Piden al gobierno de Obama freno a deportaciones

Univision.com* | Apr 24, 2012 | 11:42 AM

Organizaciones reiteran que padres de familia e inmigrantes sin récord criminal no deben ser expulsados

La orden ejecutiva de revisar miles de casos de deportación no ha dado buenos resultados en California. De 22 mil expedientes inspeccionados por el departamento de Seguridad Nacional (DHS), sólo 218 fueron suspendidos y los beneficiarios podrán permanecer en Estados Unidos, cifra que para organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes es baja.
El programa piloto fue accionado por el gobierno federal el 18 de agosto del año pasado e involucró 300 mil expedientes que ejecutaba la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE).
El DHS anunció que tenía la intención de aplazar, por tiempo indefinido, la deportación de ciertos inmigrantes sin autorización para estar en el país, que tengan una orden de deportación vigente y que carezcan de antecedentes penales, quienes podrían tener la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo siempre y cuando cumplan con una serie de otros requisitos.
Advirtió que la medida era discrecional, que afectaba o impactaba a aproximadamente 300 mil indocumentados en proceso de deportación y que cada caso sería revisado minuciosamente por las Cortes de Inmigración.
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Resultados magros
Pero no todos en Los Angeles celebran los resultados conseguidos hasta ahora. El diario la Opinión dijo que grupos pro inmigrantes se unieron para pedir a las autoridades federales que cesen las deportaciones de personas sin récord criminal y que no representan un riesgo para el país.
Señalaron que en vista del alto número de casos no resueltos, crearon la Comisión por la Unidad Familiar, instancia que busca evitar que continúen las deportaciones de padres de familia que carecen de antecedentes criminales.
Sólo en el área de Los Angeles 218 personas se han visto favorecidas de 22 mil expedientes revisados. La cifra representa menos del 1%, indicaron.
Otros 31 mil casos faltan todavía por revisar y el plazo vence en julio.
"El resultado es que el 99% de los casos que han sido evaluados, la gran mayoría con méritos, están siendo denegados", dijo al diario Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA).
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el National Immigration Law Center (NILC), así como líderes religiosos se sumaron a la comisión.
Un entre muchos
La Opinión reportó que el caso de Blandina Pérez refleja las preocupaciones. El 7 de febrero de 2011 la inmígrante fue arrestada por la policía de Los Ángeles por vender helados en la calle y entregada a ICE para su deportación.
El caso fue revisado y rechazado. "Mi único delito es ser trabajadora, ser madre, ser ama de casa, ese es mi crimen", dijo la Pérez, madre de un niño de dos años de edad.
"Simplemente no están aplicando de manera razonable esa discreción judicial", explicó el abogado Joseph Huprich durante una conferencia de prensa celebrada en el Unity Park de Westlake.
Agregó que ICE no ofreció ninguna razón del por qué rechazaron el caso de Pérez.
No es una amnistía
Tras el anuncio de la revisión de 300 mil expedientes, en agosto del año pasado, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) advirtió a la población indocumentada que la medida adoptada por el gobierno -y que afecta la política de deportaciones- no se trataba de una “amnistía", y recomendó estar atentos a posibles estafas por parte de tramitadores o notarios que realizan gestiones no autorizadas.
John Morton, director de la Oficina de Aduanas y Control Frinterizo (ICE), la agencia encargada de ejecutar las deportaciones, dijo en esa oportunidad que el gobierno aplazaría por tiempo indefinido la deportación de ciertos inmigrantes sin autorización para estar en el país, que tengan una orden de deportación vigente y que carezcan de antecedentes penales, quienes podrían tener la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo siempre y cuando cumplan con una serie de otros requisitos.
El gobierno también advirtió que la medida era discrecional, afecta o impacta a aproximadamente 300 mil indocumentados en proceso de deportación y que cada caso será revisado minuciosamente por las Cortes de Inmigración.
Pero AILA apuntó que no existe una manera "segura" de calificar para ser beneficiario del anuncio hecho por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y que tampoco existe una garantía de que un caso será considerado por las autoridades para ser revisado.
Consulte un abogado
AILA añadió que antes de dar un paso, los inmigrantes que crean que pueden acceder al beneficio deben primero consultar con un abogado autorizado con licencia para ejercer la ley de inmigración, y que por nada se pongan en contacto con las autoridades de inmigración, porque "pueden ser arrestados y puestos en proceso de deportación".
"Sólo un abogado de inmigración con licencia para ejercer puede evaluar su caso y brindarle un consejo legal adecuado, e informarle acerca de sus derechos", subrayó AILA.
En el caso de los notarios o tramitadores migratorios, AILA dijo que se debe "tener cuidado" y advirtió que el anuncio en el cambio de política sobre deportaciones se pueden generar situaciones de estafas y diversos otros tipos de fraudes notariales que afectan severamente a la comunidad inmigrante de Estados Unidos.
En Estados Unidos viven alrededor de 11 millones de indocumentados, según datos del DHS y del Pew Hispanic Center (un grupo de Washington que estudia los movimientos migratorios). Unos 300 mil de ellos, que tienen órdenes de deportación reunirían los requisitos para que una corte de inmigración revise sus casos.
La medida del 18 de agosto solamente aplica o afecta a aquellos casos que ya están en el sistema (de las cortes de inmigración), tienen una orden de deportación, carecen de antecedentes criminales, no representan una amenaza para la seguridad nacional y que por el elevado número de casos existentes (unos 300 mil) obstruyen los procesos.
En cuanto a solicitudes para presentar un caso, AILA dijo que "no hay no hay ningún formulario" y tampoco “ninguna cuota que pagar”, y que el gobierno irá dando a conocer las formas en cómo se deberá proceder.
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