Reforma migratoria causa incertidumbres en Washington D.C.

Univision.com* | Feb 14, 2013 | 1:03 PM

Camino a la ciudadanía enfrenta a demócratas y republicanos, y dificulta acuerdos bipartidistas en el Congreso

La elección del 6 de noviembre dejó en claro que el tema de la reforma migratoria debía volver a Washington y colocarse en los primeros lugares de las agendas de la Casa Blanca y el Congreso. Y así ocurrió.
Cinco días después de la reelección del presidente Barack Obama para un segundo mandato de cuatro años, los senadores Charles Schumer (demócrata de Nueva York) y Lindsey Graham (republicano de Carolina del Sur) anunciaron por separado que retomaban conversaciones suspendidas a comienzos de marzo de 2010 cuando redactaban un proyecto de ley de reforma migratoria que incluía un duro camino hacia la ciudadanía para indocumentados.
Dos días más tarde Obama anunció que trabajaría con el Congreso para apurar el debate y la aprobación de una reforma migratoria amplia que incluyera, como el plan Schumer-Graham, un camino hacia la legalización de indocumentados que, entre otros requisitos, carezcan de antecedentes criminales, lleven tiempo en el país, paguen impuestos y cancelen una multa por el hecho de haber permanecido sin autorización en Estados Unidos.
A finales de enero se oficializaron las promesas. Primero lo hizo un grupo de ocho senadores (cuatro demócratas y cuatro republicanos), quienes dieron a conocer los principios de una reforma basada en cuatro ejes: seguridad fronteriza, camino a la ciudadanía, verificación de empleo e inmigración legal.
De los dos primeros pilares, el grupo senatorial precisó que antes de abrir el camino a la ciudadanía, primero debe certificarse la seguridad de la frontera. Y que quienes califiquen, deberán someterse a una verificación de antecedentes penales, pagar impuestos y una multa para pedir un estado de no inmigrante que podría dilatar 10 años. Al término de ese plazo podrán pedir la residencia, que actualmente en algunos casos demora 23 años.
Obama presentó un plan basado en los mismos ejes, pero con dos diferencias: certificar de inmediato la seguridad en las fronteras y simultáneamente abrir el camino a la ciudadanía sin un estado intermedio de no inmigrante.
El senador Marco Rubio (republicano de Florida) dijo el martes, en su respuesta al informe sobre el Estado de la Unión: "Primero tenemos que cumplir con las promesas del pasado, asegurar nuestras fronteras y aplicar nuestras leyes".
En la Cámara de Representantes, mientras tanto, un grupo bipartidista elabora en secreto un proyecto parecido al del Senado y la Casa Blanca, aunque con diferencias en cuando a los requisitos para que los indocumentados transiten por el camino hacia la ciudadanía o, en su lugar, una ruta hacia la legalización.
Hasta ese momento, la semana pasada, el escenario permitía tener un panorama más o menos claro en torno al debate de la reforma migratoria. Pero no todo pinta como se mira y no todo lo que se mira pinta bien para los indocumentados.
Guerra de tendencias
El diario The Washington Post dijo el jueves que el esfuerzo para cambiar las leyes de inmigración está “sacando chispas” en el interior del Partido Republicano. Y que la batalla se libra entre quienes se inclinan por permitir que algunos indocumentados se legalicen y quienes se resisten a que los sin papeles reciban una especie de amnistía que los encarrile en dirección a convertirse en ciudadanos de Estados Unidos.
Agregó que ambas fracciones celebran reuniones a puertas cerradas y que la división se produjo a consecuencia del resultado de la elección del 6 de noviembre, cuando quedó en claro que el 71% del ahora influyente voto hispano (en los comicios participaron 12.2 millones de 22 millones inscritos) se inclina por los demócratas, y teniendo en cuenta que la mayoría de los 11 millones de indocumentados son de origen latino.
Según el matutino, pese al escenario que se dibujó después de la reelección, pese al esfuerzo del grupo que favorece una reforma migratoria amplia, los partidarios de la línea ultraconservadora están presionando las negociaciones de la reforma migratoria, llevando a algunos críticos a revelar que en el momento que se conozcan los nombres de quienes rechazan la legalización “entonces el lago conservador se marchitará” y ganarán quienes favorecen un acuerdo bipartidista por una reforma migratoria amplia.
Pero la tarea no será tan fácil y los republicanos ultraconservadores no se rendirán con la facilidad que algunos esperan. Darán batalla, defenderán sus posturas y no cederán un ápice, a menos que los más liberales del partido muevan sus piezas de tal manera que, la aprobación de la reforma amplia o comprensiva se convierta en un asunto de alta prioridad para la jerarquía del partido republicano. El punto es saber cuándo.
