Temor por la SB1070 afecta a víctimas de delitos en Arizona

ImpreMedia Digital, LLC | Oct 22, 2012 | 7:35 AM

Tras la aplicación de la polémica ley migratoria, hay miedo a la policía

PHOENIX, Arizona - La presión del filo de la navaja contra su cuello tomó a Aurora Tristán por sorpresa. Sin titubear salió corriendo de su Honda Civic 98. Las dos jovencitas que le pidieron un "aventón" afuera del supermercado se escaparon robando el automóvil.
La inmigrante de 45 años no sabía cuando marcó en su celular al 911, que su condición de víctima de un robo a mano armada podía calificarla para obtener una visa "U" si cooperaba con la policía o los fiscales.
"Quería ayudar porque sentía que tenían que pagar por lo que me hicieron", dijo Tristán, una inmigrante de origen mexicano que se identifica con la fe cristiana. "No las odio ni siento resentimiento, sólo quiero justicia".
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En distintas partes del país, las víctimas de un delito que son indocumentadas como Tristán cooperan con las autoridades locales y las oficinas de los procuradores. Pero cuando llega la hora de que estas agencias certifiquen que ayudaron en una investigación –lo cual puede abrir las puertas para que se legalicen mediante una visa "U"- dónde ocurrió el crimen es tan crítico como el caso en sí mismo.
En el Condado Maricopa, las víctimas están a merced de un sentimiento antiinmigrante que persiste, y el temor les impide buscar ayuda.
La visa "U" fue creada por el Congreso en el año 2000 con el fin de ayudar a las fuerzas de la ley a que encausaran delitos violentos cometidos contra inmigrantes indocumentados –en especial mujeres- y para motivar a las víctimas a denunciar los crímenes sin temor a ser detenidas o deportadas.
Clima de miedo
Pero en una atmósfera viciada por una parte de la ley SB1070 de Arizona conocida como "muéstrame tus papeles" –que entró en efecto en septiembre- el objetivo de esta visa que tiene el fin de proteger a una víctima está resultando en todo lo contrario.
A esto se suma que la Oficina del Procurador del Condado Maricopa (MCAO) se niega a certificar que las víctimas cooperaron, sin dejar ninguna otra avenida para los abogados de inmigración que tratar de obtener la certificación a través de la policía.
Para conseguir la visa, las víctimas de un crimen primero necesitan un certificado que se conoce como I-918 B, que comprueba que de hecho fueron víctimas de un delito violento, que cooperaron o quieren cooperar con la policía o los fiscales. Ese formulario debe ser firmado por un oficial de policía, un procurador o un juez, de lo contrario una víctima no puede iniciar el proceso para solicitar la visa con la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) una división del Departamento de Seguridad Nacional que es la que toma la decisión en última instancia si califican o no.
Nadie firmó
Tristán ayudó al Departamento de Policía de Phoenix a identificar a los ladrones. Pero no pudo iniciar el proceso para obtener una visa "U" porque ni la policía ni el fiscal del Condado Maricopa estuvieron de acuerdo en firmar el formulario I-918.
La policía esperó hasta que el caso estuvo cerrado para negarle la solicitud.
"Dijeron que no firmaron la certificación porque los acusados ya estaban en la cárcel", explicó Randall Rowberry, el abogado de inmigración de Tristán, quien realizó la solicitud original antes de que las dos jóvenes que robaron el auto fuesen sentenciadas.
Rowberry intentó conseguir la certificación con MCAO, sin suerte. Cuatro meses después, recibió una carta que la rechazaba sin ninguna explicación de la directora del Buró de Crímenes Especiales.
No automático
Aunque algunas agencias hacen uso de la discreción y son más flexibles a la hora de decidir si certificarán el formulario, la Oficina del Procurador del Condado Maricopa (MCAO), encabezada por el republicano Bill Montgomery, mantiene una política de rechazar todos menos una pequeña fracción de los casos. Para víctimas como Tristán, que buscan ayuda de los fiscales como el último recurso, esta política se ha convertido en un obstáculo inamovible para poder alcanzar una visa.
"No quiero que mi oficina esté en una situación de ayudarle a alguien a obtener un estatus legal con el fin de encausar un caso criminal", explicó Montgomery en una entrevista. Desde el 2009, esta agencia ha recibido 83 solicitudes, ha rechazado 19, referido 7 a otras agencias y sólo certificó 6. Hacia mediados de octubre había 51 casos rezagados que aún no han sido considerados por la agencia de acuerdo a récords públicos de MCAO.
Entre los pocos casos que MCAO certificó se encuentra el de una inmigrante latina que fue víctima del "Asesino de Baseline" un violador en serie cuyo caso tuvo relevancia nacional. Montgomery explicó que en ese caso se tomó la decisión porque era "absolutamente necesario para resolver la situación", pero agregó que "no quiero que los abogados de inmigración se acostumbren a estar pidiendo visas para alguien porque fue la víctima de un crimen."
Visa para víctimas
Las jóvenes que asaltaron a Tristán y robaron su automóvil se declararon culpables mediante un acuerdo después de que la inmigrante ofreció ayuda a los fiscales.
"No hubo juicio. ¿Para qué vamos a darle una (certificación de la) visa 'U'?" dijo Jerry Cobb, portavoz de MCAO. "La única manera en la que nos involucramos es si necesitamos a la persona para investigar un delito".
Rowberry refutó este argumento considerándolo injusto.
"Esta no es una visa para testigos de un crimen; es una visa para víctimas", enfatizó.
De hecho, la ley no requiere que una víctima testifique en un juicio o que la policía presente cargos ante el fiscal para otorgar la certificación de la visa "U". Simplemente indica que un individuo "haya sido útil, sea útil, o probablemente sea útil en la investigación o proceso judicial de un crimen", de acuerdo a UCSIS.
Por ley Montgomery puede usar su criterio para decidir si se otorgará una certificación, por ejemplo cuando necesita alguien que permanezca en los Estados Unidos como testigo. Pero la manera en la que MCAO ha tratado estos casos, despierta interrogantes sobre si la ley ofrece demasiada flexibilidad para que las agencias decidan –aún en casos en que las víctimas cuentan con todos los requisitos para recibir una certificación.
"Hay una parte en la ley que queda abierta a la interpretación", dijo Christina Ortecho, abogada de inmigración de Friendly House, una organización sin fines de lucro que brinda servicios a la población hispana. "El Congreso no ofreció detalles de lo que (las agencias) pueden considerar o no" a la hora de decidir sobre un pedido de certificación.
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