Legalización de indocumentados dependerá de la seguridad fronteriza

Univision.com | Apr 10, 2013 | 8:35 PM

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Luis Megid fue hasta Salinas, California para hablar con inmigrantes que se dedican a actividades agrícolas que los estadounidenses no quieren realizar.

Plan del Grupo de los Ocho abrirá puerta de la ciudadanía sólo si certifica que se detuvo 90% del ingreso indocumentado

Los inmigrantes indocumentados de Estados Unidos podrían esperar un largo tiempo antes de iniciar el proceso de legalización, siempre y cuando el congreso apruebe una reforma migratoria que incluya un camino hacia la ciudadanía para millones de indocumentados.
La espera no radica tanto en los plazos que determinarán la hoja de ruta que dibuja el Grupo de los Ocho en el Senado, sino en el principal requisito para abrir la puerta de la legalización: asegurar por lo menos que el 90% de los inmigrantes indocumentados que tratan de ingresar al país sean detenidos, reportó el diario The Wall Street Journal (WSJ).
El Grupo de los Ocho, integrado por cuatro senadores demócratas y cuatro republicanos, trabaja desde diciembre (tres semanas de la reelección del presidente Barack Obama para un segundo período de cuatro años) en la redacción de un anteproyecto de reforma migratoria basado en cuatro ejes.
Infografía: Los latinos de EEUU.
Los principios del plan, entregados en Washington el 28 de enero, incluye seguridad fronteriza como primer paso, seguido de camino a la ciudadanía, verificación de empleo e inmigración legal.
Infografía: Perfil de un soñador.
Del camino a la ciudadanía, el grupo advirtió que no sería abierto hasta no garantizar la seguridad en las fronteras y que, una vez autorizado, los indocumentados deberán demostrar que carecen de antecedentes criminales, pagar impuestos y una multa para, primero, ingresar en un estado de no inmigrante que dilataría entre 10 y 13 años, al término de los cuales podrán pedir la residencia que, en la actualidad en algunos casos demora 20 años.
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Condiciones duras
El WSJ advirtió que se acuerdo al plan que redacta el Grupo de los Ocho, el camino a la ciudadanía será abierto hasta que los agentes del orden que monitorean la frontera sur detengan el 90% de las personas que cruzan ilegalmente en ciertas áreas.
Sin este requisito una de las partes esenciales de la reforma migratoria –la legalización de millones de indocumentados- quedaría pendiente de ser ejecutada y el proceso o la ruta hacia la ciudadanía podría demorar más allá del tiempo estimado por algunos.
Al mismo tiempo, el plan exige que la totalidad de la frontera México-Estados Unidos, de 3,200 kilómetros, tiene que estar bajo vigilancia, y que la exigencia de detener a por lo menos el 90% de los indocumentados que cruzan de manera ilegal se base en las zonas o secciones de "alto riesgo", las que todavía no han sido definidas.
The Wall Street Journal señala que en 2010 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que sólo el 44% de la frontera estaba bajo el control operacional, es decir, los funcionarios tenían la capacidad de detectar y bloquear la actividad ilegal.
Agregó que el anteproyecto obliga al gobierno federal a crear un sistema electrónico para monitorear a todas las personas que salen del país por aeropuertos o puertos marítimos en un intento amplio por identificar a las personas que superan el plazo de permanencia de sus visas.
Algunos estimados precisan que el 40% de los extranjeros que ingresan a Estados Unidos con una visa se quedan más allá del tiempo de estadía permitido por las autoridades al momento de ingresar al país. Una vez finalizado el plazo de permanencia se convierten en inmigrantes indocumentados, con la diferencia que entraron al país con una autorización del servicio de inmigración.
Verificación de empleo
Otro de los puntos clave del anteproyecto de reforma migratoria del Grupo de los Ocho radica en la verificación de empleo, E-Verify, una gigantesca base de datos activada como parte de las respuestas a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y que permite a las empresas y al gobierno verificar el estado migratorio de los trabajadores.
