Ministra de Justicia propone soluciones a la crisis penitenciaria en Colombia

EFE | Aug 16, 2012 | 2:28 PM

Mega-cárceles

La ministra de Justicia de Colombia, Ruth Stella Correa, propuso una serie de soluciones a la crisis de hacinamiento que viven varios centros penitenciarios del país andino, divulgó un comunicado de su cartera.
Correa presentó el miércoles sus propuestas ante la plenaria de la Cámara de Representantes de Colombia, pues tres congresistas la convocaron para tratar la situación que viven las cárceles, donde según el Ministerio hay un índice de sobredemanda de cupos del 47 por ciento.
La ministra admitió que los planes de ampliación de plazas penitenciarias y de construcción de seis nuevas "mega-cárceles" para 2015 no serán suficientes para solucionar el problema de hacinamiento, pues esas medidas sólo permitirán dar plaza a 30 mil internos.
Por eso, Correa presentó una estrategia abierta a estudiantes de Derecho para que hagan sus prácticas en las oficinas jurídicas de las cárceles y ayuden a determinar qué reclusos pueden pedir libertad condicional ante un juez de ejecución de penas "en virtud al tiempo de condena ya cumplido".
Al menos siete universidades de Derecho ya se han comprometido y de hecho, la Universidad Libre se comprometió a aportar unos 180 estudiantes, que serán tutelados por abogados de la Defensoría del Pueblo.
Asimismo, se ampliará también el cuerpo de jueces de ejecuciones de penas con el próximo nombramiento de tres magistrados por el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), "con el fin de aliviar la congestión que se presenta ante ellos", aseguró la ministra Correa.
"Creemos que estas medidas, en forma inmediata, no van a descongestionar como lo quisiéramos, pero sí van a paliar el hacinamiento que se está viviendo", justificó la alta funcionaria.
Sin embargo, los parlamentarios señalaron que sería más efectivo reestructurar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, depurar sus sindicatos y evitar caer en la saturación de la legislación.
Esta situación se agravó hoy al conocerse la muerte de Miguel Ángel Campos, de 55 años, un preso enfermo del riñón y en tratamiento de diálisis permanente que según denunció su familia en medios locales falleció por "negligencia médica" tras haber recurrido a una tutela al instituto penitenciario para ser operado.
Por su parte, el INPEC explicó en un comunicado que Campos había sido trasladado el lunes desde la cárcel La Picota de Bogotá al hospital Santa Clara, donde falleció el martes de "un shock cardiogénico" cuando salía de una insuficiencia renal crónica.
Mientras tanto, los presos en la cárcel Modelo de la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, hicieron protestas durante toda la jornada para impedir la entrada de más delincuentes, e incluso en algunos pabellones algunos iniciaron una huelga de hambre.
Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo indicó que en los últimos doce años la población carcelaria creció en 54.915 personas y que en el mismo periodo se crearon 42,009 nuevas plazas penitenciarias, por lo que habría un déficit de 12.906 cupos unidos al hacinamiento anterior.
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