Corte Suprema de Justicia falló a favor de la parte más dura de la SB1070

Univision.com* | Jun 24, 2012 | 9:49 PM

Esta semana se abre ventana para conocer fallo de la Corte Suprema sobre la polémica ley migratoria de Arizona

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos entregó el lunes un veredicto sobre la polémica ley SB1070 de Arizona.
El dictamen falló a favor de una parte controversial de la ley de Arizona y dictaminó en contra de otras tres que fueron revisadas por el máximo tribunal de justicia estadounidense.
La medida avalada por la Corte permite que las policías locales (estatal y municipal) sí pueden indagar el estado migratorio de individuos si los agentes tienen duda razonable que se trata de inmigrates indocumentados.
Si bien el fallo respaldó la Sección 2b de la SB1070, los jueces advirtieron que la decisión puede ser objeto de demandas legales adicionales. Con ello restaron fuerza al prohibir a los policías arrestar a personas bajo cargos menores de violación a la ley migratoria.
Sin embargo, los jueces rechazaron que se convierta en un crimen el no portar documentos de identificación que prueben la permanencia legal en Estados Unidos, o pedir trabajo sin papeles que prueben la estadía legal.
Esta noche, a las 7PM (tiempo del Este), el Noticiero Univision transmitirá un programa especial sobre la SB1070 de Arizona y el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Expectación nacional
Previo al fallo existía enorme expectación. La semana pasada se abrió una ventana para conocer el dictamen, pero el tribunal postergó una semana el veredicto.
El Abogado Ezequiel Hernández dijo al Noticiero Univisión que el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia este lunes tomará tiempo en ser puesto en vigor, hasta que se agoten todos los desafíos legales.
Analistas republicanos consideraron que el fallo de la Corte Suprema se traduce en una victoria para la gobernadora Jan Brewer y una derrota para el gobierno del presidente Barack Obama.
Brewer y los defensores de la SB1070 argumentan que se vieron forzados a tomar este tipo de medidas ante la inacción del gobierno y del Congreso de aprobar una reforma migratoria que solucione el tema de los indocumentados. El gobierno de Obama ha respondido que la reforma no ha sido aprobada por falta de apoyo de los republicanos en el Congreso.
Qué se analizó
Las siguientes son las secciones o partes de la Ley SB1070 de Arizona que revisó la Corte Suprema.
Apartado “muéstreme sus documentos”. Exige todo agente del orden público de Arizona (policías estatales y municipales) verifique el estado migratorio de todo individuo que sea detenido bajo cualquier otra ley vigente. También si el agente tiene “sospecha razonable” que se trata de un inmigrante indocumentado. ESTA SECCIÓN FUE FUE DESESTIMADA.
Apartado que convierte en delito bajo la ley de Arizona (criminaliza) el que un inmigrante no lleve consigo una identificación que pruebe se encuentra viviendo legalmente en Estados Unidos. ESTA SECCIÓN FUE FUE DESESTIMADA.
Apartado que criminaliza el empleo o trabajo no autorizado por el gobierno federal. ESTA SECCIÓN FUE FUE DESESTIMADA.
Sección 2b: Faculta a las policías realizar arrestos. Basta con que el agente tenga “causa probable” de creer que un individuo ha cometido un crimen que lo convierta en sujeto de ser deportado de Estados Unidos. ESTA FUE LA SECCIÓN AVALADA POR EL DICTAMEN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.Detalles de la ley
Entre otras regulaciones aprobadas por la Asamblea de Arizona en 2010, la SB1070 concedió poderes extraordinarios a las policías locales (estatal y municipal) para verificar el estado migratorio de individuos que sean detenidos bajo cualquier otra ley vigente en el estado, exigió a las empresas registrarse en el programa federal E-Verify y obligó a los empleados públicos reportar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a los indocumentados que gestionen algún tipo de asistencia.
También prohibió a los indocumentados pedir trabajos en las calles, la contrata de jornaleros y la asistencia o trasladó de indocumentados.
