Trabajadoras enfrentan violación y acoso en la industria de la agricultura estadounidense

Univision.com | Jun 26, 2013 | 7:20 PM

Documental de FRONTLINE, Univision y el Centro de Reportajes Investigativos destapa crimen sin castigo

(Advertencia. Este artículo puede contener descripciones explícitas de sexualidad no aptas para menores de edad. Recomendamos discreción.)
Por: Bernice Yeung y Grace Rubenstein
El Centro de Reportajes Investigativos (CIR)
SUNNYSIDE, Washington - Esther Abarca contó que el mayordomo condujo el camión hacia una parte del huerta de manzanas donde ella nunca había estado. En las profundidades del rancho, lo que solo podía describir como un “lugar desolado”, Abarca recordó cómo el mayordomo estacionó el camión, se acercó y trató de agarrarla.
Llorando mientras contaba su historia, Abarca contó cómo el mayordomo se bajó del camión cuando ella se resistió a sus insinuaciones. Él abrió la puerta lateral, se montó encima de ella y comenzó a besarla y a manosearla. Ella gritaba pidiendo ayuda y trató de quitárselo de encima, pero él insistió y logró bajarle los pantalones hasta la mitad de sus piernas.
“Yo seguía gritando, pero no había nadie allí”, dijo Abarca.
Abarca narró que ella seguía gritando mientras el mayordomo la manoseaba. Pero entonces, como si de repente hubiera sido escarmentado por su llanto, por sus patadas y empujones, él se detuvo. Le dijo que si ella no le contaba a nadie lo que había sucedido, él le daría $3,000 para un coche nuevo.
Abarca, madre de tres hijos, dijo que rechazó el dinero.
“Le dije que esa era la razón por la cual había venido a trabajar aquí, que yo no necesitaba que me diera dinero”, dijo.
Cuatro años después
El presunto primer asalto del mayordomo ocurrió  en el 2009, durante los largos días de la cosecha de manzana en el Valle de Yakima en el centro de Washington. Una inmigrante de México, Abarca, era una nueva empleada en el Evans Fruit Co., uno de los productores de manzanas más grandes del país.
Casi cuatro años después, la historia de Abarca fue el tema de un juicio federal que ponía a prueba si los propietarios de Evans Fruit miraban para otro lado mientras sus trabajadoras afirmaban haber sido víctimas de la violencia sexual, y el repetido acoso de un mayordomo y de diferentes jefes de cuadrilla.
Era una acusación pública poco común para un inmigrante, muchos de los cuales temen represalias y deportación si hablan. Abarca estaba testificando en solamente el segundo caso que ha llegado a juicio en un tribunal federal de trabajadores agrícolas alegando acoso sexual.
Aunque el alcance exacto de la violencia sexual y el acoso en contra de los trabajadores agrícolas de ambos sexos es imposible de precisar, una investigación realizada por El Centro de Reportajes Investigativos (CIR, por sus siglas en inglés) y el Programa de Periodismo Investigativo (IRP) de la Universidad de California, Berkeley, revela que existe un constante peligro para las mujeres que trabajan en la industria alimentaria. Se estima que unas 560 mil trabajan en los campos agrícolas de Estados Unidos.
Revisando documentos
En asociación con FRONTLINE y Univisión, CIR y IRP pasaron casi un año revisando miles de páginas de documentos y recorriendo el país -desde las huertas del Valle de Yakima hasta los campos de tomates en el sur de Florida- escuchando historias de trabajadoras sobre el asalto sexual.
Las mujeres se quejaron de haber sido violadas y asaltadas, acosadas verbalmente y físicamente, mientras que las autoridades no han hecho casi nada para enjuiciar crímenes potenciales.
En casi todos los casos analizados, los presuntos responsables tenían posiciones de poder sobre las mujeres. A pesar de las acusaciones, estos supervisores han permanecido en sus trabajos durante años sin temor a ser arrestados.
En el juicio, Abarca fue una de más de una docena de mujeres que habían acusado a un mayordomo, Juan Marín, y a varios jefes de cuadrilla de Evans Fruit de agredir y acosarlas sexualmente. Por su parte, Abarca dijo que ella estaba llenando canecas con manzanas recién recolectadas cuando el mayordomo la llamó desde su camión. Le djio que se subiera en el camión, testificó ella.
