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Incendio en Honduras no fue intencional, dijo fiscal

Confirman que sobrevivieron 471 reos a incendio en penal de Honduras

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- The Associated Press

Incendio en mercados de Honduras

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Familiares siguen a la espera de sus muertos en cárcel incendiada en Honduras

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Honduras nuevo incendio

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HONDURAS, Tegucigalpa - El incendio que se registró hace más de una semana en una cárcel del centro de Honduras y que causó la muerte de al menos 359 personas "fue un acto meramente accidental y no inducido por mano criminal", afirmó el fiscal general del Estado, Luis Rubí. Sin embargo poco después declaro que el descuido de un preso, que se durmió mientras fumaba, podría ser la causa del incendio.

"Esa hipótesis (del reo que fumaba) es la predominante en este momento, según las numerosas declaraciones de los testigos", afirmó el fiscal general de la república, Luis Alberto Rubí, sobre las causas del incendio ocurrido el miércoles de la semana pasada.

"Pero aún no precisamos cual de los prisioneros fumaba y se durmió. El cigarrillo habría caído al colchón, que se incendió y causó la tragedia", añadió.

El funcionario indicó que la versión es respaldada por seis expertos del buró de Bebidas Alcohólicas, Armas de Fuego y Tabaco de Estados Unidos (ATF, en inglés), que investigan el caso.

El asunto es de gran relevancia considerando el malestar que prevalece entre los más de 500 parientes de las víctimas que presionan al gobierno para aclarar la situación y que han protagonizado dos disturbios en seis días.

Descartan cortocircuito y heridas de bala

El alto funcionario hondureño dijo que, según la información preliminar que ha recibido hasta este martes, se descarta que el siniestro se haya producido por un cortocircuito o el uso de gasolina, como extraoficialmente ha trascendido en algunos medios locales que citan a presuntos reos prófugos no identificados.

En una entrevista con la televisión local, el fiscal General indicó que ninguna de las más de 200 autopsias practicadas hasta este martes reveló heridas de bala en las víctimas, lo que contraría otras versiones recogidas por la prensa local según las cuales guardias de la Granja Penal de Comayagua habrían disparado contra los reos durante el siniestro.

"Todo indica, hasta este momento de las investigaciones realizadas, que no se ha podido determinar que han existido actos dolosos encaminados a decir que (el incendio) se produjo como consecuencia de un acto criminal", subrayó Rubí en declaraciones al Canal 5 de la cadena Televicentro.

Señaló que esas primeras conclusiones se desprenden de la investigación que realizan el Ministerio Público de Honduras y un grupo de expertos de la Agencia de Estados Unidos de Tabaco, Armas y Explosivos (ATF, por su sigla en inglés), que llegó al país centroamericano dos días después del siniestro por pedido del Gobierno del presidente Porfirio Lobo.

"Se descarta también (que el incendio sea) el producto de combustible o de otra sustancia inflamable. Eso prácticamente está descartado. Estamos a la espera de los informes para que realmente tengamos una versión exacta de qué fue lo que sucedió", aseguró el fiscal hondureño.

Añadió que según los informes técnicos, el siniestro fue "de tanta intensidad, que en cinco a diez minutos prácticamente se produjo el desastre".

La temperatura en la zona del penal afectada por las llamas llegó a estar por "arriba de los 2.000 grados" centígrados, destacó el alto funcionario judicial.

"Esa tragedia dio lugar a que tantas víctimas fallecieran en una forma tan rápida", acotó.

Preparan Informe

El informe completo de la peor tragedia que registra la historia del deficiente sistema penitenciario de Honduras estará listo en unos quince días, según Rubí.

El incendio de la prisión de Comayagua, ubicada a unos 80 kilómetros de Tegucigalpa, se registró entre la medianoche del martes y la madrugada del miércoles pasados.

Centenares de familiares de las víctimas permanecen en las afueras de la sede de Medicina Forense, en la capital hondureña, a la espera de que le sean entregados los restos de sus parientes, en medio de ambiente de impotencia debido a la lentitud del proceso de identificación.

Unos 25 forenses de Honduras, Chile, El Salvador, Guatemala, México y Perú trabajan en la identificación de los cuerpos, algunos tan calcinados que se recurrirá a pruebas de ADN, según la información oficial.

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