Buscan evitar fraude a los dreamers

Univision.com* | Aug 14, 2012 | 9:10 AM

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Noticiero Univision. La cantidad llegaría a un millón 760 mil ‘Dreamers’ que podrían beneficiarse del programa ofrecido por la administración de Obama.

El 15 de agosto abre la ventanilla de la Acción Diferida para más de 1.7 millones de jóvenes indocumentados

El gobierno federal de Estados Unidos anunció que buscará dar información necesaria a los miles de dreamers que a partir del miércoles 15 de agosto podrán acogerse a un programa denominado Acción Diferida, que frena las deportaciones y les otorga un permiso temporal de trabajo.
Fuentes oficiales dijeron que el esfuerzo tiene como objetivo evitar los indocumentados que entraron a Estados Unidos antes de los 16 años de edad, tienen menos de 30 años y carecen de antecedentes criminales, sean víctimas de fraude por parte de inescrupulosos.
“Uno de los mayores desafíos es asegurar que las personas beneficiadas con esa política tengan buena información”, dijo la directora del Consejo de Política Interna de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, en un foro organizado por el Center for American Progress (CAP).
¿Qué opina del programa que beneficia a más de 1.7 millones de dreamers? Participe en el Foro de Inmigración.
El anuncio oficial
El 15 de junio la jefa de la seguridad de Estados Unidos, Janet Napolitano, anunció una acción diferida para los dreamers, decisión ejecutiva que beneficiará a poco más de 1.7 millones de indocumentados. La medida ha sido duramente criticada por los republicanos en ambas cámaras del Congreso, quienes la tildan de “amnistía”.
Muñoz advirtió que individuos sin autorización para representar personas ante el servicio de inmigración buscan aprovecharse y “quitarles el dinero” a los dreamers.
La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) dijo que ventanilla para la recepción de solicitudes de los dreamers abre el 15 de agosto, y que el trámite tendrá un costo de $465.
Ese día se dará a conocer el documento o formulario que los beneficiarios deberán enviar a la agencia por medio del sistema de correos, junto con la solicitud de toma de huellas biométricas y el Formulario I-765 para gestionar un permiso temporal de empleo.
Detectan estafas
Congresistas han advertido que personas sin escrúpulos están cobrando hasta $1,000 por llenar los documentos del alivio administrativo, un trámite que cada beneficiario puede hacer por su cuenta o con ayuda de una organización pro inmigrante o un centro comunitario de ayuda a inmigrantes en Estados Unidos.
“Mientras más información tengan, más equipados estarán para tomar una decisión si deciden solicitar la acción diferida y un permiso de trabajo, a fin de prepararse para proporcionar los documentos necesarios para la solicitud”, apuntó Muñoz.
Originalmente se había dicho que el alivio administrativo beneficiaría a 700 mil indocumentados. El Pew Hispanic Center dijo que la cifra de dreamers alcanzaría a 1.4 millones, pero el martes un informe del Instituto de Políticas de Migración (MPI) elevó la cifra a 1.7 millones.
Contratarán personal
El director del USCIS, Alejandro Mayorkas, indicó en un foro organizado este martes por el MPI que prepara la contratación de personal adicional, aunque sin precisar la cifra o las tareas específicas que realizarían.
Por su parte, activistas lanzaron este martes la campaña nacional “Únete al sueño” para ayudar a los solicitantes mediante talleres de capacitación, foros comunitarios y eventos para acogerse al programa.
La directora de la organización United We Dream, Cristina Jimenez, apuntó que una creciente coalición de grupos buscará que los interesados en el programa tengan asistencia legal de calidad, gratuita y a bajo costo para evitar ser víctimas de fraudes.
Advertencia de viaje
La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) advirtió el martes a los dreamers que reciban el beneficio administrativo que no salgan del país porque se activa de inmediato la denominada Ley del Castigo.
La Ley del Castigo fue aprobada por el Congreso en 1996 y señala que aquellos indocumentados que permanecen más de 180 días sin papeles de estadía legal en Estados Unidos, deberán cumplir una sancióin de tres años fuera del país, y aquellos que permanecen más de un año deberán permanecer fuera 10 años antes de poder regresar previo trámite de un perdón consular.
AILA recomendó además que los dreamers sean "cuidadosos" con el llegado de los formularios y la información que envíe a la USCIS y que en caso de cualquier duda consulten a un abogado especializado en las leyes de inmigración y con licencia para representar casos ante la USCIS.
Campaña federal
El fraude migratorio se convirtió en prioridad para el gobierno a mediados del año pasado, cuando la USCIS lanzó un programa piloto para prevenirlo en seis ciudades con alta concentración de inmigrantes, y que poco a poco lo ha ido extendiendo en varios estados.
Las ciudades seleccionadas en una primera fase fueron Atlanta, Baltimore, Detroit, Fresno, Los Ángeles, Nueva York y San Antonio.
