Estado de Guatemala, condenado por matanza

EFE | Oct 20, 2012 | 6:40 PM

'No puede quedar en la impunidad'

Una organización humanitaria que asiste a familiares de víctimas del conflicto armado (1960-1996), celebró la condena contra el Estado de Guatemala emitida el viernes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica.
"El tribunal determinó que el Estado es responsable de la desaparición forzada de 17 miembros de la comunidad", de "violaciones sexuales" a una mujer indígena y de "la sustracción de 17 personas, 16 de ellos niños y niñas" de Río Negro, indicó la CorteIDH en un comunicado.
El Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh) dijo en un comunicado que la sentencia emitida por la CorteIDH "es una muestra más de que lo ocurrido durante el conflicto armado interno no puede quedar en la impunidad".
La organización humanitaria, que da asesoría legal a familiares de víctimas de la guerra, pide al Estado guatemalteco que investigue y juzgue a los autores materiales e intelectuales de la barbarie ocurrida al pueblo maya Achí.
"Manifestamos nuestra admiración hacia las y los sobrevivientes de Río Negro en su lucha incansable por la justicia", dice un breve comunicado de Caldh.
Río Negro es una comunidad del municipio de Rabinal, en el departamento norteño de Baja Verapaz, que registra una de las 669 matanzas perpetradas durante la guerra interna que documentó las Naciones Unidas en su informe "Memorias del Silencio".
Según el documento, en Río Negro el Ejército y Patrullas de Autodefensas Civiles (PAC) mataron a 70 mujeres y 107 niños el 13 de marzo de 1982.
El caso, ilustrado como el "No. 14" en el informe, señala que los niños que quedaron vivos tras la masacre fueron forzados a convivir durante casi dos años con los mismos integrantes de las patrullas que ejecutaron a sus familiares.
En la sentencia se detalla que el pueblo de Río Negro fue destruido durante una serie de cinco masacres a pueblos indígenas perpetradas por el Ejército y miembros de las PAC entre 1980 y 1982.
El fallo de la CorteIDH indica que Guatemala debe "investigar, sin mayor dilación, de forma seria y efectiva los hechos que originaron las violaciones declaradas en la presente sentencia, con el propósito de juzgar y, eventualmente, sancionar a los presuntos responsables".
Los jueces también ordenaron al Estado guatemalteco "elaborar un plan riguroso para la búsqueda de los miembros de la comunidad de Río Negro desaparecidos forzadamente", así como para la "localización, exhumación e identificación de las personas presuntamente ejecutadas".
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