Por ahora el futuro de los 11 millones de indocumentados es incierto. The Washington Post advierte que el ala ultraconservadora que se opone a legalizar a los indocumentados se encuentra activa y cuenta con fuerte financiamiento económico y político, y lleva a cabo una agresiva campaña para presionar a senadores para que respalden sus puntos de vista sobre el tema, advirtiéndoles que el cambio liberal de las políticas de inmigración podría dañar su futuro político.
El senador Rubio ha recibido más de 100 mil faxes en lo que va de 2013, dijo el diario.
Debate en el Senado
Dentro de este marco el miércoles el Comité Judicial del Senado llevó a cabo una audiencia sobre la reforma migratoria a la que asistió, entre otros invitados, la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) Janet Napolitano.
Y también acudieron grupos que defienden los derechos de los inmigrantes quienes gritaron en el recinto que "¡Paren las deportaciones!" y que "Nuestras familias sufren todos los días!", una señal más de la impaciencia entre grupos indocumentados cuando el progreso en el Capitolio muestra la fragilidad del debate, dijo The Associated Press.
En los cuatro años del primer mandato de Obama el DHS rompió récords sucesivos de deportaciones sumando más de 1.2 millones. El gobierno asegura que la mayoría de expulsados enía antecedentes criminales, pero organizaciones defensoras de los inmigrantes, entre ellas CHIRLA, La Raza y el Foro Nacional de Inmigración han reiterado que entre seis y siete de cada 10 expulsados no tenìa antecedentes que representaran una amenaza seria para la seguridad nacional de Estados Unidos.
El senador demócrata de Nueva York, Charles Schumer, uno de los integrantes del denominado grupo de los ocho que a finales de enero entregó los principios de una reforma, dijo que "única esperanza" para que sea aprobado un plan en el Congreso "es una propuesta bipartidista".
Para que la reforma se convierta en ley se necesitan 60 votos en el Senado (los demócratas ocupan 53 asientos y el partido no ha confirmado si todos apoyarán la vía de legalización de indocumentados) y 218 votos en la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen el control y los ultraconservadores ocupan los principales puestos directivos.
Reforma a medias
El 20 de septiembre del año pasado, durante un Encuentro con Univision en la Universidad de Miami, Obama dijo que en el curso de 201, si era reelecto para un segundo mandato, empujaría en el Congreso una reforma migratoria que incluiría una vía de legalización para indocumentados, y que esa vía culminaba con la ciudadanía.
A mediados de enero el diario The New York Times anticipó que Obama, reelecto en noviembre y que tomaría posesión el día 20, presionaría al Congreso en los próximos meses para que apruebe una reforma migratoria que la Casa Blanca define como amplia y que incluye la ciudadanía para inmigrantes indocumentados.
El día 29 el mandatario, durante un discurso en una escuela de Las Vegas, Nevada, reiteró el compromiso y le pidió al Congreso que apure el debate. Y advirtió que si no se consigue un acuerdo bipartidista, el mismo enviaría una iniciativa al legislativo y presionaría para que sea aprobada sin contratiempos.
Durante la rendición del quinto informe sobre el Estado de la Unión, el martes, Obama le dijo al Congreso que le enviara una reforma migratoria y que la firmaría de inmediato. El senado respondió con la audiencia del Comité Judicial del miércoles, donde la senadora Dianne Feinstein (demócrata de California) dio pocas señales de un acuerdo bipartidista previo que garantice un voto favorable en el pleno.
La contraparte republicana envió señales contrarias, como por ejemplo debatir proyectos de menos peso, como por ejemplo ampliar la cuota de visas para trabajadores temporales o insistir primero en la seguridad de las fronteras antes de comenzar a definir el camino hacia la legalización de indocumentados.
"Los comentarios que escuchamos por parte de la derecha y la izquierda, muestran lo difícil que es este debate”, le dijo la presidenta de La Raza a un corresponsal del diario La Opinión de Los Angeles.
La agencia Reuters dijo el jueves que en momentos en que Obama intensifica la presión a favor de una reforma migratoria amplia, algunos republicanos en el Congreso dejaron en claro el miércoles que “una postura gradual y menos ambiciosa podría ser más realista para el 2013”.
Agregó que lo que complica la aprobación de leyes este año son los esfuerzos de ambos partidos para atraer los votos hispanos en las elecciones legislativas del 2014.
La Cámara de Representantes, mientras tanto, espera. La congresista Ileana Ros-Lehtinen (republicana de Florida) dijo la semana pasada a Univision que esa instancia del legislativo esperará primero a que decida el Senado.
En caso de aprobarse dos versiones distintas, la presidencia del Congreso convocará al Comité de Conferencia para que armonice ambas leyes. La versión final será enviada al presidente para que la promulgue o la vete. Obama aseguró el martes que cuando el Congreso la ponga en su escritorio la firmará de inmediato.
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