Gobierno de EU demandó al alguacil Joe Arpaio

Univision.com | May 09, 2012 | 8:04 PM

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El alguacil de Maricopa dice que las acusaciones de violación a los derechos civiles de hispanos no tiene fundamento.

Por etiquetamiento racial en contra de los hispanos

PHOENIX, Arizona —El Departamento de Justicia presentó el jueves una demanda civil ante un tribunal federal contra el controvertido sheriff de Arizona, Joe Arpaio, y su condado de Maricopa, por practicar la discriminación y otras prácticas "inconstitucionales" contra latinos.
"La policía debe proteger y servir a la comunidad, no dividirla", afirmó el fiscal general adjunto para Derechos Civiles, Thomas Pérez, al anunciar la demanda en rueda de prensa en Phoenix, Arizona.
De acuerdo con el gobierno federal  se trata de un caso de abuso de poder. Con esta demanda se busca detener los abusos de poder y prácticas discriminatorias.
Gestiones previas
El Departamento de Justicia informó en un comunicado que comenzó las investigaciones de la oficina del sheriff Arpaio y el condado de Maricopa en junio de 2008.
En 2010, tras esfuerzos infructuosos para lograr que Arpaio y la oficina del condado proporcionaran información sobre las acusaciones, se llenó una demanda contra ellos para obtener dicha información.
El Departamento de Justicia ha estado buscando un acuerdo  que requiere que la oficina de Arpaio, alguacil del condado de Maricopa, entrene a sus agentes sobre cómo realizar paradas de tráfico que acaten la Constitución, compilar información de personas en paradas de tráfico y asegurar a los hispanos que el departamento tiene también la misión de protegerles.
Arpaio ha negado las acusaciones de encasillamiento racial y ha dicho que permitir un monitor nombrado por la corte significaría que todas sus decisiones tendrían que ser autorizadas por un observador, lo que nulificaría su autoridad.
Funcionarios del Departamento de Justicia le dijeron a los abogados de Arpaio el 3 de abril que la renuencia del alguacil a aceptar un monitor nombrado por la corte concluiría las negociaciones para un arreglo y resultaría en una demanda federal.
La demanda
El comunicado del Departamento de Justicia estableció que la demanda consta de tres categorías. Primero, se alega que las prácticas de la oficina del sheriff del condado de Maricopa discriminan a los latinos y violan sus derechos constitucionales. Estas violaciones incluyen detenciones, revisiones y arrestos ilegales a conductores y pasajeros de vehículos, así como señalamientos y detenciones ilegales en sus hogares y lugares de trabajo.
La segunda categoría establece que las prácticas correccionales violan los derechos de los latinos presos. La oficina del sheriff no brindaba asistencia en español a los prisioneros que tienen poco o nulo conocimiento del inglés, cuando su obligación es asegurarse de que los empleados de las cárceles puedan comunicarse con los prisioneros.
La tercera categoría se refiere a los señalamientos que hacía la oficina del sheriff a cierto grupo de personas, incluyendo jueces, abogados y líderes de la comunidad que hacían declaraciones o emprendían acciones que les disgustaban o que eran críticas de sus prácticas.
Uno de sus abogados recibió la notificación
La notificación de la demanda se produjo el miércoles en una carta del subsecretario de Justicia Thomas Pérez a un abogado de Arpaio.
Pérez, quien dirige la división de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, hizo notar que han pasado más de 100 días desde que la oficina del alguacil recibió el reporte de conclusiones del departamento y que las autoridades federales no se han reunido con el abogado de la oficina del alguacil desde el 6 de febrero para analizar los términos del acuerdo.
Ni Arpaio ni Joseph Popolizio, uno de los abogados que representa a su oficina, respondieron de inmediato a llamadas telefónicas en busca de comentarios.
En diciembre, el Departamento de Justicia emitió un duro reporte en el que acusó a la oficina de Arpaio de etiquetar racialmente a los hispanos, basar la implementación de las leyes de inmigración en quejas ciudadanas con carga racial y castigar a los reclusos hispanos por hablar español en la cárcel.
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