Comunidades seguras crece en las Carolinas

EFE | Sep 24, 2010 | 10:10 AM

Más de 35 agencias locales han firmado acuerdo con ICE

CHARLOTTE, Carolina del Norte - El programa migratorio Comunidades Seguras, que identifica a indocumentados en las cárceles, se expande rápidamente en las Carolinas, aunque algunos servicios policiales prefieren al controvertido 287(g).
En lo que va de 2010, 35 departamentos del orden público en Carolina del Norte -de 48 que actualmente operan en el estado- y tres en Carolina del Sur, han firmado acuerdos con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para aplicar la medida.
Esto corresponde a un aumento de casi 80 por ciento en ambos estados, cuya población indocumentada supera los 330,000, según estadísticas recientes del Centro Hispano Pew.
De qué se trata
El sistema biométrico IDENT de Comunidades Seguras permite el análisis de las huellas dactilares de una persona detenida por cualquier delito, las cuales son cotejadas instantáneamente con las bases de datos de ICE y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) para conocer su récord migratorio y delictivo.
A nivel nacional, el programa también se ha multiplicado a un ritmo acelerado los últimos 20 meses de 14 a 589 jurisdicciones en 31 estados.
En la actualidad, Carolina del Norte ocupa el cuarto puesto de los estados con más Comunidades Seguras, encabezado por Virginia con 129, Texas 169, y Florida con 51.Metas a corto plazo
Según Bárbara González, portavoz de ICE para el sureste del país, la meta de la agencia federal es instalar en las más de 3,000 cárceles locales del país esta tecnología biométrica para 2013 "para identificar y deportar a los ilegales que representen una amenaza".
"En las Carolinas hemos encontrado mayor receptividad y nos han facilitado la instalación del programa en las cárceles", enfatizó González.
Para Jim Pendergraph, ex -alguacil del condado Mecklenburg, donde está localizada Charlotte, y antiguo promotor nacional de ICE del 287(g), el reemplazo por Comunidades Seguras se debe en parte a cambios de las políticas de inmigración.
A diferencia del 287(g), Comunidades Seguras no requiere entrenamiento de oficiales locales en funciones de inmigración y sólo ICE puede decidir el inicio del proceso de deportación de un indocumentado en custodia local de acuerdo a un orden de prioridades. Prioridades de ICE
Los inmigrantes con cargos de nivel 1 tales como asesinato, tráfico de drogas y robo mayor tienen prioridad para ICE a los de nivel 2 y 3, que reúne a acusados de otros delitos que incluyen infracciones menores de tránsito.
Carolina del Norte llegó a tener funcionando el 287(g) en 9 condados el año pasado, más que en estados como California, Florida, Colorado, Nueva York, Texas, con alta población de inmigrantes sin papeles.
"La voz se ha corrido entre las agencias del deber de que no hay más fondos para el 287(g) sino que será reemplazado por Comunidades Seguras que es menos costoso. También los alguaciles están también disgustados por la forma que ICE maneja las partidas" (presupuestarias), acotó Penderpragh, que ahora se dedica a la política.

Datos del 287(g)

