Estafan a cientos de hispanos en Carolina del Norte

Univision.com | Nov 29, 2012 | 3:48 PM

Por Tomás Ocaña y Margarita Rabin

Casi todos los hispanos de Charlotte conocen a alguien que cayó en el engaño. Un migrante mexicano nos respondió de inmediato mientras recogía las hojas caídas de otoño en una iglesia del centro de la ciudad: “Sí claro, sé de lo que me hablan: le ocurrió a la amiga de mi hermana”.
La amiga de su hermana es Maria Eugenia Romero Medina. “Entré en el supermercado La Populary allí me dijeron que podía sacar los títulos del carro nada más con mi pasaporte y dinero”, explica. Ella pago 500 dólares por registrar su vehículo, un procedimiento que en el Charlotte, para una persona con licencia, cuesta 150 dólares. María Eugenia sospechó, pero siguió adelante: “500 dólares se me hizo mucho, pero la necesidad pues también es grande”. El caso de Maria Eugenia se repitió con otras 1500 personas indocumentadas, con diferentes costos (oscilaba entre 400 y 700 dólares), distintos establecimientos y distinas personas, pero con procedimientos muy similares.
Según la investigación del Departamento de Vehículos de Carolina del Norte (DMV), el fraude consistía en registrar los autos a nombre de empresas que no existían. Para ello utilizaban el nombre del indocumentado y su profesión. Nombres como ‘Bautista Electrician Tools’, ‘Cruz Mechanichal Service’ o ‘Hernandez Floor Instalations’ eran los títulos usados para esconder que el verdadero propietario era un indocumentado. La trama fue descubierta cuando el DMV se percató de un incremento inusual de registros de vehículos a nombre de empresas. Una investigación liderada por Danny Barlow encontró que había “enfermerías” ubicadas en departamentos o “empresas de construcción” en áreas residenciales, lo cual los llevó a establecer que esas compañías eran falsas.
Lo que permitió el fraude
Andrés Santos Benito, migrante dedicado a la construcción,  fue uno de los presuntamente defraudados.  Él admite haber notado que algo no iba bien, pero no tenía opción más que confiar. Apenas dos meses después de haber comprado y arreglado su vehículo, sus temores se confirmaron: “Un día que yo andaba trabajando, mi esposa llega del trabajo, se para con el carro y ve en el buzón la carta. Entonces ella me llama y me dice: llegó una carta pero está en ingles y dice ahí que te han cancelado. ¿Cancelado?”. En efecto, le habían cancelado la placa y el titulo del vehículo que con tanto esfuerzo había adquirido. 
La carta que recibió Andrés fue la misma que recibieron otras 700 personas, según Danny Barlow. El director de investigación de la zona oeste del Departamento de Vehículos dice que la investigación sigue abierta y al menos otras 800 personas restantes podrían ver cancelado el registro de sus vehículos. En el momento en que esto ocurre el automóvil queda inmovilizado, sin poder utilizarse ni venderse lo cual es todo un drama para los inmigrantes indocumentados. Como es el caso de Martin Gámez, un migrante llegado de Puebla hace unos años y dedicado a la construcción, invirtió dos años de trabajo en comprar un automóvil para poder ir a trabajar junto a su hermano Heriberto en la colocación de losas.  
Los presuntos defraudadores, de origen latino, operaban en locales hispanos, aprovechándose, en palabras del policía de Charlotte, Daniel Hernandez, de la confianza de los clientes de estos establecimientos. “Uno nunca espera que un hispano este estafando a otro hispano”  dice Maria Eugenia, una de las víctimas. 
El Supermercado La Popular fue donde se realizaron la mayoría de las 1500 registraciones presuntamente fraudulentas. Allí dos hispanos trabajaban junto a una notaria afroamericana en una pequeña oficina arrendada en el interior del establecimiento. La dueña del Supermercado, Juana María Estrada, dice que no sabía lo que estaban haciendo las personas que le rentaron el espacio. Como en muchos negocios latinos, entre ellos no había contrato de arrendamiento, sólo la palabra. Ahora “nosotros estamos pagando las consecuencias de fiarnos de ellos” 
