Tras años de lucha, Dream Act ve la luz

ImpreMedia Digital, LLC | Aug 15, 2012 | 9:59 AM
WASHINGTON, D.C.- Llegó el día. Hoy se espera que miles de jóvenes a lo largo del país postulen al proceso de acción diferida. Este martes, el gobierno especificó criterios sobre instituciones educacionales aceptadas y dijo que los delitos bajo leyes estatales de inmigración no serán considerados.
Luego de 60 días de espera, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puso a disposición del público, el formulario I-821D para aplicar al proceso. Este debe presentarse junto a los formularios I-765 y I-765WS. En total el trámite cuesta 465 dólares.
En caso de ser otorgada, la acción diferida les permitirá a los jóvenes, permanecer en el país y acceder a permisos de trabajo. Es renovable cada dos años.
El gobierno detalló información sobre documentos que serán aceptados, para acreditar programas educacionales. Además de escuelas privadas y públicas, de educación básica y secundaria, serán considerados programas de alfabetismo y entrenamiento profesional, que puedan llevar a educación postsecundaria, entrenamiento laboral o empleo.
Asimismo, serán incluidos programas educacionales que ayuden a los estudiantes a obtener sus diplomas de secundaria, equivalentes y en la aprobación del examen GED.
"En general las aplicaciones de inmigración tardan meses en ser procesadas y esperamos que en este caso sea similar", dijo el director de la agencia a cargo de las postulaciones, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Alejandro Mayorkas.
El funcionario aclaró que para pedir una renovación, una vez que haya transcurrido el periodo de dos años, se debe demostrar progreso. Es decir, si la persona estaba en la escuela, "se debe haber graduado o haber registrado avances" en torno a esa meta.
El gobierno especificó que no se aceptará "evidencia circunstancial". Un alto funcionario de DHS explicó, que esto se refiere, por ejemplo, a transcritos o documentos de ese tipo.
Las guías de USCIS detallaron que ofensas en las categorías de crímenes y delitos mayores, bajo las leyes estatales de inmigración, "no serán consideradas, para los propósitos de este proceso".
Por otro lado, dentro de los documentos para demostrar estadía y residencia en el país, antes del 15 de junio de 2012, el gobierno ha especificado que se pueden presentar récords financieros, médicos, escolares, de empleo y militares.
Consultados por La Opinión respecto a la exención de posibles castigos a empleadores que extiendan documentos en este contexto, un alto funcionario de DHS comentó que "no se está proveyendo ningún tipo de garantías a los empleadores. A pesar de esto, dentro de nuestras prioridades están las compañías que se han involucrado en un patrón extendido y repetitivo de emplear a personas sin documentos", dijo.
El proceso para otorgar acción diferida ya ha sido blanco de enérgicas críticas por parte del presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Lamar Smith (R-TX) y el republicano de más alto rango del grupo homólogo en el Senado, Charles Grassley (R-IA).
En una carta enviada esta semana a la secretaria de DHS, Janet Napolitano, ambos insisten en que no se han dado directrices claras y que no está claro qué tipo de medidas de prevención anti fraude serán usadas por la Administración, para prevenir abusos.
"Esta claro que la Administración planea presionar el botón de 'replay' para un fraude a gran escala, como ocurrió en la amnistía de 1986", escribieron. En este sentido, criticaron el uso de declaraciones juradas como pruebas.
USCIS aclaró que se utilizarán múltiples herramientas para prevenir el fraude y que en caso de ser comprobado, la persona será puesta en proceso de deportación. Además, especificó que entre las pruebas de elegibilidad, en algunas circunstancias, se podrán presentar declaraciones juradas como documentos complementarios, las que deben estar firmadas por una tercera persona, bajo pena de perjurio.
El Instituto de Política Migratoria (MPI) calculó que 1,260,000, serían elegibles para recibir acción diferidade inmediato. A nivel de estados, California lidera la lista de posibles beneficiarios, con 350,000, seguido por Texas con 150,000, Florida con 100,000 y Nueva York con 80,000.
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