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Policías en Argentina no dan su brazo a torcer
Ni fu ni fa
El analista subraya el hecho de que la protesta ha sacudido precisamente a dos de las fuerzas de seguridad más cuidadas por el kirchnerismo, en especial Gendarmería, sometida al código de justicia militar, que contaba con 18.000 efectivos en 2003, cuando asumió la presidencia Néstor Kirchner, fallecido en 2010, y actualmente tiene unos 30.000.
"Es extraño y es un despropósito que el Gobierno no haya previsto la tensión que estaba generando en el seno de estas dos fuerzas por la arbitrariedad salarial que se venía incubando desde hace años", apuntaba hoy Fernando González en el diario "El Cronista".
También para el analista Fernando Roa "el Gobierno había previsto la quita salarial pero no la reacción de prefectos y gendarmes".
Entretanto, aumentan las voces que plantean la renuncia de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y piden que se acelere la respuesta del Gobierno.
"Esto es un reclamo meramente salarial, no político. Es un desbarajuste salarial imperdonable, han jugado con lo más sagrado, con la salud, con la vida de nuestros hijos, porque la ministra Garré su función la lleva a base de nuestros maridos, que los llevan y los traen y no le importa nada", denunciaba Sonia, esposa de un gendarme con 30 años de servicio.
"Garré tendría que haber renunciado porque la responsabilidad es de ella", opinó hoy el ex vicepresidente Julio Cobos en declaraciones a una cadena de radio.
A su juicio, es necesario "recomponer la cadena de mando" en las fuerzas de seguridad y "encontrar un mecanismo de diálogo" de las bases con sus superiores.
En la misma línea se pronunció el peronista disidente Francisco de Narváez, para quien "parece que hay un desprecio por las fuerzas de seguridad, la ministra Garré y el secretario Berni han fracasado y deben renunciar".
Entretanto, gendarmes y prefectos parecen dispuestos a continuar la protesta hasta conseguir garantías del Gobierno de que el salario mínimo no bajará de 7.000 pesos (unos 1.100 euros) en nómina y que no habrá represalias para los participantes en la movilización.
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