2012 fue pésimo para los indocumentados

Univision.com* | Dec 24, 2012 | 4:12 PM

El gobierno impuso un nuevo récord de deportaciones y el Congreso se negó a debatir la esquiva reforma migratoria

Como una radiografía de los tres años anteriores, el 2012 se marcha con un nuevo récord de deportados, la preocupante cifra de 409,849. En el año fiscal 2011 la cifra alcanzó los 396,906, en 2010 fueron 392,862 y en 2009 registró 389,834. El gobierno asegura que la mayoría tenía antecedentes criminales.
Organizaciones nacionales que defienden los derechos de los inmigrantes, entre ellos la Iglesia Católica, las iglesias Evangélicas, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA), el Consejo Nacional de La Raza (NCLR) y National Immigration Forum (Foro Nacional de Inmigración –NIF-), reiteran que entre seis a siete por cada 10 deportados no tenía antecedentes criminales graves que constituyeran una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Pero la Administración Obama reiteró su política de expulsiones y aseguró que seguirá apretando el paso en 2013, pese a los anuncios hechos tanto por demócratas como por republicanos de que se sentarán a la mesa para negociar una reforma migratoria.
“Si bien las deportaciones del año fiscal 2012 indican que continuamos avanzando en concentrar nuestros recursos en extranjeros criminales, con más delincuentes convictos deportados que nunca antes, estamos constantemente buscando formas de asegurar que estamos haciendo todo lo posible para utilizar nuestros recursos de manera que aseguren la seguridad pública”, dijo John Morton, director de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE), la agencia bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) encargada de las deportaciones.
De los casi 410 mil expulsados en 2012, el gobierno asegura que aproximadamente 55% tenía antecedentes criminales serios (manejar bajo la influencia de estupefacientes, felonías, homicidas y depredadores sexuales, entre otros), y que el resto registraba delitos menores que no fueron detallados, dejando un amplio margen de duda para que los grupos pro inmigrantes insistan en la necesidad de una reforma migratoria que incluya, entre otros beneficios,  una vía de legalización ordenada para extranjeros sin papeles de estadía legal en el país y que no hayan cometido faltas graves que ameriten que sean expulsados.
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Tres anuncios, un beneficio
El 2 de enero el gobierno anunció que modificaría la denominada Ley del Castigo, para permitir que cónyuges e hijos menores de edad solteros e indocumentados de ciudadanos estadounidenses puedan legalizar sus permanencias sin tener que salir del país y esperar entre tres y 10 años fuera antes de poder reingresar a Estados Unidos.
La exención provisional por presencia ilegal dejaría sin efecto una cláusula contemplada en la ley de inmigración vigente y aprobada por el Congreso en 1996, que castiga con tres años fuera de Estados Unidos a indocumentados que permanecieron 180 días o menos como indocumentados, y eleva la sanción a 10 años si la estadía ilegal sobrepasa el año o los 365 días.
La medida, explicó Alejandro Mayorkas, director de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), “está diseñada para evitar una dificultad extrema a los ciudadanos estadounidenses, que es precisamente lo que esta norma propuesta logrará más efectivamente”, es decir, permitir la reunificación familiar.
Si el proceso no es modificado, “puede someter a los ciudadanos estadounidenses a meses, o años de separación de familiares que esperan que sus casos sean procesados en el extranjero. El cambio propuesto tendrá un gran impacto en las familias al reducir significativamente el tiempo de la separación”, agregó el director.
Pero el cambio todavía está pendiente y no se sabe cuándo la USCIS lo pondrá en vigor.
Seis meses más tarde, en 15 de junio, la Administración anunció que implementaría el Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), Acción Diferida, que detiene las ordenes de deportación de entre 800 mil y 1.7 millones de jóvenes indocumentados que ingresaron siendo niños a Estados Unidos (dreamers) y les concede un permiso o autorización de empleo renovable cada dos años. La recepción de solicitudes arrancó el 15 de agosto y menos de 60 mil han sido resueltas satisfactoriamente al 1 de diciembre, un número bajo considerando la cifra de potenciales beneficiarios.
Cinco meses después, el martes 6 de noviembre, más de 12 millones de hispanos acudieron a las urnas y de ellos más del 70% votó por la reelección del presidente Obama y en contra de las posturas antiinmigrantes esgrimidas por su adversario, el republicano Mitt Romney, quien desde inicios de su campaña promovió un plan de autodeportaciones, amenazó con vetar el Dream Act si lo aprobaba el Congreso y rechazó cualquier tipo de amnistía (regularización) de indocumentados.
El voto latino fue decisivo para la victoria de Obama, sobre todo en estados clave. Pero al mismo tiempo se tradujo en una exigencia para el mandatario en el sentido de utilizar todo el capital político que sea necesario para forzar al Congreso a que debata una reforma migratoria, y una advertencia para los republicanos de que el discurso antiinmigrante aleja un voto que inclina la balanza y decide quién será el inquilino de la Casa Blanca.
