cuentan con el respaldo necesario como para impactar en el Comité Judicial ni en el pleno de la Cámara de Representantes.
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