Sólo 71 agencias del país aplican el 287(g) desde su inicio en 2002 y un total de 1,200 agentes han recibido el entrenamiento de tres semanas proporcionado por ICE en una academia especial en Charleston (Carolina del Sur).
Esto ha generado la deportación de más de 172,000 inmigrantes los últimos cuatro años.
A diferencia de años anteriores, en 2009 solamente se concretaron 9 acuerdos y en lo que va de 2010 sólo uno, precisamente en Carolina del Sur, en el condado Lexington.
Popular entre muchos
A pesar de las críticas generadas por el 287(g) en los diferentes lugares de su aplicación, por considerarse una medida que "genera el perfil racial" y "deporta a inmigrantes con cargos menores", es popular entre las localidades que combaten a los "ilegales".
"Es un programa que se adapta a nuestras necesidades y que ha sido muy efectivo en detectar a ilegales que han cometido asesinatos, actividades de pandillas y drogas", afirmó John Allard, portavoz de la oficina del alguacil de Lexington.
"Otros de los beneficios del 287(g) es que el Gobierno federal nos paga $55 diarios por mantener en la cárcel al indocumentado hasta que es recogido por oficiales de ICE", agregó.
En Mecklenburg, donde gracias al 287(g) se ha deportado desde 2006 hasta la fecha a 9,560 personas -la mayoría por infracciones menores de tránsito, lo utilizan con mayor frecuencia que Comunidades Seguras, aunque ICE lo considera "más efectivo".Deportaciones en aumento
Para Marty Rosenbluth, abogado de la Coalición de Justicia Social del Sureste, con sede en Raleigh, capital de Carolina del Norte, "con o sin 287(g)" el problema sigue existiendo, porque "Comunidades Seguras también deporta a los trabajadores inmigrantes".
"Aunque ICE diga que ahora hay prioridades y que se enfoca criminales, cuando pasan por Comunidades Seguras la persona está identificada y eventualmente será deportada tarde o temprano. Lo peor es que este programa no tiene un mecanismo de supervisión como el 287(g)", enfatizó Rosenbluth.
Desde el 27 de octubre al 31 de mayo de 2010 en 21 condados de Carolina del Norte, 14,784 inmigrantes fueron identificados por Comunidades Seguras y se espera que más municipalidades unan al programa lo que resta del año.

Nota del editor de Univision.com

La Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad fue aprobada por el Congreso en 1996 y permitió al Gobierno federal ampliar a las autoridades locales el poder extraordinario de detención y encarcelamiento que estaba inicialmente en manos de las agencias federales. El programa permaneció dormido hasta 2002, cuando el entonces secretario de Justicia, John Aschcroft, lo activó como parte de las medidas de seguridad adoptadas después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. El objetivo del programa es, desde su puesta en práctica formalmente en 2006, deportar a indocumentados que hayan cometido un delito grave, pero ha sido utilizado por algunas agencias locales del orden público para expulsar a inmigrantes por un delito menor. La persona sobre la que se ha dirigido quizás la mayor furia de la comunidad inmigrante y organizaciones defensoras de los derechos humanos y civiles, ha sido el Alguacil del Condado Maricopa, en Arizona, Joe Arpaio, quien afronta acusaciones por detenciones bajo "perfil racial". Cambio de rumbo ICE ha asegurado que las modificaciones hechas al reglamento en octubre del año pasado se hicieron para disminuir la posibilidad de que los inmigrantes indocumentados puedan ser detenidos bajo el pretexto de ofensas menores y ser sometidos a un proceso de deportación, y que el programa se enfoca en aquellos inmigrantes indocumentados que enfrentan "serios" cargos criminales. A finales de agosto de 2009 la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y más de 520 organizaciones a favor de los derechos de los inmigrantes, enviaron una carta al Presidente Barack Obama para pedirle que cancele el Plan 287(g), herramienta que ha permitido el arresto y deportación de miles de indocumentados desde 2003. Según ACLU, el programa contiene serios "errores" y está asociado a "graves violaciones" a los derechos civiles y de seguridad pública. Freno a las expulsiones En la carta enviada a la Casa Blanca, la ACLU y dirigentes de las organizaciones le pidieron a Obama que anule el programa porque, sostuvieron, desencadenó toda una serie de actos discriminatorios y violaciones a los derechos civiles de hispanos y gente de minorías étnicas por parte de agentes policíacos. ACLU también resaltó que la observancia de la ley de inmigración le corresponde al gobierno federal y no a instancias estatales o municipales. "El programa (...) ha resultado en el uso generalizado de paradas en el tráfico preparadas de antemano, cuestionamientos basados en el color de la piel de los sospechosos y registros y cateos inconstitucionales generalmente en comunidades minoritarias", indicó la misiva. El gobierno mantiene vigente el programa y prometió que en el curso del año fiscal 2010, que finaliza el 30 de septiembre, deportaría a unos 400 mil inmigrantes, la mayoría con antecedentes criminales.
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