Crece expectativa por fallo sobre la ley SB 1070 de Arizona

Univision.com* | Apr 23, 2012 | 11:02 AM

Dictamen de la Corte Suprema decidirá el futuro inmediato de los millones de indocumentados en EU

Millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos aguardan impacientes el fallo que la Corte Suprema de Justicia emitirá durante el verano sobre la polémica Ley SB1070 de Arizona que, entre otras medidas, criminalizó la estadía indocumentada y otorgó poderes especiales a las policías locales (estatal y municipal) para indagar el estado migratorio de individuos arrestados bajo cualquier otra ley vigente en el estado.
Este miércoles 25 el máximo tribunal de justicia del país escuchará los argumentos a favor y en contra de la polémica ley e iniciará el estudio para finalmente determinar si los estados pueden aprobar y poner en vigor leyes de inmigración, un tema que el Departamento de Justicia argumenta que por ley sólo le compete al gobierno federal.
"La ley de Arizona promueve la discriminación basándose solamente en la apariencia física de una persona, sin importar que sean ciudadanos estadounidenses", dijo Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de la Raza (NCLR).
Murguía añadió que este tipo de regulaciones promueve el perfil racial en contra de todos los hispanos en Estados Unidos sin importar que sus familias hayan vivido por generaciones en el país, se lee en un reporte de la Agencia Española de Noticias (EFE).
"Todos se convierten en sospechosos, no hay manera de determinar con solamente mirar a una persona si es un indocumentado o no", enfatizó la presidenta de la principal organización hispana de Estados Unidos.
Añadió que los latinos y las personas de color pagarán el precio por este tipo de legislaciones "equivocadas", que sólo incrementan el perfil racial.
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La fecha del fallo
A mediados de diciembre del año pasado la Corte Suprema de Justicia anunció que examinará la polémica y controversial ley SB 1070, cuyas partes más controversiales se encuentran suspendidas por una corte federal.
El estado de Arizona (fronterizo con México) recurrió las impugnaciones del departamento de Justicia contra su ley y elevó la queja al máximo tribunal de justicia del país, que examina la constitucionalidad de la norma.
La Corte dijo que emitiría una sentencia el 25 de abril, durante la actual sesión judicial que termina en junio de 2012.
La ley migratoria SB 1070 fue promulgada el 23 de abril de 2010 y rápidamente provocó polémica porque exigía, por primera vez en la historia de Estados Unidos, que la policía estatal detuviera a las personas sospechosas de no tener los papeles en regla.
El gobierno federal rápidamente apeló la norma, que luego fue imitada por Carolina del Sur, Georgia, Utah y Alabama. Este último Estado aprobó una ley aún más severa dura que en primera instancia negaba el acceso al agua y electricidad a aquellas personas que no puedan certificar que se encuentran legalmente en el país.
La HB 56 de Alabama también obliga a las escuelas públicas a verificar el estado migratorio de alumnos nuevos y sus padres, aunque esta parte de la legislación se encuentra temporalmente bloqueada por una corte federal.
Qué dice el gobierno
Los asuntos migratorios son prerrogativa federal en Estados Unidos, pero los defensores de esas leyes -entre ellos el gobierno del Presidente Barack Obama- argumentan que los Estados no tienen derecho a detener a los indocumentados en su territorio para luego traspasarlos a las agencias encargadas de su deportación.
La proliferación de normas de control de la migración en todo el país viene amenazando con provocar una explosión de casos de deportación y un caos legislativo, advierten los expertos.
La juez Elena Kagan, el último magistrado en integrar la Corte tras prestar juramento en agosto de 2010, decidió abstenerse a la hora de aceptar a trámite la ley SB 1070, según un comunicado de la Corte emitido la segunda semana de diciembre, cuando el tribunal anunció que revisaría la medida.
Kagan, una jueza de tendencia progresista, fue abogada del gobierno federal ante la Corte hasta su nominación por parte del presidente Barack Obama.
Su autorecusación hace presagiar que podría abstenerse también a la hora de debatir el fondo de la ley, lo que deja a los progresistas en minoría en el seno de la Corte.
La decisión del máximo tribunal de justicia es aguardado con ansias tanto por el gobierno de Obama, el estado de Arizona y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, entre otros.
Entre las medidas a ser revisadas se incluye una que fue promulgada en 2010 que otorga poderes extraordinarios a las policías para interrogar a individuos detenidos bajo cualquier otra ley vigente en el estado sobre su estatus migratorio.
Clima de nervios
El fallo de la Corte Suprema impactará en la SB 1070, la primera en su tipo que criminalizó la estadía indocumentada en Estados Unidos, un acto que en el resto de los estados, excepto Alabama, sigue siendo una falta de carácter civil no penal.
El gobierno de Obama libra una intensa batalla legal ante leyes como las de Arizona. Georgia, Texas, Alabama, Utah y Carolina del Sur le han seguido los pasos al sureño estado en el afán por controlar la inmigración indocumentada.
Arizona había solicitado a la Corte Suprema que le permitiera al estado comenzar a aplicar las medidas de su ley de inmigración bloqueadas en tribunales de menor instancia a pedido de Washington.
Un día antes de su entrada en vigor, el 28 de julio de 2010, una Corte Federal dejó en suspendo partes polémicas de la SB 1070, entre ellas una que ordena a la policía, a la vez que cumple con otras leyes, que interrogue a las personas sobre el estado migratorio si sospecha que están en el país ilegalmente.
El gobierno federal sostiene que la regulación de la inmigración es un trabajo que corresponde al gobierno federal y no de los estados. Pero Arizona argumenta que el gobierno federal no está haciendo lo suficiente para enfrentar el problema de la inmigración indocumentada, y que los estados fronterizos son los que sufren desproporcionadamente.
Suspensión temporal
Además de bloquear el poder extraordinario a las policías para detener a individuos si tiene duda razonable que se trata de indocumentados, la jueza federal Susan Bolton ordenó en 2010 la suspensión temporal de una parte de la ley que obliga a los inmigrantes a portar sus documentos en todo momento y que hacia ilegal que los trabajadores indocumentados solicitaran trabajo en lugares públicos.
Bolton declaró que esas partes deben ser dejadas en suspenso hasta que los tribunales resuelvan los problemas que conllevan.
La ley de Arizona fue promulgada el 23 de abril de 2010 por la gobernadora Jan Brewer y desató una fuerte polémica nacional. El 30 de abril, una semana después, Brewer firmó una segunda ley para agregar enmiendas al plan original, una de ellas para quitarle a las policías el derecho de detener individuos por sospecha razonable de estar indocumentados en el estado, y permitirles solo requerir documentos si son detenidos bajo cualquier otra ley vigente en Arizona.
Con estos cambios Brewer eliminó la posibilidad de que las policías usaran el perfil racial como motivo para detener a un individuo. Sin embargo, Pero mantuvo que las personas sí pueden identificarse ante la policía con una licencia de conducir del Estado de Arizona, con una licencia de conducir válida de cualquier otro estado, con una identificación como miembro de una tribu reconocida en el Estado o cualquier otro documento de identificación válido.
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