Las partes más polémicas de la ley migratoria de Arizona fueron suspendidas temporalmente por una corte federal un día antes que entrara en vigor a finales de julio de 2010. Después de Arizona, otros cinco estados aprobaron leyes similares (Texas, Carolina del Sur, Utah, Alabama y Georgia) y todos ellos enfrentan demandas en cortes.
La demanda del gobierno
La Administración del Presidente Barack Obama argumentó que el tema migratorio es competencia del gobierno federal y no de los estados.
La Corte Suprema de Justicia escuchó argumentos para decidir si los estados pueden adoptar sus propias medidas inmigratorias y decidir sobre los inmigrantes sin papeles o si el asunto es competencia exclusiva del gobierno federal, tal y como lo expone el Departamento de Justicia en sus alegatos y defensa del caso ante la Corte.
Los defensores de la ley de Arizona, entre ellos la gobernadora Brewer, indican que se vieron obligados a aprobar este tipo de legislaciones para controlar la inmigración indocumentada, y culpan al gobierno federal y al Congreso de “inacción”, al no hacer algo al respecto.
La “inacción” se refiere a la falta de un acuerdo bipartidista en el Congreso para aprobar una reforma migratoria y legalizar a la mayoría de los 11 millones de indocumentados que viven en el país, de acuerdo con cifras proporcionadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Pew Hispanic Center, grupo privado de Washington que estudia los movimientos migratorios.
Fallo clave
El Center for American Progress (Centro para el Progreso Americqano –CAP-) señaló que durante la audiencia celebrada a finales de abril, el tribunal escuchó argumentos para determinar la constitucionalidad de la SB1070, y agregó que la legislación estatal “va mucho más allá de la ley federal en materia de aplicación de leyes inmigratorias, al hacer un delito el encontrarse sin un estatus legal en el estado y obligar a la policía a pedir prueba del estatus legal a cualquier persona que ellos consideren que se encuentra en el país de manera ilegal”.
“La ley está diseñada para obligar a los indocumentados a salir del país siguiendo una estrategia desacertada de abandono por aplicación de la ley o autodeportación”, añadió.
El CAP precisa que la decisión que tome la Corte Suprema será de gran trascendencia, porque “definirá la manera en que un estado en particular, podrá, si se decide que pueden, hacer cumplir leyes migratorias”.
Clima de cautela
En vísperas del dictamen de este lunes, activistas cifraban algunas esperanzas. “Nosotros esperamos que la corte llegará a un resultado positivo para nuestra comunidad”, dijo López. “Pero nos estamos preparando para una respuesta contraria, favorable a la SB1070 y en contra de nuestra comunidad”.
El activista del Center for Community Change añadió que en el caso de un dictamen contrario, “la comunidad tendrá la última palabra. Vamos a salir a las calles y enseñaremos nuestra fuerza. Pero lo haremos el 6 de noviembre, en las urnas, donde mostraremos nuestro apoyo a los candidatos que nos apoyan, y mostraremos nuestro rechazo a los candidatos que no están con nosotros”.
“Y si el fallo es favorable a nosotros, igual saldremos a votar, en masa, para demostrarle nuestro poderío a la nación. Nuestra fuerza será la respuesta cualesquiera sea el dictamen de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Haremos oír nuestra voz, usaremos nuestro voto en lugares importantes para decirles a los enemigos de nuestra comunidad que también son enemigos de los valores de nuestro país”.
Movilización permanente
En California también se preparan en caso de un fallo adverso para los inmigrantes. “Nos movilizaremos de forma permanente”, anticipó a Univision.com Juan Jose Gutierrez, presidente de la organización Vamos Unidos USA. “Pero esperamos que la Corte Suprema haga justicia dictaminando que laSB1070 es inconstitucional,  porque atenta contra una prerrogativa federal”.
El dirigente agregó que el fallo no debería permitir la vigencia de una ley su ejecución favorece la discriminación, y que de hacerlo sería como “regresar al pasado”, en referencia a la segregación que Estados Unidos vivió el décadas pasadas y que culminó en la década de los setenta tras las batallas conseguidas por el movimiento de derechos civiles liderado por Martin Luther King Jr.
