Crece lista de denuncias sobre abusos en cárceles de ICE

Univision.com* | Aug 02, 2012 | 11:44 AM

Captura y encierro de inmigrantes indocumentados se convirtió en un lucrativo negocio en EEUU

En 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) advirtió que el debido proceso de inmigrantes detenidos no estaba siendo respetado. Luego salieron a la luz pública acusaciones de abusos sexuales a extranjeros detenidos, muerte de indocumentados presos y, últimamente, asoman dos nuevas denuncias: que indocumentados en cárceles de ICE son explotados en trabajos con pagos por debajo del salario mínimo mensual, y que las prisiones de la agencia federal están generando un lucrativo negocio a empresas privadas que gastan millones de dólares en cabildeos en Washington DC.
Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en los centros de detención de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE) hay al menos 400 mil extranjeros sin papeles detenidos por infracciones a las leyes de inmigración y en proceso de ser deportados de Estados Unidos.
En 2010 la CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló que la agencia federal tiene bajo su cargo más de 350 centros o prisiones de indocumentados, y que la mayoría de ellos son administrados por subcontratistas privados. E indicó que en muchos casos los custodios de los inmigrantes presos desconocen la complejidad de las leyes de inmigración estadounidenses.
Abogados de inmigración consultados por Univision Interactive Media (UIM), reiteran que las leyes de inmigración de Estados Unidos son todavía más complejas que las leyes de impuestos.
Por debajo del mínimo
Un informe de la organización Truthout difundido el jueves, reveló que a los indocumentados no se les permite trabajar legalmente en el país, pero sí pueden hacerlo en cárceles de ICE con salarios por debajo del mínimo.
Estos trabajadores aguardan ser deportados de Estados Unidos, agrega el reporte.
Citada por la Agencia Española de Noticias (EFE), Jacqueline Stevens, profesora de Northwestern University, calificó de "vergonzoso e irónico" la existencia de estos programas y aseguró que el Gobierno federal "cerraría de inmediato" cualquier lugar de trabajo que funcionara en esas condiciones.
"Por un lado se dice que tenemos que deportar a estas personas porque están quitándole los empleos a los estadounidenses, pero por otro lado se subsidia el empleo de las personas que están recluidas en condiciones de casi esclavitud", declaró.
"Personas que están siendo detenidas sólo para esperar una audiencia en corte de inmigración y no por razones punitivas están siendo forzadas a trabajar por un dólar al día y esto no sólo parece violar las leyes de salario mínimo, sino también la Decimotercera Enmienda contra la Esclavitud", dijo.
Danza de millones
Simultáneamente, The Associated Press publicó también el jueves un estudio en el que reveló que Estados Unidos está encarcelando a más inmigrantes indocumentados que nunca antes, y que esta situación genera un lucrativo negocio para las mayores compañías privadas de prisiones en el país.
El informe añadió que firmas privadas se han gastado más de $45 millones cabildeando ante legisladores y contribuyendo a campañas electorales en el último decenio, cuando su proporción de la capacidad de detención ha aumentado de 10% a casi la mitad.
Agregó que el costo para los contribuyentes estadounidenses por mantener a los 400 mil inmigrantes detenidos va en camino de rebasar los $2 mil millones en 2012, y que las compañías que manejan los centros de detención de inmigrantes esperan sus mayores ganancias en unos pocos años, porque el gobierno planea construir nuevas instalaciones.
Funcionarios federales le dijeron a la AP que la privatización no es necesariamente menos costosa.
Lo habían advertido
En junio de 2011 activistas que luchan por los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos habían advertido sobre la construcción de nuevos centros de detención, al tiempo que revivieron denuncias sobre el trato que reciben miles de extranjeros sin papeles apresados y encerrados por ICE.
Un reportaje del diario La Opinión de Los Angeles, a mediados del año pasado, precisó que ICE había firmado contratos para la edificación de nuevos centros en zonas cercanas a ciudades con alta concentración de inmigrantes, y donde se llevan a cabo el mayor número de arrestos.
En los primeros tres años de la administración del Presidente Barack Obama el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deportó a más de 1 millón de indocumentados, cifras récords alcanzadas en 2009, 2010 y 2011, reconocidas por las propias autoridades federales.