“Estamos preocupados por aquellas personas que son víctimas sin escrúpulos por parte de estafadores que les ofrecen algo que puede comprometer su elegibilidad para un beneficio migratorio o simplemente no son elegibles”, dijo a Univision Interactive Media (UIM) Mariela Melero, directora de la Oficina de Enlace Público de la USCIS.
Individuos que se hacen pasar por abogados, notarios que no están autorizados para realizar trámites migratorios, páginas de internet que se hacen pasar por sitios oficiales, mala práctica legal, falta de “familiaridad” con el sistema, barreras de idioma y hasta el analfabetismo son el principal blanco de la campaña para detener el fraude.
La campaña incluye la distribución de folletos y mensajes a través de internet en 13 idiomas.
Fraude y mala práctica
La campaña antifraude de la USCIS cuenta con el apoyo de grupos comunitarios, gobiernos locales y estatales y otras agencias federales. El objetivo es poner fin no solo al fraude, sino también a la práctica no autorizada de la ley de inmigración.
“En las ciudades donde inicia la campaña hemos trabajado con organizaciones de base de la comunidad. El propósito fue enfocarnos en tener un mejor entendimiento del problema”, dijo Melero. “En todas logramos la colaboración necesaria para combatir el fraude y la mala práctica legal”.
La USCIS apuntó que El fraude migratorio golpea por igual a ciudadanos, residentes, refugiados, asilados e indocumentados.
La campaña lleva al día una base de datos con los nombres de abogados y organizaciones debidamente registrados y autorizados por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), información que es compartida con el público.
Las estafas más comunes
Entre las estafas más comunes, USCIS citó aquellas cometidas por individuos que se hacen pasar por abogados con licencia, expertos en inmigración o funcionarios del gobierno. Agregó a la lista a personas bien intencionadas que prestan asesoramiento inexacto que atenta contra las mismas personas que están tratando de ayudar.
Angelina Corona, de la Hermandad Mexicana, en Los Angeles, dijo que entre 2006 y 2008 hubo “una gran cantidad de estos tramitadores que hicieron fraude, principalmente a mexicanos. Les tramitaron asilo y les dieron permiso de trabajo. Pero cuando las autoridades se percataron que se trataba de fraude, iniciaron los procesos de deportación. Muchas familias se quedaron desoladas”.
La activista agregó que en Los Angeles “hay notarios que hacen papeleos sin permiso y sin conocer los procesos legales de inmigración. Les hacen trámites que no pueden continuar. Y el servicio de inmigración no mira a estas personas como víctimas sino que los acusa también a ellos de haber cometido el fraude. Ojala ahora los vea de manera diferente, como víctimas, y los ayude”.
Desconocen el sistema
La USCIS dijo que en un elevado porcentaje “la falta de familiaridad entre los inmigrantes con el sistema de inmigración y el proceso para solicitar beneficios es también una causa que fomenta el fraude”.
Barreras de idioma e incluso el analfabetismo en su lengua materna por parte de los inmigrantes es otro problema todavía peor que complica más las cosas. Los estafadores aprovechan estas vulnerabilidades y “empujan a los inmigrantes a acogerse a beneficios de los que son realmente inadmisibles”, puntualizó la agencia.
El gobierno dijo que en algunos casos los estafadores presentan solicitudes de beneficios en nombre de sus víctimas a sabiendas que las solicitudes serán denegadas. Y en otros casos, los estafadores toman el dinero de los inmigrantes pero las solicitudes de beneficios nunca llegan a las oficinas del servicio de inmigración.
Puntos vulnerables
Los lugares más vulnerables donde los estafadores encuentran a sus potenciales víctimas:
  - Empresas que surgen en grandes poblaciones de inmigrantes y que atraen a sus víctimas mediante el cobro de tarifas bajas.  - Otros cobran honorarios exorbitantes ofreciendo contactos al más alto nivel en el gobierno o la posibilidad de obtener beneficios de inmigración en tiempo récord.  - Los estafadores usan la propaganda de boca en boca, folletos, Internet o anuncios pagados en directorios telefónicos, periódicos y radio.  - La estafa más común en la comunidad hispana implica a notarios que, a diferencia de países latinoamericanos donde corresponde a uno de los títulos de un abogado, en Estados Unidos no se trata de abogados graduados de una universidad y no están facultados para representar personas ante el servicio de inmigración.  - Otro punto crítico involucra a preparadores de impuestos que ofrecen "servicios de inmigración" y agencias de viajes que ofrecen asesoramiento para permanecer legalmente en Estados Unidos previo pago de una cuota por conseguir una extensión de permiso después de la fecha de expiración de una visa de no inmigrante.  - Internet también se ha convertido en una herramienta para los estafadores con el uso de dominios o direcciones similares a los sitios web del gobierno federal. Estas páginas suelen cobrar por formularios de USCIS, siendo que en la página oficial están disponibles gratis.  - En otros casos abogados son cómplices de servicios de inmigración fraudulentos con la venta de sus nombres y números de licencia para asistentes legales, notarios y otras personas que se anuncian como abogados.
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