Alcaldes de Michoacán pagan al crimen organizado para no ser sus víctimas

AFP | Feb 07, 2013 | 12:44 AM

Pagan "cobro de piso" para no ser secuestrados o asesinados

Alcaldes de Michoacán, un estado del oeste de México azotado por pugnas de cárteles del narcotráfico y donde esta semana asesinaron a un edil, reconocieron que están obligados a pagar una cuota a integrantes del crimen organizado para garantizar su integridad física.
Wilfrido Flores Villa, presidente municipal interino de la localidad de Nahutzen, fue asesinado a balazos cuando se encontraba desayunando con su esposa en un restaurante de Pátzcuaro, un poblado cercano a su municipio, a unos 350 km de la capital mexicana.
En todo México han sido asesinados 31 alcaldes desde 2006 según cifras de la Federación Nacional de Municipios de México, siendo Michoacán y Durango (norte) los estados más afectados.
Las bandas del crimen organizado en esa zona, principalmente el cártel Los Caballeros Templarios -que nació y opera en Michoacán-, han hecho del llamado "cobro de piso" una lucrativa forma de obtener ingresos bajo un régimen de terror, con el que obligan a ricos y pobres a pagar para no ser secuestrados o asesinados.
"La inseguridad es algo que nos está afectando, es algo que todo el mundo lo sabe pero nadie lo dice, porque nosotros tenemos que lidiar con la delincuencia organizada, y tenemos que pagar impuestos a ellos", dijo a la AFP uno de los cinco presidentes municipales consultados, que pidieron guardar el anonimato.
"No te dejan alternativa, ahora sí, como dice el dicho, 'o cooperas o cuello'", agregó otro.
Este último señaló: pagar una cuota a los delincuentes "no es algo que nosotros queramos hacer, es algo que nos obligan a hacer, no hay para dónde hacerse (ir), no es una opción que te den".
Pagan $800 dólares mensuales por su vida
Los alcaldes se ven obligados a hacer un pago mensual de aproximadamente $800 dólares, que los delincuentes van a buscar sin aviso previo a las oficinas de las presidencias municipales, pese a la estrategia gubernamental contra el crimen organizado instaurada desde el gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), que incluye el despliegue de miles de militares en todo el país.
"Más que declaraciones, queremos acciones, coordinación, resultados para la gente. Antes decían: 'ahí van 20 mil soldados para protegerlos de la delincuencia', y pues sí llegaban los soldados, llegaba la Marina, llegaba sobre todo la Policía Federal, y se iban de vacaciones los delincuentes, y ahora yo creo que se tienen que dar otro tipo de resultados", dijo este miércoles el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, en una improvisada conferencia de prensa en Guanajuato (centro), donde se reunió con el secretario de Gobernación (Interior), Miguel Ángel Osorio Chong.
Ricardo Guzmán Romero, quien fuera un carismático alcalde de La Piedad, otro municipio de Michoacán, fue asesinado en noviembre de 2011 unos días antes de terminar su mandato.
Pero Vinicio Aguilera Garibay, subprocurador regional en Morelia, capital estatal, aseguró que pagar al crimen organizado es un delito.
"Quien forma parte de un órgano legalmente constituido no puede participar de ninguna forma con el crimen organizado o con la delincuencia (...) No se puede pagar cuotas, es ilegal", dijo a la AFP el funcionario.
Cárteles tienen un arsenal más poderoso que la policía
Los alcaldes de Michoacán que están más amenazados son los de municipios que limitan con otros estados mexicanos, cuyos cárteles regionales se disputan con Los Caballeros Templarios el control territorial para efectuar actividades criminales.
Aguilera Garibay sostuvo que los presidentes municipales amenazados por los narcotraficantes tienen la obligación de denunciar ante las autoridades, toda vez que el dinero que pagan a los delincuentes es parte del erario público.
Los alcaldes, por su parte, dicen tener miedo de las represalias de la mafia, cuyo arsenal es mucho más poderoso que el de los policías municipales.
Los pobladores de Cherán, un municipio indígena anidado en las montañas de Michoacán, decidieron en julio de 2011 hacerse cargo de la seguridad para protegerse de una organización criminal dedicada a la tala de bosques y que también los acosaba.
Más recientemente, hartos de las amenazas de bandas criminales que secuestran, extorsionan y matan, los habitantes de al menos seis municipios de la montaña del vecino estado de Guerrero (sur), se empezaron a organizar desde el 6 de enero para formar policías comunitarias.
Unos mil campesinos armados con escopetas y machetes instalaron retenes en las carreteras y patrullan con el rostro cubierto las calles de sus poblados para detener a los delincuentes.
El cobro de una cuota y la extorsión a comerciantes y ciudadanos se ha convertido en una amenaza en muchas zonas del país, donde el crimen organizado actúa impunemente.
©AFP
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