Ayuda pública podría terminar en deportación

EFE | Sep 30, 2010 | 9:23 AM

Proponen cambios drásticos en Carolina del Norte

CHARLOTTE - Un comisionado en Carolina del Norte propuso que el Departamento de Servicios Sociales (DSS) entregue al servicio de inmigración la lista de padres indocumentados que solicitan asistencia para sus hijos nacidos en el país.
Bill James, uno de los nueve comisionados del condado Mecklenburg, donde se asienta Charlotte, y de postura conservadora, argumentó que la medida busca resguardar la "seguridad nacional".
"Cómo sabemos que no tenemos personas que reciben beneficios sociales que tienen relación con grupos terroristas, o que están siendo buscados, y no nos molestamos en reportarlos a inmigración, Seguridad Nacional o a alguien", afirmó el republicano James a los medios.
La propuesta, que presentará el 5 de octubre a la junta de la localidad, donde habitan cerca de 75,000 indocumentados, la mayoría hispanos, ordena a DSS divulgar los nombres de los "sin papeles identificados" por el sistema federal SAFE.
Al borde del peligro
La agencia social utiliza SAFE, que coordina la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), para asegurarse que el solicitante de beneficios sociales como Cupones de Alimento, Medicaid, entre otros, reúna los requisitos para recibirlos.
El sistema verifica el número de Seguro Social y estado migratorio de la persona con las bases de datos de las respectivas agencias.
Según cifras de DSS, unos 5,635 menores de edad nacidos en el país o denominados "niños ancla", porque tienen al menos un padre sin documentos migratorios, reciben actualmente ayuda del programa de Cupones de Alimentos.
De otras 1,434 nuevas solicitudes recibidas por DSS para el periodo fiscal de 2011, el organismo negó la ayuda a 139 individuos por no cumplir con los requisitos.Revisión de antecedentes
James quiere que esos inmigrantes sean remitidos al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para asegurarse que no tengan "antecedentes criminales" y no representen una amenaza para la "seguridad del condado y del estado".
De acuerdo con datos que el comisionado obtuvo supuestamente de un empleado del DSS, atender a estos niños le cuesta al condado $5 millones al año.
En un intercambio de correos electrónicos entre James y Mary Wilson, directora de DSS de Mecklenburg, la funcionaria informó al comisionado de que según políticas del Departamento de Servicios de Salud y Humanos del estado (DHHS), no se puede "reportar" a los indocumentados "bajo ninguna circunstancia".
"DSS sólo sirve a niños ciudadanos estadounidenses más allá de que realmente se convierta en una determinación de política, y ese no es mi trabajo", afirmó Wilson.
Mala interpretación
En otra confrontación electrónica con los funcionarios de DSS, James cuestionó los servicios de traducción que ofrece la entidad a las personas que buscan servicios.
"Virtualmente, toda la gente que no habla inglés es ilegal", escribió el comisionado. "Contratar traductores es algo así como para apoyar y ofrecer beneficios a los que infligen la ley, y eso también es ilegal".
Para Rubén Campillo, de la Coalición Latinoamericana, la organización hispana más grande de la ciudad, es "deplorable" que James utilice al DSS para propósitos políticos.
"Eso va en contra de la ley. Lo que quiere es crear controversia utilizando a los indocumentados. No creo que su propuesta avance", afirmó Campillo a Efe.
La lista negra de Utah
Otro líder comunitario, Héctor Vaca, coordinador del grupo "Action NC", pidió una investigación "como sucedió en Utah, porque un empleado de DSS no puede revelar esta información que es privada. James está actuando como un racista contra los hispanos", acotó Vaca.
Las autoridades de Utah suspendieron el pasado mes de julio a dos empleados del Departamento de Servicios Sociales que accedieron a una base de datos para crear una lista con los nombres de 1.300 supuestos indocumentados.
La lista fue entregada anónimamente a varios medios de comunicación, fuerzas de seguridad y otros funcionarios del gobierno.Viejos antecedentes
No es la primera vez que James arremete contra la comunidad inmigrante de Charlotte.
El año pasado enfureció a los hispanos cuando comparó a los indocumentados con "prostitutas y narcotraficantes".
Asimismo, tildó a los afroamericanos de "alcantarilla de la sociedad", y varias veces ha hecho comentarios homofóbicos contra la comunidad homosexual.
James es un partidario de castigar la contratación de trabajadores sin documentos y de obligar a las empresas que tienen contratos con el Gobierno a utilizar un sistema de verificación de estado migratorio de sus empleados.
©EFE
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