Corte Suprema de Estados Unidos examinará expulsiones de inmigrantes condenados

AFP | Apr 30, 2012 | 1:42 PM

Fallo se conocerá en otoño e impactará en cientos de casos de inmigrantes que cumplen o cumplieron condena

WASHINGTON DC - La Corte Suprema estadounidense decidió el lunes que examinará la cuestión de la "doble pena" de inmigrantes que son condenados por la justicia y que luego pueden ser expulsados del país.
La más alta instancia jurídica del país aceptó el caso de una mexicana condenada por defraudar a una compañía de seguros, que señaló en su defensa que fue mal informada de sus derechos cuando fue declarada culpable.
Roselva Chaidez, una mexicana de 56 años que vive legalmente en Estados Unidos, con tres hijos y dos nietos nacidos en el país, había sido condenada por falsa declaración a su compañía de seguros automovilística en 2003.
Chaidez se declaró culpable de un perjuicio que sobrepasaba los $10 mil, un monto que convierte el delito en grave según la ley estadounidense y por ello, castigable con expulsión.
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Tramitaba la ciudadanía
Pero la ciudadana mexicana asegura que descubrió dicha disposición después de haber purgado su pena de cuatro años en suspensión, mientras pedía la naturalización estadounidense.
En su demanda presentada en 2009, Chaidez afirmó que su abogado "no le informó de que su expulsión fuera consecuencia de haberse declarado culpable".
La Corte Suprema sentenció en 2010 que un abogado "debe alertar a su cliente del riesgo de expulsión".
Perdió apelación
Chaidez ganó en primera instancia su caso pero su caso fue apelado y perdió, por lo que elevó el caso ante la Corte, por considerar que la sentencia de 2010 "se aplica retroactivamente a las personas condenadas de manera definitiva antes de que (la decisión) sea anunciada".
La sentencia de 2010, Padilla vs Kentucky, estipuló que la expulsión "es una pena particularmente severa".
"Es incontestable que si Chaidez hubiera sabido las consecuencias en materia de inmigración (...) no se hubiera declarado culpable", indicó el recurso de sus abogados, que invocaron la sexta enmienda a la Constitución que garantiza el derecho a la defensa.
Tanto la mexicana como el propio gobierno solicitaron a la Corte que examine el caso.
Ambas partes testificarán ante los nueve magistrados en la próxima sesión de otoño.
©AFP
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