El ingreso al E-Verify por ahora es voluntario, pero el plan del senado es convertirlo en obligatorio. A la fecha unos 409 mil empleadores se han inscrito en el programa, de acuerdo con dato del gobierno federal, una pequeña fracción de los aproximadamente 6 millones de empleadores privados que hay en Estados Unidos. Muchos de ellos solo tienen un puñado de empleados.
Mientras se cumplan estos requisitos, los 11 millones de indocumentados podrán iniciar el proceso de calificación para ingresar a recibir los beneficios de la reforma migratoria. El plan del senado otorgaría un estatus probatorio a los inmigrantes sin papeles que pasen una verificación de antecedentes penales, demuestren que han pagado impuestos y cancelen una multa, además de otros requisitos todavía no anunciados.
Una vez abierto el camino a la ciudadanía, quienes califiquen entrarán en un estado de no inmigrante que podría demorar entre 10 y 13 años. Una vez cumplido el plazo, deberán someterse a un segundo chequeo de antecedentes penales y recién entonces ponerse a la cola para pedir la residencia, trámite que actualmente en algunos casos dilata más de dos décadas.
Clima de incertidumbre
Mientras el Grupo de los Ocho termina la redacción del anteproyecto, defensores de los inmigrantes y algunos demócratas temen que los estrictos requisitos de seguridad fronteriza retrasen indefinidamente el camino a la legalización de los indocumentados.
Frank Sharry, director ejecutivo de Americas Voice, dijo que el plan del Senado incluiría una frontera “más dura” y con requisitos más severos para abrir el camino a la ciudadanía. "Se plantea la cuestión de si es realmente factible, y si va a llegar a frustrar el camino hacia la ciudadanía para los 11 millones de personas", agregó.
El activista advirtió que cuando se entregue el proyecto habrá sin duda un clima de descontento.
El WSJ dijo además que algunos puntos restrictivos del plan de reforma del Senado son similares a proyectos de ley de seguridad fronteriza dados a conocer recientemente por senadores republicanos que se oponen a la reforma migratoria, entre ellos John Cornyn (Texas).
En contraste, la administración del presidente Barack Obama ha dicho en varias ocasiones que la frontera ya está segura y que una vez aprobada la reforma migratoria debería certificarse y abrir de una vez el camino a la ciudadanía.
El mandatario recomienda que los indocumentados que califiquen una vez certificado que carecen de antecedentes penales, deberían poder gestionar de inmediato la residencia permanente, documento que recibirían en un plazo de ocho años y no esperar primero un colchón de 13 años como siguiere el Grupo de los Ocho.
Cuesta arriba
Pero los republicanos dicen que quieren evitar otra ola de inmigrantes indocumentados y que se justifica asegurar la frontera y dilatar el camino a la ciudadanía.
Cornyn, dijo el diario, estaría encantado si sus ideas de seguridad fronteriza son incluidas en el anteproyecto de reforma migratoria.
Un punto clave en la certificación de la seguridad fronteriza es el nombramiento de una comisión de verificación integrada por los gobernadores y autoridades estatales. La mayoría de los estados fronterizos con México son dirigidos por republicanos que mantienen sus reservas a la aprobación de una reforma migratoria que permita legalizar a los 11 millones de indocumentados y otorgarles la ciudadanía.
Un punto a favor de la postura del gobierno de Obama lo constituyó un informe de la organización no partidista Migration Policy Institute, que aseguró que las autoridades destinaron en 2012 más de $18 mil millones a la seguridad en las fronteras, presupuesto mayor que muchas agencias federales juntas.
A su vez, en los últimos cuatro años fiscales el gobierno de Obama ha roto récords sucesivos de deportaciones. En 2012 la cifra bordeó los 410 mil. El gobierno asegura que la mayoría de ellos tenía antecedentes criminales, pero organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes reiteran que entre seis a siete de cada 10 expulsados no tenían antecedentes que constituyeran una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.
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