Denuncian explotación laboral de inmigrantes presos

EFE | Aug 02, 2012 | 10:04 AM

Indocumentados ejecutan labores a través de Programas de Trabajo Voluntario en prisiones privadas con salario inferior al mínimo

ATLANTA, Georgia - A los inmigrantes indocumentados no se les permite trabajar legalmente en Estados Unidos, pero sí pueden hacerlo en los centros de detención adonde aguardan por su deportación, por un pago muy por debajo al mínimo, según un reporte de la organización Truthout.
De acuerdo con este informe, los inmigrantes indocumentados llevan a cabo labores a través de Programas de Trabajo Voluntario en las prisiones privadas en las que esperan su deportación por un pago de entre uno y tres dólares al día.
Jacqueline Stevens, profesora de Northwestern University que solicitó datos sobre el programa a través de una demanda de libertad de información (FOIA, por sus siglas en inglés), citados en el informe, califica de "vergonzoso e irónico" la existencia de estos programas y asegura que el Gobierno federal "cerraría de inmediato" cualquier lugar de trabajo que funcionara en esas condiciones.
"Por un lado se dice que tenemos que deportar a estas personas porque están quitándole los empleos a los estadounidenses, pero por otro lado se subsidia el empleo de las personas que están recluidas en condiciones de casi esclavitud", declaró a Efe Stevens.
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Pérdida de derechos
De acuerdo con datos obtenidos por Stevens, el máximo número de horas que un detenido puede trabajar es de ocho horas al día y 40 horas a la semana.
Si bien la investigadora reconoce que al estar en prisión se pierden los derechos de recibir un salario mínimo, advierte que ese concepto no debería aplicarse a los inmigrantes detenidos a la espera de que se defina su proceso migratorio.
"Personas que están siendo detenidas sólo para esperar una audiencia en corte de inmigración y no por razones punitivas están siendo forzadas a trabajar por un dólar al día y esto no sólo parece violar las leyes de salario mínimo, sino también la Decimotercera Enmienda contra la Esclavitud", dijo.
La respuesta de ICE
De acuerdo con Stevens, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) justifica la existencia del Programa de Trabajo Voluntario en los centros de detención de inmigrantes en la medida que "bajo condiciones de confinamiento, no constituye empleo y es hecho por los detenidos de forma voluntaria por un pequeño estipendio".
Cuestionados por Efe, portavoces del ICE no hicieron comentarios sobre este tema. Entre los centros de detención de inmigrantes indagados por la profesora se encuentran El Centro (California), Stewart (Georgia) y Varick (Nueva York).
Para Azadeh Shashahanni, directora del Proyecto de Seguridad Nacional e Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Georgia, los programas de trabajo voluntario en centros de detención de inmigrantes exponen a los detenidos a una posible "explotación".
"Estos programas suman a la explotación de los inmigrantes detenidos que ya están en una situación vulnerable", declaró a Efe Shashahanni.
A costa de sin papeles
La representante de ACLU, que en repetidas ocasiones ha denunciado el trato que reciben los indocumentados recluidos en los centros de detención de inmigrantes en Georgia, aseguró que estos programas son una forma más de las corporaciones que administran estos centros de obtener beneficio económico de los detenidos.
De acuerdo con la organización, las porciones de alimentos son "muy pequeñas y espaciadas" y muchos de los detenidos no tienen los medios para comprar productos como chocolates, galletas o tarjetas telefónicas disponibles en la tienda de la prisión.
"Las corporaciones están tomando ventaja de esta situación para que los detenidos realicen labores por casi nada, empleos que de otra forma tendrían que realizar trabajadores a los que sí deberían pagarles el salario mínimo", indicó.
La activista aseveró que los hallazgos de este reporte ponen en evidencia la necesidad de que el ICE tome las medidas necesarias para corregir estas actividades. En un informe divulgado este año, ACLU documentó los "serios abusos" que se comenten en los cuatro centros de detención de inmigración en Georgia, tres de los cuales son administrados por empresas privadas.
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