SB 1070 será evaluada hoy en Arizona

ImpreMedia Digital, LLC | Aug 21, 2012 | 10:15 AM

La polémica

WASHINGTON, D.C.- Nuevamente, todo está en manos de la jueza Susan Bolton, en la Corte Federal de Phoenix. Hoy, analizará si permite que la polémica sección 2(B) de la ley SB1070, se mantenga. Esta autoriza a la policía, a preguntar por papeles de identificación, si existe una sospecha razonable, de que la persona es indocumentada.
Ya han pasado más de dos años desde que la polémica medida fuera promulgada por la gobernadora Jan Brewer. En junio pasado, la Corte Suprema declaró como inconstitucionales, la mayoría de las provisiones debatidas en SB1070.
Entre ellas convertir en un crimen estatal el hecho de no tener papeles; prohibir a los indocumentados aplicar a empleos en Arizona y darle autoridad a la policía para arrestar a alguien, sin una orden judicial, si se cree que han cometido un delito que pueda llevar a la deportación.
Pero la sección 2(B) sobrevivió, despertando la molestia entre los líderes de derechos civiles a lo largo del país. Ahora Bolton, escuchará los argumentos de un grupo de organizaciones, que exigen mantener su bloqueo.
Entre ellas la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU); el Centro Legal Nacional de Inmigración (NILC); La Red de Jornaleros (NDLON); el Centro Legal Asiático Pacífico Americano (AAJC) y la Asociación Nacional para el Progreso de Personas de Color (NAACP).
Karen Tumlin, abogada de NILC, presentará los argumentos en la audiencia, que comenzará a las 10AM PT. En la oportunidad, Bolton también examinará la provisión relacionada con la asistencia y transporte de inmigrantes indocumentados.
"Creemos que tenemos argumentos muy fuertes. La decisión de la Corte Suprema, abrió la puerta para examinar si la sección 2(B) es constitucional, si existen pruebas de que puede resultar en discriminación por perfil racial", explicó Marielena Hincapié, directora ejecutiva de NILC.
"La evidencia que le hemos entregado a la corte, precisamente, muestra cómo la ley desde el principio, llevó a enfocarse en los latinos, particularmente en mexicanos", agregó.
El abanico de opciones
Los primeros días de agosto, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, emitió un fallo sobre SB1070, donde básicamente replicó la decisión de la Corte Suprema, manteniendo la sección 2(B).
El tribunal indicó, entonces, que es la Corte Federal de Phoenix, la que debe resolver en torno a este punto. Específicamente, si se mantiene el bloqueo de la medida o se anula de forma inminente.
Aún no está claro si Bolton entregará su decisión hoy mismo o por escrito en un par de días. "Si dice que no hay suficiente evidencia todavía, lo que ocurriría es que la sección entraría en vigor" detalló Hincapié.
En este caso, existen varias opciones legales. La primera es cuestionar el fallo ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito. También se puede esperar a ver los efectos de 2(B) en la comunidad y presentar demandas separadas en un futuro cercano.
El grupo de organizaciones de derechos civiles, también está abierto a una tercera opción. "Si ella no está lista para decidir que la sección 2(B) debe seguir bloqueada, puede pedirle a la Corte Suprema del estado de Arizona, que ellos decidan sobre esta materia", dijo Hincapié.
Este es un punto que se destacó en el fallo de la Corte Suprema federal, como una deficiencia: la falta de un análisis por parte del máximo tribunal en el estado.
Expertos legales como Lyle Deniston, de Scotusblog, creen que en el futuro, la sección 2(B), podría volver a debatirse en Washington DC. "Si las cortes menores anulan la sección, sobre la base del perfil racial, es probable que la Corte Suprema quiera revisar el caso. En ese escenario, es imposible predecir resultados, por ahora", aseguró.
SB1070 no es la única ley de inmigración bajo la lupa de los tribunales. Ayer, la Corte del Undécimo Circuito permitió que la sección 8 de la ley HB87, de Georgia, siguiera vigente. Esta permite que los oficiales de policía revisen el estatus migratorio de las personas detenidas.
La Corte del Undécimo Circuito entregó un fallo también respecto a la ley HB56 de Alabama. En él se estableció que la exigencia de verificar el estatus migratorio de nuevos estudiantes viola la Claúsula de Protección Igualitaria y puede interferir en el derecho constitucional a la educación. El tribunal también bloqueó las provisiones de la ley en relación a registro y contratos.
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