Marín dijo que nunca agredió sexualmente o acosó a Abarca o a ninguna de las otras mujeres, y no ha sido arrestado o enjuiciado en un tribunal criminal por estas acusaciones.
En un juicio civil federal este año, en donde testificaron 14 mujeres, un jurado determinó que lo que sea que haya ocurrido en Evans Fruit no generó un ambiente de trabajo sexualmente hostil, lo cual tendría que haberse establecido antes de que la compañía pudiese ser considerada responsable.
Los abogados del gobierno que procesaron el caso civil han solicitado un nuevo juicio. En documentos de la corte, describieron el veredicto como “desligado de las pruebas reales”.
Sin respuestas
Marín, que había trabajado para Evans Fruit durante más de tres décadas, dijo que los alegatos se basan en mentiras y rumores difundidos por “un montón de gente celosa” que está tratando de obtener dinero de la empresa.
“Me han acusado de acoso sexual, y eso es totalmente una mentira,” dijo Marín en una de varias entrevistas. “Porque nunca he molestado a nadie. Lo único que he hecho en mi vida es trabajar. Para mí es muy injusto, porque nunca hice nada de eso en mi vida”.
Sin embargo, dos denuncias en contra de Marín obligaron a que el dueño, Bill Evans, le escribiera una carta en el 2006, cuatro años antes de ser despedido por presunta malversación.
“No tenemos el tiempo ni la energía para seguir lidiando con los problemas que usted está creando”, dice la carta. “Será despedido si siguen ocurriendo incidentes o quejas de acoso sexual”.
La empresa redactó su primera política sobre el acoso sexual en el 2008.
Un problema nacional
Reportes de acoso y violencia sexual contra las mujeres campesinas atraviesan el mapa de Estados Unidos.
En Molalla, Ore., una trabajadora de un rancho de árboles acusó a su supervisor de violarla repetidamente a lo largo de varios meses en el 2006 y el 2007, a menudo  amenazándola con tijeras de jardín en el cuello. Presuntamente, le dijo que si ella lo denunciaba sería despedida y mataría a toda su familia.
El supervisor nunca fue enjuiciado, y un caso civil en contra del rancho de árboles se resolvió por $150,000 en 2011 sin que la empresa admitiera culpabilidad ninguna. El dinero fue entregado a la mujer y a tres miembros de su familia que dijeron haber sido acosados o despedidos en represalia.
A unas 300 millas de ahí, en Lind, Washington, un gerente de una granja de huevos forzó a una mujer que trabajaba sola en el gallinero a proveerle sexo oral rutinariamente entre el 2003 y el 2010 para poder mantener su trabajo, según una declaración que ella le dio al alguacil. En una entrevista con el alguacil, el gerente negó la acusación. No nos devolvió las llamadas para comentar al respecto.
"Este caso fue negociado en un monto de $650,000 este año, la mayoría de ese dinero pagado a la mujer y a otros cuatro trabajadores que declararon que la compañía los había despedido en retaliación por quejarse. El gerente ya no trabaja en este rancho".
Poder para maltratar
En un caso pendiente en la corte federal de Mississippi, decenas de mujeres contratadas para deshuesar pollos en una planta de procesamiento de aves dijeron que fueron manoseadas violentamente por su supervisor entre el 2004 y el 2008. Una mujer dijo que fue agarrada entre sus piernas y que tuvo que buscar atención médica, según documentos de la corte.
Y una trabajadora en una granja de lechugas con sede en Salinas, California, acusó a un gerente de haberla violado en el 2006, un cargo que él negó a la administración de la compañía, según documentos de la corte. Maricruz Ladino demandó al productor y el caso fue resuelto en el 2010 por una cantidad que no se ha revelado. Ella no presentó una denuncia policial y no hubo proceso criminal. Él ya no trabaja para la compañía.
“Hay supervisores que tratan de usar su poder para maltratar a la gente o para abusar de las personas”, dijo Ladino, quien dejó la empresa desde ese entonces. “Y es bien difícil luchar contra eso porque uno está trabajando por necesidad, para poder sostener a nuestras familias”.
Dan Fazio, director de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Washington, una agencia de empleo que coordina empleados estacionales en el Noroeste Pacífico, dijo que existen problemas similares en otras industrias, y da como ejemplo una violación en el lugar de trabajo que implicaba a una compañía de bienes raíces.
