Aumenta a 50 el número de víctimas mortales por accidente ferroviario en Argentina

Presidenta argentina canceló actividades


La presidenta Cristina Fernández canceló todas sus actividades previstas para este miércoles a causa del accidente, que ha puesto nuevamente en primer plano la deficiencia del transporte público y la falta de seguridad para los millones de personas que diariamente utilizan el ferrocarril.

En febrero de 2011 cuatro personas murieron cuando una formación del ferrocarril embistió a otra detenida en la estación de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires.

En septiembre, también del año pasado, 11 personas perdieron la vida y más de 200 resultaron heridas como consecuencia del impacto de un tren contra un autobús de pasajeros en la estación de Flores, en la ciudad de Buenos Aires.

Dos meses después un tren atropelló un autobús escolar, mató a ocho personas y dejó 35 heridos en la provincia de San Luis.

El sistema ferroviario está mayormente privatizado y recibe millonarios subsidios del Estado pese a lo cual el servicio es deficiente e inseguro.

Las empresas concesionarias argumentan que las bajas tarifas --entre las más baratas de América Latina-- no permiten cumplir con las inversiones necesarias para mejorar el servicio.

Según TBA, la mayor parte del dinero que ingresa por venta de boletos se destina al pago de los salarios de sus 4.400 empleados. Los costos de mantenimiento, energía eléctrica, combustible, repuestos y seguros se pagan con los fondos provenientes del Estado.

Sindicatos y dirigentes políticos denuncian que las compañías en realidad priorizan sus ganancias y que el Estado no las controla como se debe.

"Venimos denunciando desde hace tiempo sobre el nivel de desinversión y los trabajadores todos los días tienen que poner los trenes en condiciones para poder salir... Hay algunos trenes que datan de la década del 60", aseguró Horacio Caminos, portavoz del sindicato de conductores de trenes.

"La sucesión de accidentes de trenes duele y expone la realidad de un Estado incapaz de controlar y actuar en resguardo de los usuarios", expresó Ricardo Alfonsín, uno de los líderes de la opositora Unión Cívica Radical (UCR), a través de su cuenta de Twitter.

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