De momento se han producido tres detenciones relacionadas con el caso, entre ellas la de Carisa Barret, la notaria que firmaba los documentos. La investigación sigue abierta y trabaja bajo la premisa de que hasta 10 personas participaron en la presunta estafa en 5 localizaciones diferentes.
Si querían un auto no tenían otra opción
En estados como Carolina del Norte desplazarse diariamente sin un vehículo es una tarea casi heroica. Por ejemplo Andres Santos invierte una media de una hora en llegar a cualquiera de los trabajos para los que le contratan, si tuviera que usar transporte público, asegura que le sería imposible llegar a todos esos sitios. Y así es para la mayoría de los inmigrantes indocumentados. Solo en los estados de Nuevo México y Washington pueden adquirir una licencia de conducir y con ello registrar un vehículo a su nombre. En el resto del país  los indocumentados que conducen sin un carro registrado enfrentan un posible delito.
Hasta 2006 en Carolina del Norte se podía comprar un auto y registrarlo sin una licencia a través del número de identificación tributaria (ITIN). De hecho, según datos del Departamento de Vehiculos de Carolina del Norte (DMV), 45.000 indocumentados al año utilizaban este sistema para poder conducir. Sin embargo, esta posibilidad se acabo a raíz de un cambio legislativo. En los últimos seis años la mayoría de las licencias que tenían los indocumentados de Carolina del Norte se fueron venciendo, y los que llegaban al estado no podían tener un automóvil a su nombre. 
En su desesperada búsqueda de alternativas para registrar sus vehículos los hispanos cayeron en un fraude. Se habían reportado antes varios casos de falsas registraciones, pero este, de los mil 500 afectados, tiene proporciones sin precedentes, dice uno de los abogado de los estafados Stefan Latorre. 
El fraude podría ser apenas el principio de sus problemas
Las más de 1500 personas que registraron sus vehículos a nombres de empresas inexistentes enfrentan o enfrentarán dos problemas. Por un lado cómo recuperar parte del dinero invertido en el vehículo, por el otro los cargos criminales que enfrentan por asegurar en un documento público que tenían una empresa que en realidad no tienen. 
El Departamento de Vehículos explica a Univisión que trabajará con los afectados para que ellos puedan nuevamente registrar los carros a nombre de alguien con licencia de Carolina del Norte, ya sea vendiéndolos o poniéndolos a nombre de un familiar. Sin embargo, para ellos, recuperar la inversión es lo de menos porque necesitan desplazarse. 
En todo caso, el DMV llama a quienes tengan un vehículo registrado en estas circunstancias a ponerse en contacto con ellos, pues que sólo así puede iniciarse el proceso de transferir el vehículo a otro titular. Danny Barlow explica que en esa primera visita se les dará una citación para corte, pero que no acudir no evitara que estas personas afronten cargos judiciales. Frente a las denuncias de que el departamento da un trato discriminatorio a los hispanos, Barlow dice que no le consta ni lo permitiría, pero que las personas que rellenaron los documentos de registro a nombre de empresas que no tenían deben ser responsables de ello. 
Lo que más preocupa a todos estos inmigrantes es sufrir una deportación. Para un inmigrante indocumentado acudir a corte es sinónimo de afrontar esa amenaza. Stefan Latorre no cree que ellos acaben arrestados ni expulsados del país. Sin embargo señala que “no hay ninguna garantía de que no los van a arrestar.  Personas que están indocumentadas en los Estados Unidos pueden ser detenidos por inmigración en cualquier momento”.
La mayoría de los afectados esta citado en la corte de Gastonia el próximo 14 de diciembre. Esta corte asume el caso debido a que los presuntos defraudadores utilizaban la oficina del DMV en este suburbio para presentar las peticiones de títulos. 
Según fuentes oficiales, el volumen de casos es tal que a la corte puede interesarle llegar a un acuerdo. Según señala también el abogado Latorre 1500 casos son muchos y ello podría sobrecargar los juzgados. Por ello él espera que todo quede en una multa. La preocupación de sus clientes es que podría quedar en su historial un record criminal. 
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