“El acoso ocurre en la agricultura”, dijo, “pero no hay ninguna prueba de que ocurre más (a menudo) en la agricultura”.
Pero una revisión de 41 demandas federales por acoso sexual presentadas contra las empresas agrícolas desde el año 1998 -cuando la primera demanda federal fue presentada contra una empresa agrícola por no detener el acoso o el abuso sexual- revela un patrón de comportamiento entre supervisores acusados de aprovecharse de varios trabajadores.
Entre estos había al menos 153 personas que denunciaron abusos en el trabajo, la gran mayoría por sus supervisores. De las demandas, siete de cada ocho trabajadores involucradas afirmaron que hubo acoso físico, asalto o violación.
Según documentos judiciales civiles, en casi todos los casos los trabajadores denunciaron a la administración de la compañía y, entre ellos, 85 por ciento enfrentaron represalias —como que les asignen una posición inferior,  ser despedidos o acosados aún más. En su revisión de casos federales, CIR y IRP no pudieron encontrar un solo caso en el que los hombres acusados de asalto sexual o violación en las demandas civiles fueran enjuiciados criminalmente.
Manteniendo silencio
Los productores y sus abogados reconocen que el acoso sexual continúa, pero dicen que no tienen el poder para actuar a menos que las trabajadoras estén dispuestas a denunciar a los agresores. Algunos miembros de la industria están trabajando activamente para cambiar la cultura en los campos, en las fábricas empacadoras y en las procesadoras de alimentos del país.
Para William R. Tamayo, abogado del gobierno, cuyo padre trabajó en las plantaciones de caña de azúcar en Hawai, el primer indicio de lo que estaba sucediendo a las mujeres en los campos y en las empacadoras de Estados Unidos fue cuando se reunió con defensores de los trabajadores en California a mediados de la década del 1990.
“Dijeron que las mujeres trabajadoras campesinas se refieren a los campos como los fils de calzón”, dijo Tamayo, abogado regional de San Francisco para la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos, la cual presenta demandas por acoso sexual en nombre de los trabajadores, incluyendo aquellos en granjas y fábricas de alimentos. “Se refirieron a los  campos como el ‘motel verde’”.
La desesperación financiera y una situación migratoria precaria se combinan para que las trabajadoras agrícolas sean vulnerables a la violencia en el trabajo y menos inclinadas a denunciar los delitos. El gobierno federal calcula que el 65 por ciento de todas las víctimas de asalto sexual y violación en el país no denuncian el crimen.
Los inmigrantes, especialmente los que entraron al país sin autorización, son mucho menos propensos a quejarse, según estudios académicos.
El grupo defensor y de investigación jurídica ASISTA encuestó a más de 100 mujeres que trabajan en las procesadoras de carne en Iowa en el 2009. Un análisis de estas encuestas muestra que el 41 por ciento dijo que había experimentado contacto físico no deseado en el trabajo, y alrededor del 30 por ciento reportó haber recibido proposiciones sexuales.
Más del 25 por ciento de las mujeres dijeron que habían sido amenazadas de ser despedidas o con un trabajo más arduo si no dejaban que el agresor se saliera con la suya.
Es un panorama similar en California, donde un estudio de UC Santa Cruz a 150 trabajadoras publicado en el 2010 encontró que casi el 40 por ciento experimentó acoso sexual que iba desde acoso verbal hasta violaciones en el trabajo, y el 24 por ciento dijo que había experimentado coerción sexual por un supervisor.
Muchas de las mujeres toman el acoso sexual como un riesgo laboral, dijeron los abogados. Cuando la abogada Laura Mahr empezó a hablar con las trabajadoras agrícolas en Oregón sobre el acoso y asalto sexual, algunas de ellas expresaban, “Oh, ¿no es eso parte del trabajo? ¿Hay leyes para eso?”.
“Es una epidemia en los campos”, dijo Dolores Huerta, cofundadora de United Farm Workers. “Se relaciona con la vulnerabilidad que tienen las mujeres… especialmente si están indocumentadas. Y también de la cultura machista del poder, y cuando piensas en este tipo de acoso sexual o violaciones, siempre se trata del poder que tienen los hombres sobre las mujeres”.
