Conflictos sociales por minería en Perú
La minería, motor de la economía de Perú, ha disparado paradójicamente la mayoría de los conflictos sociales que se concentran en zonas en general pobres, como en Cajamarca (norte), donde se convocó una huelga en rechazo a la minería por su impacto ambiental.
En la base de esos conflictos está el acceso al agua, que opone a poblaciones campesinas y a empresas mineras, lo que ha provocado fricciones que son el mayor dolor de cabeza del presidente Ollanta Humala, un ex militar nacionalista de izquierda que asumió el poder en julio.
Ante el escalamiento de los problemas, la Defensoría del Pueblo urgió a las comunidades, empresas y al gobierno a "evitar tensiones que pongan en riesgo la integridad y la vida de las personas".
Actualmente, el conflicto más serio se ubica en Cajamarca, lugar en que la minera Yanacocha -que explota la mina de oro más grande de Sudamérica-, propiedad del gigante estadounidense Newmont, prevé realizar el proyecto Conga con una inversión de 4.800 millones de dólares para extraer oro y cobre.
Ese proyecto es rechazado por el Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, cuyo presidente, Wilfredo Saavedra, dijo a la AFP que la población cajamarquina se opone "tajantemente" a su ejecución.
El Frente, que agrupa a organizaciones sociales de la región, anunció una huelga regional por tiempo indefinido a partir del 24 de noviembre, con cierre de comercios y marchas de protesta.
Las autoridades de Cajamarca también se oponen al proyecto minero Conga porque para extraer el oro, tendrían que vaciar la laguna, afectando considerablemente el ecosistema.
Las autoridades apoyan el paro indefinido de los pobladores e hicieron un llamado al presidente peruano, Ollanta Humala a que visite la zona y entablar un diálogo.
El presidente de la región Cajamarca, Gregorio Santos, anotó que Humala "ha sido secuestrado por los grupos de poder".
Los pobladores resguardan la laguna para evitar que se ponga en marcha el proyecto de la minera Yanacocha.
El proyecto Conga contempla secar cuatro lagunas ubicadas en cabeceras de cuenca en zonas altas de la región y ejecutar el trasvase de aguas a cuatro reservorios que construiría, con lo que se garantizaría el agua a las poblaciones de la zona.
Yanacocha señala que el estudio de impacto ambiental fue aprobado hace un año por el anterior gobierno de derecha de Alan García, cumpliendo los requisitos internacionales de protección del medio ambiente.
Empero, las poblaciones de la zona señalan que, al desaparecer las lagunas, perderían filtraciones de agua que utilizan en sus faenas agrícolas y ganaderas, principal fuente de trabajo de ellos.
El ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera, sostuvo el lunes que el tema ambiental "es perfectible, pero no encontramos una sorpresa negativa enorme" en Conga, por lo que "la percepción es que no tiene dificultades"
Los conflictos se producen pese a que la minería generó en 2010 ingresos por 15.000 millones de dólares a Perú y en 2011 las exportaciones de minerales superarán los $20,500 millones, de acuerdo con estimaciones oficiales.
Las fricciones entre comunidades y empresas mineras han ido en aumento en los últimos años.
El 10 de este mes unas 30 personas resultaron heridas en choques con la policía en la Apurímac (sudeste), donde la población se movilizó para pedir que las provincias de Andahuaylas y Chincheros sean declaradas libres de minería.
En la surandina Puno, el gobierno saliente de García suspendió en junio un proyecto minero canadiense ante protestas y bloqueo de rutas, mientras que en Ancash (norte), poblaciones campesinas exigen a la cuprífera Antamina disminuir la contaminación y entregar más fondos a poblaciones afectadas para obras sociales.