Gutiérrez agregó que “si el fallo favorece a Arizona, nos movilizaremos de forma permanente”. Y añadió: “Hay que ser claro que un fallo en favor de Arizona seria violatorio de la Ley Suprema del país (la Constitución)  y restaría credibilidad al Tribunal Supremo, no solo con los latinos sino con toda la población. Muy peligroso agarrar camino por ahí”.
El activista culpó de la situación que vive el país en cuanto al tema migratorio a “la ultra-derecha republicana asistida por políticos demócratas mediocres, incluyendo la política ambivalente sobre el tema del presidente Barack Obama”, y advirtió que un fallo desfavorable “contrario a los mejores intereses de nuestra comunidad suscitará incontables manifestaciones por todo el país. No podemos ni nos vamos a cruzar de brazos”.
Campaña Nacional
Según explicó el for Community Change, conocido el dictamen de la Corte Suprema de Justicia sobre la SB1070, organizaciones nacionales que defienden los derechos de los inmigrantes lanzarán una campaña nacional de movilización para que los hispanos participen en la elección del martes 6 de noviembre, cuando los estadounidenses acudan a las urnas para elegir presidente y renovar la Cámara de Representantes, además de un tercio del Senado y gobernadores.
“Esa será nuestra respuesta contundente”, dijo López. “Queremos apoyar a esos políticos que apoyan nuestros ideales y no a quienes promueven divisiones, como la Ley de Arizona SB1070”.
Dijo además que las organizaciones temen que si el fallo de la Corte Suprema favorece a la ley migratoria de Arizona se produzca un efecto dominó en otros estados. “Sabemos que la estrategia de ellos (los impulsores de la SB1070) es hacer eso. Pero también nos estamos preparando”.
El voto latino
En los comicios de 2008 de los 19 millones de votantes latinos registrados, sólo 10.2 acudieron a las urnas y de ellos 6.7 apoyaron al presidente Barack Obama.
Otros 8 millones de residentes permanentes, según datos de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), reúnen los requisitos para hacerse ciudadanos estadounidenses y registrarse para participar en el proceso electoral.
“Tenemos un gran potencial de voto”, dijo López. “Vamos a lanzar una campaña para mover el voto latino en noviembre. Sabemos que vamos a salir en gran número. Y lo haremos con más ánimo especialmente en áreas donde hemos detectado políticos antiinmigrantes que apoyan este tipo de legislaciones como la de Arizona, Georgia, Utah, Carolina del Sur, Texas y Alabama). Nuestra voz se escuchará en las urnas”.
A la pregunta sobre quiénes son los responsables de haber llegado a este día, dependiendo de un fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre este tipo de leyes, López respondió que “hay muchos. Nosotros mismos somos responsables para no echarle la culpa a una sola persona. Pero también sabemos que hay muchos políticos contra nosotros. Pero sepan que a todos ellos los vamos a sancionar en las urnas”.
Alarma por deportaciones
Otra preocupación que reina entre el movimiento inmigrante son las deportaciones.
En lo que va de administración Obama (años fiscales 2009, 2010 y 2011) se han roto récords sucesivos y el número de deportados supera el 1.1 millones y la cifra amenaza con mantenerse durante el año fiscal 2012.
López dijo que “es triste saber que con el sufrimiento de nuestra gente, de miles de familias, muchos se están haciendo rico con esto”.
Los arrestos, detenciones y proceso de deportaciones cuestan al presupuesto miles de dólares Y las organizaciones apuntan que una parte de ese dinero va a parar a manos de empresas subcontratistas que dan servicio al DHS, principalmente en cárceles bajo el mandato de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE).
“Nosotros lo sabemos. Y reitero que a todo esto responderemos con el voto en noviembre. Esa será nuestra respuesta al fallo que emita la Corte Suprema”.
En California, el activista Jorge Mario Cabrera, director de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes en Los Angeles (CHIRLA), dijo a Univision.com que aguardarán el fallo, previsto para el 18 de junio, con una marcha y una  vigilia, a la que entre otros asistirán estudiantes, religiosos, sindicatos, funcionarios electos y miembros de la comunidad. Agregó que para ese día esperan encender miles de velas.
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