Menos de una semana después de la elección, ambos partidos anunciaron reuniones y conversaciones, a puertas cerradas, para discutir vías de entendimiento que lleven a la elaboración de un proyecto de reforma a las leyes de inmigración que incluyan, entre otros, un fuerte componente de seguridad nacional y un camino para legalizar la permanencia de la mayoría de los 11 millones de indocumentados. Pero nadie, a la fecha, ha dicho cómo, cuando y quiénes obtendrían, por ejemplo, la green card. Y tampoco ni demócratas y republicanos han garantizado un acuerdo bipartidista previo que garantice el voto favorable en ambas cámaras del Congreso.
El escenario
Complejo. Así lo definen analistas y activistas por los derechos de los inmigrantes. Las organizaciones que apoyan y defienden la reforma migratoria están convencidas que, por fin, ambos partidos se dieron cuenta que para ganar una elección presidencial necesitan el voto latino, y que el voto latino pasa por la reforma migratoria y la solución al problema de los 11 millones de indocumentados.
“Con las condiciones propicias, el 2013 se vislumbra como el año de la reforma migratoria”, dijo a Univision.com Maribel Hastings, asesora ejecutiva de Americas Voice. “Los resultados de las elecciones del 6 de noviembre y la estelar participación de los electores latinos han demostrado, finalmente, que el voto hispano sí puede determinar quién ocupa o no la Casa Blanca”, agregó.
Hastings dijo además que, luego del 6 de noviembre los republicanos entendieron que el discurso antiinmigrante y de rechazo a la reforma migratoria es funesto para sus aspiraciones de gobierno, pero advirtió que un escenario favorable todavía está pendiente, pese a las promesas y los anuncios de conversaciones entre congresistas de ambos partidos, y también la Casa Blanca.
El 11 de noviembre, por ejemplo, los senadores Charles Schumer (demócrata de Nueva York) y Lindsey Graham (republicano de Carolina del Sur) anunciaron que retomaban pláticas suspendidas en marzo de 2010 sobre un plan bipartidista que legalizaría a millones de indocumentados. Poco después dos republicanos dijeron que hablarían del tema y propusieron cambios, pero no hablaron de incluir la ciudadanía en una propuesta, quizás porque todavía piensan en soluciones temporales. Y el presidente Obama salió a la palestra para reiterar que después de la toma de posesión de su segundo mandato, esto es la tercera semana de enero, enviaría un plan al Congreso.
El 20 de septiembre Obama reconoció en un Encuentro con Univision que la falta de una reforma migratoria, como prometió en 2008, era el mayor fracaso de su Administración, y dijo que en un segundo ejercicio, si era electo, saldaría la deuda. El plazo comenzó a correr el 6 de noviembre y finaliza el 31 de diciembre de 2013. Falta por determinar si los republicanos, que controlan la Cámara de Representantes, se apuntarán en el proyecto sabiendo de antemano que, al igual que los demócratas, no tienen los votos suficientes para aprobar un proyecto que abra las puertas a la legalización de los indocumentados. Y conociendo, por la reciente experiencia de noviembre, que de no hacer nada volverán a ser castigados en las urnas en los comicios de medio tiempo de 2014.
“Si los republicanos aprendieron la lección del 6 de noviembre, deberían entender que requieren del voto latino para ser viables como partido a nivel federal, particularmente para ganar la Casa Blanca, y que tienen que atajar los asuntos de interés para estos votantes, incluyendo la reforma migratoria, ya que también quedó de manifiesto que la forma en que los políticos manejen el asunto determina cómo y por quién votan estos electores hispanos. La presión estará sobre todos los líderes republicanos que, tras los resultados de la elección, hablaron de la necesidad de abordar el tema. La interrogante es si neutralizarán al ala más radical de su partido totalmente opuesto a legalizar a los indocumentados, y que verdaderamente trabajarán con los demócratas para concretar un proyecto conjunto y con ello volver a ser competitivos en una elección presidencial”, dijo Hastings.
En cuanto a los demócratas, la activista dijo que ellos “también tienen tarea pendiente. Si pretenden solidificar el amplio apoyo que lograron de los votantes hispanos, el tema de la reforma migratoria tiene que finalmente pasar de la promesa a la acción. Me parece que sería peligroso para los demócratas no concretar este asunto en la segunda administración Obama, porque los votantes latinos, si bien se han volcado a favor de los demócratas, podrían optar por otro partido si los republicanos enmiendan su retórica y sus propuestas, y colocan en la boleta a un candidato atractivo que se convierta en una alternativa real para los electores hispanos”.
Mar de dudas
Sin duda, las declaraciones del presidente y de congresistas de ambas cámaras después de la elección de noviembre, dejan en claro que en la Casa Blanca y en el Congreso se hablará de reforma migratoria después de la segunda embestidura de Obama.