Pocas denuncias llegan al tribunal
La única agencia federal que está trabajando activamente en la búsqueda de casos de violencia sexual en el lugar de trabajo y de acoso por parte de los trabajadores agrícolas es la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, que se encarga de hacer cumplir las leyes de derechos civiles en el lugar de trabajo.
En los últimos 15 años se han presentado 1,106 denuncias de acoso sexual ante la comisión contra la industria agrícola. Las acusaciones varían desde el acoso verbal hasta la violación.
Sólo una fracción llegará a la corte federal. La comisión se niega a seguir un 50 por ciento de las denuncias de acoso sexual entre todas las industrias por falta de fundamentos. Otra porción se resuelve  por fuera de los tribunales.
Para los pocos casos en que la comisión presenta una demanda en un tribunal federal —fueron 130 casos el año pasado entre las 11,000 denuncias de acoso sexual en todos los negocios de Estados Unidos- solo unos cuantos llegan a juicio.
Algunos agricultores dijeron que la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo es demasiado contenciosa y agresiva a través de litigio. Brendan V. Monahan, abogado de Evans Fruit, dijo que la comisión, en vez de tratar de trabajar constructivamente con los agricultores, los ve como el enemigo.
“La EEOC ha imaginado una relación de adversarios entre los agricultores y los trabajadores que no creo que exista realmente, y han elegido defender al trabajador en esta lucha imaginada contra los agricultores”, dijo. “Debe ser una cuestión de conciliación y cumplimiento en vez de confrontación y cumplimiento forzado”.
No todos son malos
David López, consejero general de la comisión, no está de acuerdo con esta aceveración y dijo que él presenta “casos indignantes de discriminación” que merecen acción judicial y advirtió que no se puede caracterizar a toda la industria agrícola como malvada.
Sin embargo, dijo, “Yo sé que nosotros vemos casos muy graves de discriminación y acoso en el sector agrícola.”
Aunque la agricultura es la industria más antigua de Estados Unidos, la primera demanda que llegó a un juicio con jurado fue en el 2004. El juicio de Evans Fruit este año fue el segundo.
Ese caso histórico involucró a una mujer que trabajaba para Harris Farms, una empresa con sede en California y considerada entre los más grandes agro-negocios del país. La mujer acusó a un supervisor de haberla violado en tres ocasiones después de mostrarle que tenía un arma. El supervisor lo negó.
La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo presentó una demanda en contra de Harris Farms en representación de la mujer en el 2002. Después de un juicio de 23 días, el jurado determinó que Harris Farms era responsable por acoso sexual y represalias, y el jurado decidió que la compañía debía pagar casi $800,000 por salario perdido, daños compensatorios y punitivos.
En un comunicado, el CEO John Harris dijo que la compañía niega que haya actuado mal. Dijo que los trabajadores tenían una relación consensual y que la empresa no tenía conocimiento de esta relación. Dijo que a pesar de que el jurado creyó que el empleado acusado era un supervisor, “nosotros no lo veíamos así”.
Este año, los productores y los defensores del trabajo están muy pendientes de lo que pase con la extensa revisión de las leyes nacionales migratorias que haga el congreso. Los que la proponen dicen que el proyecto de ley, si es aprobado, podría ofrecer protección a los trabajadores agrícolas para que puedan denunciar, más fácilmente, abusos en el lugar de trabajo.
“Una de las razones fundamentales que tenemos para conseguir una reforma migratoria integral es poder evitar la violación rutinaria de las mujeres en el lugar de trabajo”, dijo el congresista Luis Gutiérrez, demócrata de Illinois, defensor de la reforma migratoria.
Pero algunos de los que apoyan las nuevas leyes de inmigración tienen dudas de que una reforma pueda poner freno al acoso sexual en los campos.
Fazio, de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Washington, dijo que las trabajadoras que han sido asaltadas o violadas ya califican para una visa especial para víctimas de delitos. Propiciar un estado provisional a través del proyecto de ley, dijo, “no va a hacer a una persona más propensa a reportar lo sucedido”.
La solución principal recae en los empleadores, quienes deben crear una “cultura de cumplimiento,” dijo. “Tienen que poner el sistema en marcha”.
El Centro de Reportajes Investigativos, independiente y sin ánimo de lucro, es el equipo más grande de periodismo investigativo del país. Para obtener más información, visite www.cironline.org. Para comunicarse con el reportero: byeung@cironline.org.
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