Juicio en Chile a 8 personas por fallida alerta de tsunami

Juicio podría extenderse

SANTIAGO DE CHILE -  La justicia chilena inició un juicio contra ocho personas, entre ellos el exsubsecretario del Interior Patricio Rosende y la exdirectora de la Oficina Nacional de Emergencia Carmen Fernández, por la fallida alerta de tsunami que el 27 de febrero del 2010 causó 156 muertos y 25 desaparecidos.

El VII Juzgado de Garantía de Santiago abrió la audiencia de formalización (imputación) de los implicados, a quienes la fiscal Solange Huerta acusa de no haber alertado a la población sobre el tsunami que se originó tras el terremoto de 8.8 grados ocurrido esa madrugada en el país austral.

Fuentes de la Fiscalía dijeron que la audiencia podría prolongarse durante tres días, mientras los abogados de las familias de las víctimas anunciaron que pedirán prisión preventiva para los imputados.

Además de Rosende y Fernández, entre los imputados hay también otros antiguos cargos de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) y oficiales del Servicio Hidrográfico y Oceonográfico de la Armada (SHOA).

Entre las primeras conclusiones presentadas al tribunal, Huerta destacó la descoordinación que, según su investigación hubo entre la Onemi y el SHOA, que emitió una alerta de tsunami que no llegó a ser comunicada a la población y que poco después retiró.

La fiscal acusa directamente a Rosende de descartar la alerta de maremoto pese a que servicios internacionales, como el Pacific Warning Centre de Estados Unidos alertaron sobre un “tsunami destructivo”.

Según la fiscal, a raíz de todas esas descoordinaciones ocurrieron muertes que pudieron haber sido evitadas.

Antes de la audiencia, Patricio Rosende y Carmen Fernández se mostraron convencidos de su inocencia ante los periodistas.

El entonces subsecretario del Interior dijo sentirse con la conciencia “muy tranquila”, aclaró que esa madrugada estuvo “donde tenía que estar” y actuó según la información que manejaba.

Se defienden

“Tengo la conciencia muy tranquila de haber hecho todo lo que estuvo a mi alcance para evitar y mitigar los efectos de una catástrofe”, se defendió.

En tanto, Carmen Fernández señaló que acudía al tribunal para “escuchar exactamente qué es lo que se me imputa”.

“Como lo he dicho mil veces, aquella noche concurrí responsablemente a cumplir con mi deber de directora de la Onemi y ahora vengo aquí a escuchar lo que se me imputa y a demostrar mi verdad”, avisó.

En el 2010, se dio a conocer un vídeo grabado en las dependencias de la Onemi en el que se refleja la descoordinación que se registró en las horas posteriores al terremoto entre las autoridades, incluida la entonces presidenta, Michelle Bachelet, y los mandos militares.

La entonces mandataria pidió un helicóptero para viajar a las zonas más afectadas y la Fuerza Aérea tardó cinco horas en proporcionarle uno.

La fiscal Huerta subrayó que a Bachelet “no se le entregó información respecto de lo que estaba pasando”, recordando que la exmandataria dio declaraciones dos horas después del terremoto sin mencionar el tsunami porque no había recibido ninguna información.

Raúl Meza, abogado de una de las familias querellantes anunció que pedirá al tribunal que declare la incompetencia de la fiscal Huerta para seguir investigando, por haber rechazado seis veces que Bachelet declarara como imputada.

En ese seísmo, el sexto de mayor magnitud registrado en la historia mundial, fallecieron en total 524 personas, hubo 800,000 damnificados y daños materiales por $30,000 millones.