“Yo soy optimista y creo que habrá reforma migratoria”, dijo a Univision.com el profesor Roberto Izurieta, director del Departamento de Política Latinoamericana de la Universidad George Washington. “Hay muchas circunstancias que han cambiado para esto. Primero, la opinión pública norteamericana ya respalda una clase se reforma migratoria. Pero, ¿en qué términos?”, preguntó. El mismo se respondió: “Eso será parte del debate”.
En cuanto a los resultados registrados el 6 de noviembre, que obligaron a los republicanos a ceder en el tema de los indocumentados, dijo que sí, definitivamente, pero advirtió que ello no significa que los haya obligado a ceder en el tema de la legalización o la amnistía. “Eso será más difícil, o el término que se busque. Pero estoy convencido que llegarán a un acuerdo en el que la mayoría de los demócratas votarán a favor y un número suficiente de republicanos los respaldarán para que el proyecto pueda ser aprobado”.
Las dudas de Izurieta se detienen en el tipo o proyecto de reforma migratoria que asoma en Washington y del cual pocos quieren hablar. Dice que es “difícil saberlo” por ahora, pero piensa que “abarcará a la mayoría de los indocumentados”. Y quizás los incluya, los mencione, pero está por verse el tipo de requisitos que se impongan y si todos los llamados podrán, al final del día, sentarse a la mesa de aquellos que disfrutarán del banquete de la legalización.
Izurieta señala que la reforma migratoria debería “solucionar la mayor parte del problema” existente, que el proyecto debería ser “integral y que aporte una solución para el problema migratorio del futuro”, y que el Congreso debería tener en mente “a aquellos indocumentados que han estado o permanecido en Estados Unidos en los últimos cinco años y que han cumplido con sus obligaciones ciudadanas”.
Pero Izurieta no pierde de vista las deportaciones. Dijo que en 2013 el gobierno de Obama, a pesar de empujar al Congreso para que apruebe una reforma migratoria, mantendrá el dedo en el renglón de su política de deportaciones, estrategia que en los últimos cuatro años ha establecido récords sucesivos.
“Todo seguirá igual”, anticipó.
Se tomarán las calles
Lo que no será igual será la actitud de varias organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, quienes están advirtiendo movilizaciones si esta vez Obama no cumple la segunda promesa de reforma migratoria.
En la elección de 2008 Obama dijo que en 2009 empujaría un proyecto en el Congreso, pero las guerras en Irak y Afganistán, la crisis económica y la recesión, y el debate de la reforma de salud, entre otros, postergaron el compromiso. El 20 de septiembre el mandatario, ante las cámaras de Univision, volvió a comprometerse, esta vez para 2013, promesa que reiteró una semana después de obtener la reelección con el apoyo de más del 70% del voto hispano.
“A partir de la asombrosa mayoría que le dimos nuestro voto de confianza al presidente, hemos escuchado a ambos partidos declarar su compromiso, o por lo menos su disposición a negociar una reforma migratoria en el 2013. Yo creo que sólo habrá reforma si la comunidad se organiza y se moviliza masivamente para reclamar que se cumpla lo prometido”, dijo el activista Juan José Gutiérrez, presidente de Vamos Unidos USA. “Si esto no se cumple, me temo que tendremos más de lo que tuvimos durante los últimos cuatro años, promesas que se reiteran una y otra vez”, agregó.
Gutiérrez tuvo amplia participación en la convocatoria de las multitudinarias marchas de la primavera de 2006, cuando cientos de miles de inmigrantes salieron a las calles en las principales ciudades con alta concentración de hispanos para exigir al Congreso que detuviera la aprobación de una propuesta republicana que criminalizaba la estadía indocumentada, un acto que sigue siendo una falta de carácter civil, con excepción en los estados de Arizona y Alabama.
El activista dijo que las organizaciones estaban cansadas de acusaciones mutuas entre demócratas y republicanos “como el mayor impedimento para lograr un voto favorable en el Congreso”, y que mientras se sigue esperando, aumentan los arrestos y la deportación de inmigrantes. “Por años nuestra comunidad ha estado luchando por una reforma migratoria justa y generosa que permita, a quienes puedan demostrar permanencia y no sean delincuentes, solicitar los beneficios de la legalización”.
“El gran peligro que nuestra comunidad enfrenta es precisamente que las autoridades se valgan de cualquier situación para que, en lugar de la reforma por la que hemos estado luchando, se enfoquen en invertir recursos en emplear más agentes para asegurar la frontera, arrestar a inmigrantes y emplear más jueces para acelerar las deportaciones. Debemos estar preparados para esta eventualidad”, explicó.
Gutiérrez dijo que, considerando las cifras aportadas por el gobierno en materia de deportaciones, “hay que prestarle mucha atención a los datos del DHS, porque se pueden tornar aun más delicados de lo que ya hemos tenido durante el primer mandato de Obama”, concluyó.
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