Programa de discreción procesal no convence a los inmigrantes

Univision.com* | Apr 29, 2012 | 9:48 AM

Revisión y resultados se nueva política de deportaciones arroja dudas e inconformismos

LOS ANGELES, California – Las nuevas normas de deportaciones anunciada en agosto del año pasado por el gobierno tiene más preguntas que respuestas. Hasta ahora, según el gobierno, poco más de 16 mil casos se han favorecido, pero organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes dicen que la cifra es demasiado baja.
Mientras el gobierno federal ofrece dar carpetazo a ciertos casos de deportación, algunos inmigrantes rechazan el acuerdo y prefieren arriesgarse a buscar asilo político o un permiso de residencia ante una Corte de Inmigración, reportó The Associated Press.
El 18 de agosto de 2011 la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE), anunció que revisaría 300 mil casos de deportación, y que algunos procesos podrían ser cancelados si cumplen con una serie de requisitos.
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Récord de deportaciones
La medida fue adoptada luego de fuertes críticas al gobierno del presidente Barack Obama por el alto número de deportados. En los tres años de su mandato ha roto tres veces el récord de deportaciones. En el año fiscal 2009 el número de expulsados sobrepasó los 389 mil, en 2010 fueron más de 392 mil y en 2011 casi 400 mil, cifra que podría aumentar en 2012.
El rechazo al plan de Obama obedece a que la oferta del gobierno no acabaría con el espectro de la deportación y no promete un permiso laboral ni de residencia.
Abogados de inmigrantes y activistas aseguran que otro problema radica en que el gobierno solamente ofrece el acuerdo -relacionado por algunos con un acuerdo de declararse culpable- a inmigrantes con los casos más concluyentes, que suelen ser los de personas que desde hace mucho radican en Estados Unidos y son miembros muy conocidos de la comunidad con una posibilidad decente de ganar sus casos en corte.
"Ha tenido de todo un poco", dijo Daniel McCreary, un abogado migratorio en Illinois, que precisamente por tal razón ha rechazado al menos cinco ofertas de que los casos de sus clientes reciban carpetazo. "En general hemos decidido no aceptar en los casos por los que nos han contactado", reportó The Associated Press.
La semana pasada ICE dijo que de unos 175 mil casos revisados de los 300 mil anunciados por el gobierno, unos 16,500, equivalente al 7.5%, fueron suspendidos y los procesados podrán permanecer en Estados Unidos. Pero hasta ahora sólo 2,700 casos han sido en realidad suspendidos, dijo AP. En muchos de ellos, el proceso tiene pendiente el papeleo y la revisión de antecedentes, indicaron funcionarios migratorios.
Crece el desacuerdo
Organizaciones nacionales a favor de los inmigrantes, entre ellas la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHILA) y el Foro Nacional de Inmigración (NIF), reiteran que entre seis y siete de cada 10 expulsados por ICE en los últimos tres años no tenían antecedentes criminales que representaran una amenaza seria para la seguridad nacional.
El gobierno asegura que el porcentaje de delincuentes es superior al 60 por ciento.
Durante el anuncio de agosto del año pasado, ICE anunció la intención del gobierno de aplazar, por tiempo indefinido, la deportación de ciertos inmigrantes sin autorización para estar en el país, que tengan una orden de deportación vigente y que carezcan de antecedentes penales, quienes podrían tener la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo siempre y cuando cumplan con una serie de otros requisitos.
El gobierno también advirtió que la medida era discrecional, que afecta o impacta a aproximadamente 300 mil indocumentados en proceso de deportación y que cada caso será revisado minuciosamente por las Cortes de Inmigración.
La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) advirtió a la población indocumentada que la medida adoptada por el gobierno -y que afecta la política de deportaciones- no se trata de una “amnistía", y recomendó estar atentos a posibles estafas por parte de tramitadores o notarios que realizan gestiones no autorizadas.
Los posibles beneficiados
Morton, director de la agencia encargada de ejecutar las deportaciones, dijo en agosto del año pasado que el gobierno aplazaría por tiempo indefinido la deportación de ciertos inmigrantes sin autorización para estar en el país, que tengan una orden de deportación vigente y que carezcan de antecedentes penales, quienes podrían tener la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo siempre y cuando cumplan con una serie de otros requisitos.
Pero AILA apuntó que no existe una manera "segura" de calificar para ser beneficiario del anuncio hecho por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y que tampoco existe una garantía de que un caso será considerado por las autoridades para ser revisado.
Añadió que antes de dar un paso, los inmigrantes que crean que pueden acceder al beneficio deben primero consultar con un abogado autorizado con licencia para ejercer la ley de inmigración, y que por nada se pongan en contacto con las autoridades de inmigración, porque "pueden ser arrestados y puestos en proceso de deportación".
"Sólo un abogado de inmigración con licencia para ejercer puede evaluar su caso y brindarle un consejo legal adecuado, e informarle acerca de sus derechos", subrayó AILA.
En el caso de los notarios o tramitadores migratorios, AILA dijo que se debe "tener cuidado" y advirtió que el anuncio en el cambio de política sobre deportaciones se pueden generar situaciones de estafas y diversos otros tipos de fraudes notariales que afectan severamente a la comunidad inmigrante de Estados Unidos.
No es una "amnistía"
El anuncio del 18 de agosto "no se trata de un programa de amnistía, no otorga estatus legal de permanencia a ningún indocumentado y los extranjeros sin papeles no deben inscribirse en las oficinas del servicio de inmigración para calificar a algún tipo de beneficio", dijo AILA.
La Asociación reiteró además que el anuncio del ICE de agosto no proporciona ninguna vía para que los indocumentados presenten una solicitud de autorización de empleo (permiso de trabajo) ni tampoco representa una nueva forma para quedarse legalmente en Estados Unidos.
La medida solamente aplica o afecta a aquellos casos que ya están en el sistema (de las cortes de inmigración), tienen una orden de deportación, carecen de antecedentes criminales, no representan una amenaza para la seguridad nacional y que por el elevado número de casos existentes (unos 300 mil) obstruyen los procesos.
En cuanto a solicitudes para presentar un caso, AILA dijo que "no hay no hay ningún formulario" y tampoco “ninguna cuota que pagar”, y que el gobierno irá dando a conocer las formas en cómo se deberá proceder.
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