Informes de ICE revelan que en el año fiscal 2012 (el cuarto año de la Administración Obama) se proyecta que la cifra sobrepasará los 400 mil (frente a 397 mil en 2011), batiendo por cuarta vez el récord de mayor número de extranjeros expulsados del país.
El gobierno asegura que la mayoría de los deportados tenía antecedentes criminales, pero organizaciones pro inmigrantes, entre ellas el Consejo Nacional de La Raza (NCLR), la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA) y el Foro Nacional de Inmigración (NIF), sostienen que entre seis y siete de cada 10 expulsados por el DHS no tenía antecedentes criminales que constituyeran una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
"Están equivocados"
En esa ocasión, activistas fustigaron la política de deportaciones del Presidente Obama y señalaron que, en noviembre de este año, responderían con votos.
"Pareciera que no nos tienen miedo", dijo a Univision Interactive Media (UIM) Jorge Mario Cabrera, director de comunicaciones de CHIRLA. "Creen que nuestro poder político no es suficiente como para descarrilar el tren que ellos (el gobierno) han hecho marchar a velocidades máximas desde hace dos años. Están equivocados".
Cabrera reiteró el clima de preocupación por la alta cifra de deportados por el gobierno en los últimos años y cuestionó los planes de ICE se aumentar el número de prisiones.
“Es tremendo, tremendo", dijo el activista.
Sin cuidados médicos
Otro reporte de The Associated Press, atribuido a auditores gubernamentales, dio cuenta que unos 55 mil inmigrantes estuvieron recluidos en prisiones federales en 2010.
Bajo el programa Comunidades Seguras, las identidades de todos ellos fueron cotejadas por ICE.
La GAO señaló que el número de inmigrantes arrestados y deportados por ICE aumentó 70% desde 2009, y que las infracciones de tránsito y los delitos de drogas representan la mitad de los ilícitos que han derivado en esas detenciones.
ACLU en Arizona dio a conocer en julio de 2011 el informe Soportando el abuso en los Centros de Detención en Arizona, donde denunció las condiciones dentro de los centros de detención de ICE.
El reporte resaltó que una de las principales quejas es la falta de cuidado médico adecuado, que va desde personas que han reportado que no les prestan atención cuando se quejan y otras que tienen que esperar mucho tiempo para recibir el cuidado especializado que requieren.
El informe de la OEA
A finales de julio de 2010 la CDIH concluyó en un informe que en las cárceles de ICE los inmigrantes indocumentados son mantenidos en "condiciones inaceptables", y que en algunos casos el derecho al debido proceso "ha sido afectado".
"La frecuente subcontratación del personal de tales instalaciones a través de compañías correccionales privadas generan obstáculos considerables para que la atención ofrecida a los migrantes detenidos resulte compatible con sus derechos humanos básicos", precisó.
Agregó que dos tercios de los inmigrantes detenidos por ICE se encuentran confinados en recintos carcelarios estatales y municipales y no en sitios especializados, una situación que calificó de "lamentable".
En cuanto a los indocumentados homosexuales, transexuales o enfermos mentales, la CIDH reveló que éstos son mantenidos incomunicados con el alegato de protegerlos por su vulnerabilidad, pero en realidad esa es "una manera de castigar a las víctimas", denunció.
Dramáticas carencias
Otro delicado aspecto visto y constatado por los expertos de la Comisión fue la falta de acceso a abogados de los menores detenidos. En su gran mayoría, los menores deben defenderse por sí mismos, resaltó la Comisión.
Dijo además que la Border Patrol (Patrulla Fronteriza) no hace las preguntas pertinentes cuando detiene a menores indocumentados para determinar si son víctimas de tráfico de personas o califican para solicitar asilo en Estados Unidos.
Otro frente de críticas al gobierno de Obama por su política carcelaria para indocumentados se genera por el alto número de detenidos y el costo que ello significa, un movimiento de varios millones de dólares cada año.
Una investigación del Center for American Progress (CAP) hecha en 2010 encontró nexos entre empresas que administran penales de inmigrantes y personajes que impulsan iniciativas para criminalizar la migración indocumentada en estados tales como Arizona.
El informe detalló que leyes como la polémica SB1070 tienen como objetivo que cientos de indocumentados ingresen a prisión por las ganancias que generarían.
Andrea Nill, una de las consultoras que participó en el estudio, dijo en abril del año pasado a Univision.com que todo apunta a que leyes contra la inmigración indocumentada como la SB1070 de Arizona “le permiten al sistema tener más indocumentados en sus prisiones”.
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